Y en ese contexto, los integrantes de la Asociación de Colonos de Vista Hermosa ya bautizo el proyecto como "el palacio negro de la corrupción" y sigue cuestionando la decisión errónea de desarrollarlo en un espacio restringido.
La posición de los quejosos se basa en el sentido de que en este caso se está violando la Ley de Ordenamiento Territorial y el Programa de Desarrollo Urbano, así como el Código Penal del Estado de Morelos.
Los colonos ya interpusieron un juicio de amparo, que fue admitido y pasó al Tribunal Colegiado, no obstante están solicitando que el asunto sea ventilado directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la esperanza de que en esa instancia sea menos manoseado por quienes, desde posiciones importantes de poder público, están dispuestos a concretar sus objetivos por encima de todas las reglas establecidas.
Hay personajes de la vida política nacional ya apoyando este movimiento, entre ellos la senadora Rosario Ibarra de Piedra, aquella luchadora social y de derechos humanos que no deja de encabezar acciones de resistencia contra las incongruencias gubernamentales.
Y a pesar de que hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, las instancias oficiales siguen adelante en un claro desprecio por las leyes.
Los razonamientos jurídicos y legales no les interesan a quienes están decididos a concretar la obra entre reclamos de quienes viven en el entorno y se quejan de insuficiente disposición de agua potable, conflictos viales, falta de sistemas de drenajes, problemas que evidentemente se verán acrecentados una vez que esta muchedumbre de "servidores públicos" se instale en la zona.
Bueno, el Senado de la República emitió un acuerdo en el que recomienda a los interesados reubicar el proyecto, también el Congreso local hizo lo propio en octubre pasado, pero no pasa nada.
Sin embargo, en medio de todo este tema hay algo muy extraño, porque la superficie adquirida por las autoridades para la famosa Ciudad Judicial es de más de 32 mil metros cuadrados, pero de esos arriba de 12 mil aparecen en manos de particulares, Eugenio Zamudio y Julio Mitre Cendejas, es decir que la construcción de esos tribunales será sólo en 20 mil metros cuadrados, adquisición para la cual no hubo licitación.
La comunidad a través de la Asociación de Colonos advierte que ante la nula respuesta local a los reclamos, están buscando el contacto con representantes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de agresiones muy graves.
Estamos hablando de instituciones relacionadas con la custodia de nuestras garantías y derechos ¿cómo es posible que sean esas instancias las que están violentando el estado de derecho? Parece increíble, sin embargo es una realidad y apenas la semana pasada se consumó un acto más hacia la consolidación del proyecto, con la presencia de funcionarios federales en materia de "justicia federal".
El evento fue muy cuidadosamente desarrollado, precisamente porque se decía que había resistencia social, a los medios se informó pocas horas antes de su realización, o sea a hurtadillas, conscientes de que vienen obrando mal y de espaldas al pueblo, van sembrando agresiones y mostrando desprecio por los derechos de los demás.
Esto es sólo una de tantas agresiones a las reglas vigentes, todavía recordamos cuando colonos de Vista Hermosa se oponían al cambio del uso de suelo para abrir negocios de toda naturaleza en los entornos de la avenida Río Mayo, porque la carta urbana las prohibía y a la postre sería muy desafortunado, sobre todo en materia de circulación.
Hoy somos víctimas de esas atrocidades, transitar por esa avenida es un dilema, se acabó la tranquilidad en demérito de vecinos y extraños, pero las autoridades de entonces, igual que las actuales, desestimaron las quejas públicas, el daño ya está hecho, no hay remedio.
