Particularmente en el ámbito estatal el ex funcionario nos lleva a recuerdos pasados, cuando las cosas comenzaban a ponerse difíciles en materia de prevención y seguridad y algunos "servidores públicos" entraban en sospecha por presuntas complicidades con las organizaciones delictivas.
Ha pasado ya un considerable tiempo y lejos de encontrar una salida a nuestros males, la situación se antoja cada vez más compleja, a tal grado que comenzamos a familiarizarnos con hechos inaceptables y eso nos parece tan delicado como los sucesos mismos.
Las mismas instancias públicas competentes en el combate de tales atrocidades como que se esfuerzan más por minimizar los acontecimientos, que por buscar un remedio de fondo.
Ya casi nadie se acuerda que hay otro jefe policíaco preso desde el sexenio pasado José Agustín Montiel López, que según datos recientes se encuentra muy enfermo y en condiciones físicas desafortunadas, pero todo eso es producto de desvío en el comportamiento de las estructuras gubernamentales y muestra palpable de las complicidades que se dan en el ejercicio del poder y la delincuencia organizada, que es la que puede cooptar a peces gordos de los mandos policíacos.
Claro, aún y después de casi tres años de detención de Cabeza de Vaca y por lo menos un sexenio del arresto de Montiel no se les ha declarado culpables o inocentes, lo que igualmente muestra el incumplimiento constitucional en el respeto a las garantías individuales que habla de tiempos procesales específicos. Aquí la constitución y las leyes siguen siendo letra muerta.
Es altamente preocupante el escenario de inconsistencia institucional en la materia, que no sólo es privativo del terreno penal, hay que ir a revisar la parte laboral, por ejemplo, para darse cuenta que una demanda por despido puede prolongarse por dos o tres años para lograr un laudo, en el mejor de los casos, si es que la asesoría jurídica se mantiene, de otra forma la demanda será archivada en detrimento de las partes.
Pero el solo hecho de que la administración de justicia federal decidiera mantener a Cabeza de Vaca y a Montiel en prisión de manera indefinida, es síntoma de que tienen algunos elementos para considerarlos culpables de lo que se les acusa.
Agustín Montiel fue un hombre poderosísimo en el periodo de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, a pesar de ser un simple jefe policíaco, responsable de la Policía Ministerial, tenía relación directa con el entonces mandatario. Muchas fueron las historias que se contaron de sus vivencias, tanto con el jefe del Poder Ejecutivo en turno como con su Secretario de Gobierno Eduardo Becerra Pérez, un trío realmente polémico.
En lo que corresponde a Cabeza de Vaca, el hombre se desempeño en el cargo buen tiempo con Estrada, pero mantuvo la posición con Marco Adame Castillo, no era de los más influyentes, pero sí se le llegó a considerar como hombre probo, a pesar que en los últimos meses de su gestión proliferaron versiones de todo tipo respecto a posibles arreglos y entendimiento con grupos delictivos.
Hay una característica común entre los dos personajes, no fueron instancias locales las que actuaron para ponerlos a buen resguardo bajo presunciones de complicidad, en ambos casos la federación, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) debió liberar sendas órdenes de aprehensión.
Reiteramos, cuando se dio lo de Luis Ángel apenas empezaba a calentarse el ambiente en cuestiones de inseguridad, nunca pensábamos llegar a los niveles en que estamos, aunque hace unas semanas los índices de criminalidad han mostrado un ligero descenso, de todos modos seguimos sin ver una salida correcta a un asunto tan delicado, que nos tiene pasmados desde hace cuatro años a nivel nacional.
La modalidad más reciente es la desaparición de personas sin aparente pistas de su ubicación, el mundo del delito se ha diversificado y no parece haber capacidad institucional para prevenir.
Hoy se habla de capacitación y preparación de grupos de élite para intentar equilibrar fuerzas, pero se sigue actuando a destiempo, cuando los hechos están consumados.
