Se trata de un trabajo que intenta por fin constituir un organismo con vida propia e independencia, que se transforme en un verdadero poder en equilibrio con el Ejecutivo y el Legislativo y nos parece que no debería encontrar resistencias, sin embargo hay quienes ven en esto un freno en la comisión de tantas irregularidades que se cometen en el curso de cualquier proceso de impartición de justicia.

En uno de sus puntos, la propuesta de reforma contempla un tribunal constitucional que aglutinaría a todos los organismos que tienen que ver con impartición de justicia, llámense penal, civil, electoral, laboral, es decir, de llegar a aprobarse, estarían integrándolo el Poder Judicial, el Tribunal Estatal Electoral (TRIEE), el tribunal burocrático, de lo contencioso administrativo, es decir todos, con una norma igualmente novedosa, que la Presidencia del mismo sería rotativa cada año.

El maestro Manuel Leví Peza, uno de los asesores y consejeros en torno a este proyecto, dijo al reportero que del mismo modo, está considerada la eliminación de los representantes del Gobierno estatal, del Congreso local y del observador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque ya no tendrían razón de ser.

A diferencia de los mecanismos viciados, puestos en práctica hoy día en el nombramiento de funcionarios, éstos llegarían bajo concurso y cabal cumplimiento de perfiles.

Se dispondrá de una Contraloría que haga efectivas las observaciones y aplique la ley en contra de quien caiga en cualquier anomalía en su responsabilidad de aplicación de la justicia, eliminando así el clientelismo vigente.

El proyecto es suficientemente interesante y completo, porque agrega el condicionante de carrera judicial, creando asimismo el Instituto de investigaciones jurídicas.

Es un instrumento de modernización que además busca ir eliminando la intervención en algunos casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suele manejarse con tendencias políticas, que de ninguna manera favorecen la correcta aplicación del derecho.

Lo extraño es que hay magistrados, diputados locales, sobre todo abogados, que no quieren que esta reforma pase, porque establece una serie de candados que inhiben la corrupción y muchos de ellos basan en el tráfico de influencias buena parte de sus intereses.

Luego de haber recibido una muy buena explicación del estado de cosas que guarda actualmente el marco legal, de parte de Leví, nos quedó claro que mientras desde los diversos niveles del ejercicio del poder público se hace hincapié en los esfuerzos "denodados" por ir sembrando la semilla del orden, la disciplina, la honestidad y la correcta aplicación de la ley, perversamente hay resistencia a todo aquello que pudiera hacerlo posible.

Los tres poderes y tres niveles de autoridad viven en función de intereses de grupo y de corrientes que utilizan las posiciones para beneficiarse económicamente en la mayoría de los casos.

Esa aparente preocupación oficial por salvaguardar los derechos más sagrados del ser humano, conceptos vigentes en la constitución es una actitud poco seria y en la mayor parte de los casos, argumentos frívolos que esconden otra realidad, muy contraria a lo que se afirma.

Parece que se está alcanzando una mayoría de diputados a fin de lograr sacar ese proyecto, pero no se descarta que acabe en la congeladora como muchas otras iniciativas más que afectan a quienes viven del erario público y de la actividad política.

Para acabar pronto, mientras se desata una supuesta lucha abierta contra la delincuencia, desde el interior de las instituciones, los grupos de poder no admiten leyes y reformas que les impidan delinquir, porque bastantes de ellos son precisamente delincuentes de cuello blanco.

Seguimos viviendo en medio de una especie de farsa que nos pretende hacer creer que hay una real preocupación por acabar con las lagunas legales y espacios que permiten la discrecionalidad y la comisión de irregularidades, mientras se lucha denodadamente por mantener privilegios. Tan peligrosos son los maleantes del sector social como los de las instituciones, porque además éstos tienen como instrumento de protección, la fuerza del mismo Estado.