Empero, el problema no es nuevo y se convirtió en un berenjenal a finales de 2004. El Tribunal Unitario Agrario acordó, el martes 16 de noviembre de dicho año, que el Ayuntamiento de Cuernavaca devolviera las tres hectáreas de la parcela escolar del Ejido de Acapantzingo, otrora estacionamiento de la Feria Cuernavaca, a su legítimo dueño: el núcleo agrario, luego de que el Primer Tribunal Colegiado declaró nulo el contrato de compra-venta mediante el cual y en su momento el entonces presidente municipal, José Raúl Hernández Avila (periodo 2000-2003), pagó por ese predio 9 millones de pesos del erario municipal dizque para ser utilizado como estacionamiento para el recinto de la Feria Cuernavaca. Quien esto escribe, a mediados de noviembre de 2004, entrevistó al tesorero del Ayuntamiento, Orlando Pacheco Aguilar (ocupó el mismo cargo con Hernández Avila), quien negó ese pago a pesar de que todos los funcionarios del Ayuntamiento tuvieron conocimiento sobre la forma en que dos regidores, concretamente Paulino Villalobos Olvera y Carlos Ortega Villaseñor, repartieron el dinero entre los ejidatarios de Acapantzingo, cuyo silencio al respecto siempre despertó la curiosidad de mucha gente. Al buen entendedor, pocas palabras. El berenjenal funcionó (¿funciona?) óptimamente para enriquecer a unos cuantos.

De acuerdo al resolutivo que dentro del expediente número 68/2002 dictó la magistrada presidenta de TUA, Ramona Garibay Arroyo, a las 10:30 horas del martes 16 de noviembre de 2004 las autoridades de la comuna capitalina debieron hacer la entrega física y de manera voluntaria del predio conocido como “El Salado” a los ejidatarios de Acapantzingo, sin que esto significara la devolución de los nueve millones de pesos con que se indemnizó a los afectados, entre ellos quien fuera el presidente de Bienes Comunales que de manera ilegal autorizó la venta y posterior regidor en el gobierno municipal de Hernández Ávila, Paulino Villalobos Olvera. Sin embargo, dicho acto de autoridad no se concretó (estamos ubicados a mediados de 2004) por el desacato del Ayuntamiento que presidía Adrián Rivera Pérez, quien instruyó a su síndico procurador, Gilberto González Pacheco, a interponer un amparo en contra de la decisión judicial.
Con aquel acto de autoridad hubieran concluido dos años de litigio que provocó al menos que en dos ocasiones fueran cerrados los accesos al recinto ferial: el 1 de abril de 2003 y el 29 de enero de 2004, y todo por un costosísimo inmueble que pagaron los contribuyentes cuernavacenses, pues la administración de José Raúl Hernández Avila desembolsó 14 millones de pesos por otras 98 hectáreas del ejido que ya no ocuparía más el gobierno capitalino para la realización de la Feria Cuernavaca. Fue la Danza de los Millones por aquella época. Incluso ello provocó el rechazo de los ejidatarios para integrarse al Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos, no obstante la insistencia del entonces delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, y del ya citado Hernández Ávila, puesto que de esa manera todos aquellos que vendieron estarían en aptitud de ceder sus derechos parcelarios al Ayuntamiento de Cuernavaca y recibir otro pago igual pendiente de ser cubierto.

El ex alcalde José Raúl Hernández Avila, entrevistado en aquel tiempo durante una conferencia de prensa del PAN estatal, se hizo bolas cuando intentó explicar la aplicación de dichas cifras millonarias, y terminó pasando la papa caliente a su relevo. Por su lado, Gilberto González Pacheco negó la pérdida de los 9 millones y anunció posibles negociaciones con los ejidatarios sobre la utilización de la parcela escolar (terreno utilizado como estacionamiento del recinto ferial) e insistió en que existía un contrato de arrendamiento. “No hay ninguna pérdida del dinero, porque el terreno siempre fue de los ejidatarios, y ahora se tendrán que entablar los acuerdos anticipadamente respecto a la realización de la feria o no en ese lugar”, agregó. Aquello fue la aceptación tácita sobre el despilfarro.
Mientras, el Tribunal Agrario determinó resolver a favor del grupo de comuneros, y el ayuntamiento se escudó en el amparo 318/2003 que los mismos quejosos interpusieron a finales del mes de marzo de 2004 ante el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito contra actos del ayuntamiento al pretender el asfaltado del predio. Por otra parte, la bancada perredista del ayuntamiento de Cuernavaca demandó a la Tesorería municipal toda la información referente a la compra-venta de la parcela escolar a los ejidatarios de Acapantzingo a fin de establecer responsabilidades administrativas y hasta penales contra los ex regidores que negociaron el contrato, además de auditar el corte de caja de abril de 2002, ya que los nueve millones de pesos pagados por el predio “desaparecieron” del activo mensual. Sin embargo, Orlando Pacheco Aguilar, como era su costumbre, negó todo tipo de información. La situación jurídica del Recinto Ferial, como era de esperarse, sigue actualmente en la total indefinición, mientras se extienden la impunidad y el olvido. Y a río revuelto, ganancia de ejidatarios. En fin.

La impunidad también prevalecerá en torno a la 51 Legislatura local. En diciembre de 2011 se autoasignó 360 millones de pesos como presupuesto para 2012 (los legisladores locales querían 420 millones), de los cuales quedan en la tesorería del Congreso no más de 75 milloncitos. Y ya surgió el primer tránsfuga: Joaquín Carpintero Salazar abandonó al Movimiento Ciudadano para pasarse de lleno a la bancada del PRD. Por su lado, Teresa Domínguez Rivera, diputada del PRD por el IV distrito de Cuernavaca Sur, está siendo hostigada (¿extorsionada?) por Silvestre Mendoza Villalobos y la regidora Manuela Sánchez, quienes pretenden (según se dice en Radio Pasillo) un millón de pesos, o de lo contrario “te haremos la vida de cuadritos”. ¿Lo creemos?