Todavía el fin de semana algunos abogados protagonizaron una pequeña protesta frente a Palacio de Gobierno, insistiendo en que los políticos están aprovechándose de algunas inconsistencias en las normas y lagunas legales para obtener un dinero que no les corresponde.

Juan Juárez Rivas, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, interpuso incluso una demanda penal en contra de quienes habían cobrado este concepto el año anterior pero no pasó nada, a pesar de que jurídicamente se sustentó la ilegalidad de tal cobro y dudamos que en esta ocasión pueda prosperar la queja pública.

La absoluta mayoría de quienes incursionan en la política o el ejercicio gubernamental lo hace con la intención de obtener un beneficio económico, la vocación de servicio es casi inexistente, pero ha venido disminuyendo progresivamente.

Todavía hace algunos años conocimos políticos que hacían un esfuerzo real por corresponderle a los gobernados la oportunidad que les daban de ascender a cargos de elección popular o administrativos. Hoy, sin mucho pudor la clase-política muestra ambiciones desmedidas de poder y de riqueza, aún en condiciones tan precarias como las que venimos padeciendo en los últimos años.

Es una mínima parte del presupuesto público anual la que va orientada a responder al cúmulo de demandas populares, la mayoría se destina a gasto corriente, que no es otra cosa sino el pago de salarios de una burocracia cada vez más costosa y abundante.

Las cosas no estarían del todo mal si por lo menos los "servidores públicos" se esforzaran por cumplir con sus respectivas responsabilidades, pero no es así. Ahí está el caso específico de las instituciones encargadas de brindarnos justicia y seguridad, nos encontramos a merced de la delincuencia, todas las señales indican que mandos policiacos de todos los niveles están coludidos con los enemigos sociales y sin embargo cada vez se destina más dinero a este rubro.

A pesar de quienes argumentan lo contrario, está muy claro que la finalidad de aquel decreto emitido a finales del gobierno de Lauro Ortega Martínez, que instituía los tres meses de aguinaldo, estaba dirigido a los trabajadores de bajo nivel, de ninguna manera a los altos funcionarios.

Porque primero se generalizó en la burocracia estatal, luego se extendió a los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, y más adelante a organismos descentralizados y ayuntamientos.

Y es que en efecto, los salarios de los empleados de bajo nivel en la administración pública son casi simbólicos, hay quienes no ganan ni tres mil pesos al mes. Ortega Martínez lo que quiso es compensarlos con una prestación mayor, que les diera un respiro cada fin e inicio de año.

Pero los directores generales, subsecretarios, secretarios, magistrados, diputados o alcaldes gozan de todo tipo de apoyos, que incluyen servicio telefónico, chofer, fondo revolvente y de representación, además de ingresos casi al gusto, que convierten al famoso aguinaldo en una nada despreciable cantidad de 200 mil o hasta 300 mil pesos en una sola exhibición.

Bueno, muchos funcionarios gringos ya quisieran gozar de un apoyo anual de estos niveles, aun convirtiéndolos en dólares estaríamos hablando de más de 20 mil billetes verdes, y eso que son de las economías más ricas del mundo. Es verdaderamente increíble lo que en Morelos observamos.

Pero todo mundo ya se puso aceite para que se le resbale y no pasa nada, van a recibir una cantidad lo suficientemente importante como para irse con su familia a algún lugar paradisíaco, no de nuestro país, de cualquier otro como la misma Unión Americana. Pero usted y yo, si logramos tener lo suficiente para una cena modesta en familia, ya la hicimos, pero en muchos hogares ni a eso se podrá llegar.

Todo esto forma parte de las injusticias e incongruencias de un sistema gubernamental diseñado para beneficiar a unos cuantos, por eso son tantos conflictos e inconformidades colectivas, todo tiene una razón de ser, nada es obra de la casualidad y penosamente vemos que son los servidores públicos los que ponen el mal ejemplo. ¿No le parece?