No obstante, este acuerdo sólo se cumplió parcialmente; en buena parte de los planteles sólo se entregó el 50 por ciento del dinero sin explicación alguna. Como siempre, el abuso en la toma unilateral de decisiones.
Pero ya desde la Secretaría de Educación y del mismo sindicato del ramo han comenzado a validar el regreso de este cobro impositivo con el argumento de que "son aportaciones voluntarias de los pater familias".
La verdad, no hay nada de eso. Quienes conocen por dentro el sistema saben perfectamente que a través de las asociaciones de padres de familia, los directores imponen sus condiciones y fijan los montos económicos a exigir.
No hay ninguna disposición legal que valide esta entrega de recursos a las escuelas; sin embargo, ha sido una práctica histórica que genera polémica, quejas y denuncias cada inicio de curso.
Y es que hay quienes francamente se exceden. Hay señalamientos en el sentido de que en algunas instituciones de educación media superior están pidiendo hasta dos mil pesos por estudiante. Eso es demasiado para familias que con dificultad logran contar con los pasajes para que sus hijos puedan seguir estudiando.
No es de esta manera como se podrá mejorar sustancialmente el difícil problema de la formación de las nuevas generaciones. Acaso una tercera parte de los jóvenes logra seguir adelante después de la educación básica. La insuficiencia de espacios es un algo que las instancias gubernamentales no logran combatir y por el contrario, muestran clara incapacidad para poder mantener en buenas condiciones por lo menos la infraestructura ya existente.
El asunto es que particularmente el IEBEM es refugio de personajes influyentes que al amparo de una nómina cercana a los 30 mil empleados, ocupan espacios de privilegio con salarios bastante bondadosos que no corresponden al nivel de insuficiencia presupuestal.
El secretario de Educación, Alejandro Pacheco Gómez, habló del caso y consideró necesaria la aportación de los padres de familia, pero ese sólo hecho da pie para que buena parte de los directores hagan su voluntad.
Tampoco son únicamente las cuotas el motivo de enojo colectivo; existen otras entradas en los planteles cuyos ingresos no son transparentados a pesar de que existen normas claras al respecto.
Está el caso de las cooperativas; éstas cuentan con un mercado cautivo al interior de los planteles. Se asegura que los fondos recabados son enviados a una oficina de control que nunca informa ni da corte de caja.
A finales del ciclo escolar, se entregan 10 ó 15 pesos a cada alumno por este concepto pero jamás se aclara cuál fue el monto recabado en esos 10 meses de comercialización.
Y no es que los servidores públicos desconozcan la importancia que tiene la educación en nuestro desarrollo social. Reiteradamente escuchamos discursos que hacen hincapié en que es uno de los caminos insustituibles para poder formar nuevas generaciones y en consecuencia un mejor estado o país.
Sólo que en la práctica se observa lo contrario. El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que en este país se destina a la educación es casi de risa comparado con naciones poderosas que por algo han llegado a niveles de crecimiento ideales.
La marginación y pobreza es causa de que miles de niños solamente puedan cursar los primeros años de primaria, porque sus padres llegan a carecer de dinero para comprarles siquiera el uniforme o darles para la compra de algo de alimento durante el recreo.
Por eso, sostenemos que la revalidación en el cobro de cuotas sí pegará y fuerte precisamente a quienes menos tienen, alimentando el círculo vicioso de la pobreza generacional.
El que la dirigencia del SNTE y el titular del ramo validen esta acción posibilitará muchas irregularidades y si no al tiempo, porque además cuando se denuncian los abusos, como que en las altas esferas se hacen "de la vista gorda" y no llaman a cuentas a los infractores. Se trata de una simulación que da fe de la autoprotección entre autoridades y maestros.
