Y ni siquiera es cuestión de acciones de censura, tendremos que aceptar que por lo menos en lo que toca a las estructuras de Gobierno locales, ya sea a nivel de administración estatal o municipal, se muestra cierta voluntad para permitir el libre manejo informativo sin importar las tendencias.
En esta actividad más bien hay que aplicar criterios y entender que hay asuntos tan delicados, que deben manejarse con mucho cuidado a fin de no provocar reacciones inconvenientes que llegan incluso a terminar en desgracias.
Sí, en nuestro entorno cercano el ambiente no es precisamente el más adecuado para la crítica profunda y existen temas a los que mejor habrá que darles la vuelta para evitar entrar en zonas de riesgo.
Es cierto que en algunos pasajes de nuestra historia reciente la crítica, la observancia y el cuestionamiento a quienes detentaban el poder público eran acciones intoleradas, desde los altos niveles de Gobierno se ejercía una línea de presión en contra de todo aquel medio o periodista que cuestionara el desempeño de la autoridad, se coartaba la libertad de expresión recurrentemente.
La alternancia en el poder permitió un poco la emancipación de los medios y se ha llegado incluso al escarnio en una especie de abuso de nuestras libertades, pero en este momento, el mismo clima de inseguridad que priva en el país o en el estado empuja a practicar un periodismo mesurado y cuidadoso.
Podremos insistir en que quienes manejan las instituciones públicas muestran tolerancia ante el periodismo crítico, sin embargo, no parecen capaces de garantizar seguridad a los comunicadores frente a otros factores que tienen hoy mucha relevancia en el quehacer cotidiano.
Hay grupos informales con demasiado poder que por momentos parecieran rebasar a las instituciones legalmente establecidas y eso se ha venido traduciendo en una limitante para quienes ejercemos la actividad de informar.
En muchas ocasiones recurrimos a la auto censura para evitar poner en peligro la seguridad personal o de la familia, porque las garantías más elementales están casi quebrantadas.
Ese sería nuestro reclamo más sentido en este momento, que la administración pública en sus tres niveles de Gobierno y tres poderes, vienen incumpliendo en sus facultades y obligaciones constitucionales de ofrecer a los ciudadanos (nosotros entre ellos) el ejercicio pleno de sus libertades.
Algunos organismos internacionales han reiterado que México es uno de los países donde la actividad periodística es del mayor riesgo, ello con base en el elevado número de comunicadores caídos en el cumplimiento de su deber.
Por todo eso es que consideramos ciertas limitaciones en este terreno y lo aconsejable es omitir temas tan trascendentes como los que tienen que ver con la delincuencia organizada.
Este fenómeno se sigue extendiendo de manera gradual a pesar de que oficialmente se insista en que hay avances en el control del territorio, por el contrario, existen ya espacios donde predomina el criterio de quienes han decidido vivir fuera de las normas legales establecidas.
En algunas entidades de la República, como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas o Michoacán, el Estado ha cedido mucho terreno y pareciera que han aceptado co-gobernar con la delincuencia.
Pero tampoco tenemos que ir muy lejos con los ejemplos, esto ya viene ocurriendo en lugares como Jiutepec, Emiliano Zapata y algunas colonias periféricas de la capital estatal.
Empresarios, comerciantes, campesinos están a merced de reglas no establecidas y para poder vivir en paz tienen que pagar tributo y es que aquí cobra cabal vigencia aquello de que si la autoridad formal no ocupa todos los espacios que le corresponden, otros actores lo harán y nos queda muy claro en lo que ya estamos viviendo.
Todo esto se refleja en nuestra actividad periodística, hay que caminar con mucho talento y cálculo, saber utilizar esa libertad de expresión, que aunque esté consagrada en la ley, presenta hoy serias limitantes en las que hay una responsabilidad indirecta de las instituciones públicas por omisión de facultades.
