Hay una sobre representación en las diversas cámaras, ya sea federales o estatales, el número de legisladores no corresponde al trabajo que deben desarrollar y los espacios son acaparados por los partidos, porque son importantes ingresos, prerrogativas y posiciones de poder en las estructuras gubernamentales.
Aquí en Morelos, por ejemplo, de los 30 "representantes" que conforma la legislatura local, menos del 50% justifican su presencia, son muy pocos los que hacen el esfuerzo por representar medianamente sus comisiones asignadas, no hay compromiso con los electores.
¿Qué están casi aprobadas las candidaturas ciudadanas? Habrá que ver qué pasa en la práctica, porque el simple concepto no dice ni representa nada, nadie podrá negar que se le dio mucho vuelo a aquello de que los órganos de calificación electoral, el Instituto Estatal Electoral (IEE) en el caso de Morelos o el Federal Electoral (IFE) en relación a la federación, serían integrados con consejeros ciudadanos, personas no identificadas directamente con los partidos y hoy somos testigos de que las cosas siguen igual que antes, los institutos políticos tienen sus parcelas reservadas ahí, el pueblo sigue sin contar con voz ni voto.
Otro ejemplo bastante claro que rompe incluso con las normas legales establecidas es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los magistrados deben ser profesionales comprometidos con la responsabilidad de impartir justicia de manera equitativa, y no es así.
Los partidos políticos, el Gobierno, meten mano en todo, negocian a espaldas de la población cualquier nombramiento y pervierten las leyes en una acción fuera de toda cordura.
¿Acaso alguien desconoce que el magistrado Presidente, Miguel Ángel Falcón Vega, sirve a los intereses del Partido Acción Nacional? Con todos estos antecedentes ¿podemos creer realmente que la apertura política a la participación ciudadana se cumplirá cabalmente porque así lo establece una reforma de ley? Nosotros no nos chupamos el dedo y preferimos dudarlo, por eso se nos hace exagerado que se califique de una acción histórica y de tanta trascendencia.
El monopolio y control electoral seguirá estando en manos de los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, además del Gobierno, entre ellos deciden que es legal y que no, se distribuyen el pastel que son los tres poderes del estado y los tres niveles de autoridad, en la mayoría de los casos, a nombre nuestro, aunque sólo somos simples observadores.
Aunque por lo menos, el que se plasme en un papel tal vez sea ya una ventaja a fin de que el día que tengamos la capacidad organizativa como pueblo de reclamar la correcta aplicación de la ley, contemos con instrumentos.
Y eso de la reelección de diputados y alcaldes, punto aún no definido, tiene sus pros y contras, si un representante popular desarrolla un excelente trabajo -que no encontramos el primer ejemplo- es bueno que tenga la oportunidad de ser valorado por los electores, pero seguimos viendo muchos métodos viciados mediante los cuales un personaje puede prolongar su ejercicio aún en contra de la mayoría ciudadana.
Y eso de la consulta pública, es tema muy recurrente por lo menos en nuestro estado, desde tiempos de Jorge Carrillo Olea el naciente PRD llevó la propuesta el recinto legislativo local vía sus diputados, nunca prosperó, lo mismo aquello de revocación de mandato, ojalá que ahora venga desde arriba.
Pero nosotros continuamos insistiendo en que los congresos locales, el de la Unión, el senado, están sobre representados, son demasiados legisladores los que como contribuyentes del erario público tenemos que mantener y mire que son de buenos gustos.
Se trata de miles de millones de pesos destinados al quehacer legislativo, mientras como mexicanos seguimos viviendo en un país casi sin leyes ni orden, porque los preceptos constitucionales son violentados y por aquellos que juraron "guardar y hacer guardar la Constitución", el precio y las facturas que cobran son muy elevadas, estamos muy lejos de un real equilibrio de poderes que modere mutuamente sus actos.
