La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) salió apresuradamente a desmentir versiones que circularon en redes sociales y medios informativos formales, respecto a presuntos cobros a damnificados por el sismo, en el desarrollo de los trabajos de demolición de aquellos inmuebles que resultaron dañados en su totalidad por el terremoto.

Bueno, ni siquiera se dio aviso al restaurante en el que se llevó a cabo la rueda de prensa, a pesar de que la concurrencia de medios sería masiva, dado el interés que priva sobre el tema y de manera casi improvisada se montó el escenario para el acto. Pero llamó igualmente la atención el hecho de que, siendo una dependencia federal, se llevara a cabo en un espacio en el que más bien aparecen toda clase de rostros y movimientos de oposición al sistema de gobierno.

Marcos Ibarra, coordinador de delegaciones de la Sedatu, y el alcalde de Jojutla Alfonso Sotelo Martínez fueron los principales voceros del asunto, que lógicamente se basó en negar cualquier acción que tenga que ver con ese tipo de abusos y dejando constancia de que todos los programas que presta la dependencia, en torno al tema de los damnificados, son gratuitos.

Desde hace un buen rato se ha venido especulando, respecto a acciones que parecieran no corresponder al espíritu de apoyo gratuito de las instituciones oficiales a quienes sufrieron graves consecuencias por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Tampoco se puede descartar que se trate de grupos antagónicos a las autoridades, que apoyándose en la facilidad que ofrecen hoy día las redes sociales, busquen desacreditar el trabajo oficial, sin embargo añejas experiencias dan fe de casos terribles en el pasado.

La falta de credibilidad gubernamental hace que cualquier señalamiento en contra de esas instituciones, por descabellado que sea, se asuma como una verdad pública y eso está pasando en relación a todo lo que se hace a fin de ayudar a la gente damnificada. Lamentablemente hemos perdido no sólo la confianza y credibilidad a quienes nos gobiernan, sino también el respeto, por tantas decepciones acumuladas a lo largo del tiempo.

No hay muestras claras de que los recursos destinados y recibidos a manera de aportaciones voluntarias para apoyar la recuperación sean mal manejados, pero la mayor parte de la sociedad en su conjunto tiene la certeza de que todo eso se viene manejando de forma mañosa para sacarle ventajas en dos sentidos: primero, convertir el desafortunado suceso en una oportunidad para realizar precampañas políticas a favor de algunos partidos o autoridades; y segundo, efectivamente para llevarse una buena lana en medio de la confusión.

Las esferas oficiales saben el nivel de descrédito en el que se encuentran, frecuentemente se levantan encuestas para medir esos valores y percepciones colectivas y los resultados han sido cada vez más catastróficos. Pero no ha sido culpa del gobernado pensar siempre negativamente de quienes lo gobiernan, es algo que los “servidores públicos” se han ganado a pulso y con creces.

Han sido pues los propios políticos los que filtran cualquier abuso o mal comportamiento de personajes o figuras, ya sean de gobierno, partidos políticos o de representantes populares.

El problema es que hoy basta con que a alguien se le ocurra hacer alguna acusación a alguna figura sobresaliente de las estructuras gubernamentales, para que se vuelva viral en las redes y en un cortísimo tiempo una verdad para muchos; de ahí que fue necesario que la Sedatu se apresurara a dar la cara para tratar de impedir la proliferación de los señalamientos.

La mayor preocupación de las instancias de gobierno en estos momentos, es porque todo eso se convierte en un factor políticamente contrario a los intereses de la clase política porque estamos ya en el proceso electoral hacia el 2018. Todo malestar popular termina en pérdida de sufragios para quienes sean vistos como abusivos ante el dolor derivado del terremoto.

Ya sabemos igualmente que cualquier acto de corrupción cometido por políticos y gobernantes de gran tamaño difícilmente será sancionado, a menos que cometa algún otro pecado, como traición, caso específico el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que le apostó a Morena en las elecciones por la gubernatura que él dejaba y paga duramente su pecado.

Así que a lo que menos le temen ellos es a las leyes, lo que en realidad les duele es que la sociedad los condene políticamente, porque entonces sí están en peligro de perder continuidad en la representación popular y por ende a toda clase de privilegios que da el ejercicio del poder en este país.

De ahí que se vean obligados a responder rápidamente cualquier enjuiciamiento. Pero sin duda, que en casos como el que nos ocupa, la función de las redes sociales es muy significativa; obliga a las instituciones a moderar sus actos y aplicar con mediana transparencia, por lo menos, los recursos públicos que se desarrollan.

Para acabar pronto, la facilidad con la que se pueden dar a conocer presuntos actos de corrupción por parte de cualquier ciudadano, pareciera ser algo más efectivo que el trabajo que desarrollan dependencias gubernamentales, supuestamente encargadas de velar por el correcto uso del dinero del pueblo, como en el caso de las contralorías, que más bien parecen estructuras ideadas a fin de cuidarle las espaldas a los funcionarios.

La apreciación mayoritaria es que cuando se presentan casos importantes, tienen la responsabilidad de desaparecer cualquier documento o prueba que incrimine al culpable, en lugar de iniciar a profundidad las investigaciones para el deslinde de responsabilidades. Ésta es lamentablemente la realidad que vivimos en México y por eso tanta desconfianza popular hacia quienes dicen administrar nuestros impuestos.