Seguimos considerando que las instancias “competentes’’ en la materia, sobre todo estatales y municipales se vienen comportando casi complacientes ante lo que hace ya más de un año está ocurriendo en Morelos.

La posición recurrente de los funcionarios del área de seguridad y prevención van siempre orientadas a excusarse en el sentido de que en otros estados las cosas están más delicadas, no obstante eso no puede ser motivo para caer en omisiones, en lo que se refiere el trabajo que les corresponde. Ahora bien, podemos sostener que la delincuencia organizada está haciendo lo que le da la gana sin temor a ser llamada a cuentas, por esa aparente tibieza gubernamental, incluyendo la participación de fuerzas del orden federal, sin embargo, el resto de los delitos se está disparando en todo el estado.

Los robos en la vía pública, en casas habitación, todo tipo de negocios y a la hora que sea, dan fe de la falta de presencia de vigilantes policíacos, llámense estatales o municipales, simplemente la ciudadanía está en la indefensión.

Se antoja que todo el ‘’esfuerzo’’ del estado se centra en el combate a la delincuencia organizada, pero no vemos resultado alguno que valide la actitud, o sea Gobierno estatal y municipios están rebasados y tampoco muestran gran preocupación por ello.

Y tampoco se trata de que se reaccione ante la agresión a familiares de políticos u otros personajes de renombre, las instancias públicas están obligadas a actuar sin distinción de clases sociales o políticas, creemos que no lo están haciendo con atingencia.

Los enemigos públicos parecen multiplicarse ante una autoridad que se achica, esto se da lo mismo en las grandes ciudades que en las comunidades más pequeñas, hay poblados al oriente y sur de Morelos donde comercios pequeños y medianos han estado cerrando por los reiterados robos que los llevan a la quiebra.

A nivel de autoridad se habla de “coordinación” entre los tres niveles de Gobierno, de exámenes de confianza, de cursos de capacitación, sobre todo al interior de reuniones entre funcionarios donde se supone, se establecen estrategias para revertir el desafortunado fenómeno de la inseguridad.

Pero en los hechos todo parece inútil, las estadísticas puede que estén disminuyendo sensiblemente en lo que tiene que ver con las ejecuciones del delito organizado, pero los otros delitos nadie los detiene y la población simplemente calla y se guarda sus sentimientos en contra de aquellos que le están fallando.

Políticamente lo anterior tendrá sus repercusiones, la sociedad no cuenta con la atención que constitucionalmente le corresponde en materia de seguridad, son momentos prácticamente inéditos, nunca a las presentes generaciones y a las de ayer les había tocado vivir un entorno tan delicado, nadie sabe como responderá ante eventos como una elección.

Y hasta donde tenemos conocimiento, los partidos políticos de oposición preparan un grueso expediente sobre el caso que usarán electoralmente, es una bandera ciertamente muy atractiva, los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea y Sergio Estrada Cajigal Ramírez supieron lo que es ser cuestionados por insuficiente seguridad en la administración pública. El primero dejó el cargo, el segundo estuvo a punto.

Y es que la seguridad representa tanto para el pueblo, que por ello el ex Gobernador Lauro Ortega Martínez decía que “la familia todo puede aguantar, incluso pobrezas, pero no que le roben o agredan en la puerta de su casa”, lo cierto que aquellas interpretaciones ya están ampliamente rebasadas, porque no lo hacen frente al domicilio, sino dentro.

No hay prevención, pero tampoco hay sanción, los niveles de impunidad son alarmantes, por cada cien delitos graves tres o cuatro se resuelven, o sea nada, de ahí que los malosos estén actuando con tanta seguridad, conocedores de que sus malas acciones jamás serán objeto de castigo.

En contra parte, un altísimo porcentaje de nuestros impuestos se orientan al combate al delito, pero ya vemos, sin ningún resultado, mientras se tienen que abandonar inversiones para obras de infraestructura de desarrollo, o para ampliar los servicios sociales como drenajes, agua potable, alcantarillado o alumbrado público.

Nos encontramos hoy por hoy en un callejón sin salida, nadie parece capaz de poner remedio, vamos hacia el final de un sexenio federal y estatal que pudiera entrar en más complejidades en la medida que el estado y la federación no encuentren el antídoto requerido.