Hasta el momento de redactar la presente columna, tal ofrecimiento no había sido cristalizado, mientras a nivel nacional trascendió ayer nueva información relacionada con esos llamados internacionales. Pero antes de continuar es importante subrayar que cuando desde el extranjero se difunden noticias negativas sobre Cuernavaca, la referencia es para todo Morelos en general. Lo anterior es simple, estimados lectores. Durante décadas nuestra capital formó parte de paquetes manejados por operadores turísticos de carácter mundial, amén de la fama que la “Ciudad de la Eterna Primavera” adquirió con la presencia y residencia de personajes afamados en distintas disciplinas.
Es así como la ciudadanía morelense, sin excepciones, debería interesarse y preocuparse por la permanencia de nuestra capital entre las ciudades más violentas del país, por ejemplo en las mentadas alertas de viaje cuyos textos sitúan la problemática local al parejo de los hechos violentos que sufren a diario comunidades enteras en otras regiones realmente azotadas por el crimen organizado y donde los enfrentamientos violentos suceden en cada esquina. Si bien es cierto que esta entidad federativa tiene lo suyo, también es verdad que la situación difiere aquí. Lo anterior no significa que quien esto escribe subestime lo ocurrido –también a diario- en los puntos criminógenos de Cuernavaca y la zona metropolitana, sumándose la problemática de Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. Para nada. La región exige acciones de mayor trascendencia e impacto por parte de los tres niveles de gobierno respecto a la prevención del delito.
Tras la intensa lucha desplegada durante el bienio 2010-2011 por el gobierno federal en contra de las bandas dedicadas al narcomenudeo se tapó este hoyo delincuencial, pero se abrieron otros a favor de hampones comunes. Las células criminales de ambos bandos (delincuencia organizada y común), al estar dispersas o atomizadas por todos lados, necesitan recursos (dinero, armas y vehículos). Y la altísima incidencia de los delitos patrimoniales tiene estrecha vinculación con lo anterior. El asalto a mano armada y el robo de vehículos es la constante en dichas localidades. Desde el año pasado traemos encima la problemática delictiva, pero también la reacción de varios países. Dos decenas de entidades federativas, incluida la nuestra, son consideradas todavía zonas de riesgo para extranjeros. Así, 65 por ciento del territorio nacional forma parte de las listas sobre áreas de inseguridad elaboradas por los gobiernos de Australia, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, España y Alemania en el último año, aunque son diez entidades las que aparecen invariablemente en la relación de zonas peligrosas: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Morelos.
Es así como llegamos a la víspera, cuando José Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), declaró que “las actividades del crimen organizado y sus consecuencias en la economía, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos son ya palpables”. Agregó: “La repercusión del delito en el bienestar y la cohesión social de los mexicanos es palpable, pero también lo son sus consecuencias sobre el crecimiento económico y la competitividad, no sólo es una cuestión ética o moral o inclusive de seguridad física. Esto tiene un impacto económico, tiene un impacto en el crecimiento, en las exportaciones, en el desarrollo, tiene un impacto en el empleo, tiene un impacto en la calidad de vida”, aseguró durante su participación en la presentación del informe Seguridad, Justicia Penal y Competitividad, elaborado por la OCDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Por su parte, la Secretaría de Turismo (Sectur) reconoció que las alertas de seguridad que emiten otros países para que sus ciudadanos no viajen a ciertos destinos de México en los que ha aumentado la violencia sí afectan al sector, pues han logrado inhibir a los viajeros. Así lo revela un documento enviado por la Secretaría al Senado de la República, en el que se advierte que el problema no sólo tiene como consecuencia el deterioro de la imagen del país, sino que incluso afecta los ingresos del erario, ya que ha caído la recaudación por el cobro de impuestos a visitantes extranjeros. A las anteriores informaciones debe agregarse otra, de suma importancia. El análisis “Promoción de México como Destino Turístico”, elaborado por el ITAM y el Centro de Estudios de Competitividad, advierte que la baja recaudación significa una disminución de recursos para el Consejo de Promoción Turística de México y, a su vez, una menor campaña publicitaria de México como destino turístico. La evaluación advierte que también representa una amenaza para el país el mayor presupuesto para la inversión y promoción en publicidad que tienen destinos turísticos de otros países.
Como pudieron ustedes apreciar, amables lectores, la situación está para llorar. Anteayer platiqué con un conocido empresario restaurantero cuyo negocio se ubica en el centro histórico de Cuernavaca. Me comentó que el actual “puente de muertos” ofrecía a los turisteros una alta afluencia de paseantes nacionales y extranjeros, que nunca llegó. En lo tocante al restaurante referido la actividad se le cayó casi un 50 por ciento; y así sucedió con todo el sector en dicha zona cuernavaquense. La problemática puede interpretarse así: la mala fama de Cuernavaca en lo particular, y la de Morelos en lo general, provoca que el turismo no venga más a esta entidad; y cuando lo hace se trata de quienes poseen casas finsemaneras. Sus propietarios arriban a Cuernavaca, de inmediato entran a las tiendas de autoservicio a comprar víveres, regresan a sus inmuebles y se encierran entre cuatro paredes por temor a ser víctimas de la delincuencia. Pero eso sí, anteayer trascendió la remodelación de la oficina del gobernador en Palacio de Gobierno, donde la Secretaría de Administración a cargo de Carlos Riva Palacio Than empleó alrededor de 10 millones de pesos para, entre otras cosas, colocar vidrios con blindaje 9 en los balcones que dan a la Plaza de Armas dizque porque así lo sugiere un protocolo de seguridad emitido por la Secretaría de Gobernación federal para proteger la integridad física de los gobernadores mexicanos. Empero, la decisión no tiene relación con el temor a un atentado o porque así lo indique la Segob. Significa que la actual administración dispone de cuantiosos recursos.
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Hey
Desde que Graco militaba en la oposición -allá por los 70-, tenía… Compartelo!