Lo que el operativo está encontrando en un espacio que se supone está restringido a la habitación es escalofriante: construcciones formales que dan muestra de complicidad de todo tipo de autoridades, especialmente municipales.
Para poder edificar sus respectivas casas, los ocupantes de esa reserva debieron obtener las respectivas licencias de construcción y éstas sólo las otorga el Ayuntamiento.
Los desastres naturales nos vienen cambiando el clima de manera apresurada; esta temporada de lluvias es una muestra. En algunas partes de la entidad ha caído poca agua, acaso la indispensable para que las siembras no se marchiten, pero estamos llegando casi al límite de la insuficiencia pluvial.
Sin embargo, desde las mismas instituciones públicas se sigue permitiendo todo tipo de delitos ecológicos y ambientales seguramente a cambio de unas cuantas monedas, porque nada es gratuito en nuestro sistema gubernamental.
En el área conurbada de Cuernavaca son ya contados los espacios de producción agropecuaria, porque lo único que crece son los desarrollos habitacionales permitidos por las respectivas alcaldías. Esto lo observamos permanentemente en Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata.
Pero ya los depredadores ambientales no respetan ni aquellos espacios que han sido decretados como reservas naturales, precisamente por ser estratégicos en la generación de afluentes acuíferos o por contar con especies animales y vegetales de suma trascendencia para la armonía y el equilibrio natural.
Sólo con la complicidad de alguna autoridad se puede llegar a tanto, de otra manera estos delincuentes estarían en buen resguardo tras el primer intento de violar las normas existentes. Ojalá que lo que se está intentando en el cerro de la Tortuga sea en serio, porque es ciertamente un inicio. Se estima que puede haber cientos de construcciones en torno a este preciado lugar en el que confluyen cuatro municipios, Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán, y seguramente que autoridades locales han sido copartícipes de estas agresiones a la naturaleza.
Y en lo que corresponde a El Texcal, otra superficie igualmente decretada como área ecológica, las cosas no caminan. El desalojo de los invasores no se ha podido concretar porque falta la liberación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la venta indiscriminada de lotes para construcción.
Es un escenario complicado. Aun a nivel de autoridades hay quienes todavía no entienden la importancia de la preservación de nuestro entorno ecológico o por unas cuantas monedas son capaces de permitir el avance de la mancha urbana.
Es realmente doloroso ver cómo gradualmente el Paraíso que una vez fue el estado y en particular la zona de influencia de Cuernavaca se pierde aceleradamente.
Lo que alguna vez fueron cristalinos arroyos aún en plena capital del estado, son hoy trayectos de aguas sucias que van pudriendo todo a su paso porque la infraestructura urbana no puede resolver las necesidades de drenaje de una población que crece por todos lados.
Pero nadie entra en razón. Hay que darse una vuelta por la parte sur de Emiliano Zapata para observar construcciones habitacionales de todos los gustos y costos. Igual ocurre más hacia el sur, en torno al club de golf Santa Fe que pareciera regirse con su propia ley en materia de desarrollos habitacionales; las casas ya están frente al Centro de Convenciones y pronto lo van a rodear.
¿Quién tiene que regular esos avances? En primera instancia, las autoridades municipales porque son las facultadas para conceder los permisos, pero también niveles superiores de gobierno ya que el cambio de uso de suelo y los estudios de impacto ambiental permiten la intervención del estado y la federación. Pero, reiteramos, como que a nadie la interesa lo que ocurre hasta que el agua nos llega al cuello.
Pero cada permiso para la construcción de una unidad habitacional significa millones de pesos para quienes tienen la facultad de concederlos y prácticamente todo ese dinero no va a la hacienda municipal; queda en los bolsillos de los "servidores públicos" en turno.