Los reales posesionarios, conjuntamente con los defraudados colonos, nunca bajaron los brazos y a pesar de una serie de componendas y decisiones de dudosa legalidad por parte de autoridades judiciales que han conocido de las demandas, están cerca de ganar la lucha porque la ley y el derecho están con ellos.

Pero aquello parece corresponder a un caso de delincuencia organizada, porque son muchos los involucrados y quienes hicieron posible que algo así tomara visos de legalidad en aquellos principios de la década de los 90.

Ahora que estamos conociendo el asunto a mayor profundidad, nos damos cuenta de que efectivamente son diversas instancias las que tuvieron una participación decisiva para la concreción de un delito de fraude colectivo, y entonces pudiera decirse que hubo acciones de delincuencia organizada detrás de todo aquello.

De entrada, estamos hablando de la constructora que edificó la unidad, de algunas instituciones bancarias que aceptaron la entrega de créditos a los compradores para la adquisición de las casas, de funcionarios de dependencias federales en materia de vivienda a través de las cuales se sorteó a los ¿beneficiarios?, y desde luego, de jueces y magistrados que han conocido del tema y le han intentado dar muchas largas por todos los intereses que representa.

No es pues un pleito entre la constructora y los colonos. Hay resistencias por todos lados e incluso una notaría pública que de seguir el curso del conflicto como hasta hoy va, tendría que invalidar todas las escrituras públicas que entregó por nulidad de operaciones y porque no son efectivas.

Bueno, uno de los abogados que asesora a afectados sostuvo que quien en aquel entonces era el delegado de la dependencia en materia de vivienda que se prestó a todos estos actos de corrupción, sigue siendo ahora asesor en esa misma instancia. Eso nos muestra, pues, que existen serias complicidades y protección de coludidos.

Un incansable luchador en esa batalla es Alberto Bravo de la Vega; él era el presidente de la Asociación de Colonos y le tocó dar los primeros pasos para la articulación de las demandas en contra de todos los que están detrás de tan penoso asunto, y asegura que a empujones y como sea han ganado todos los juicios en las esferas judiciales y ya están en condiciones de cancelar sus pagos a los bancos y a la constructora, apoyados por los comuneros de Tepoztlán.

Es un tema tan delicado como lo que acontece en la colonia Universo, aquí en Cuernavaca, donde al paso de algunas décadas los dueños de la superficie en la que se establecieron unas cinco mil familias, prueban que la tierra es suya y que fueron despojados por invasores que a la postre fueron vendiendo y revendiendo a compradores de buena fe.

La pregunta es, ¿cómo pueden prestarse tantas instancias para la comisión de delitos tan graves como éstos? Queda claro que el objetivo principal fue hacer negocio. Las construcciones siguen siendo una inversión bastante rentable cuando se explota de manera legal.

Aquí antes de iniciarse cualquier proyecto debió regularizarse la compra del terreno hasta que quedara segregado de los bienes comunales de Santa Catarina, pero no ocurrió así.

Habría que ir al origen y saber quiénes de los comuneros le entraron al negocio. Todavía anda por ahí quien era presidente de Bienes Comunales en ese entonces y sabe la película completa.

Incluso, se habló en su oportunidad de presencia de funcionarios del gobierno estatal de esa época que salieron ampliamente beneficiados con esta operación fraudulenta.

Pero todos ellos concretaron sus ambiciones. Quienes pagarán las consecuencias podrían ser la constructora y las instituciones bancarias, porque ya los colonos han decidido no pagar más las mensualidades por los inmuebles y, en todo caso, llegar a un arreglo con los comuneros y darles algo de indemnización por la tierra, no por las construcciones; éstas se edificaron en tierra ajena.