En cargos administrativos de relevancia se pueden encontrar políticos, cuyos perfiles profesionales nada tienen que ver con la educación, pero que cobran como si fueran especializados en esa materia.

Pero por si eso no fuera suficiente, ahora trasciende que el titular, Felipe Sedano Reynoso, está haciendo negocio redondo a través de la construcción de aulas, que de ser ciertas las aseveraciones, son de materiales de tercera que funcionarán regularmente dos o tres años.

Sí, se menciona que desde su paso por el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) comenzó a "trabajar" con cuatro amigos de la infancia, que suponemos, se dedican al ramo de la construcción.

Uno de ellos es Jorge Barge y por lo visto los contratos son bastante bondadosos, acaban de entregar un primer paquete de 40 aulas terminadas y ya se les asignaron otras 60, lo que debe costar una suma millonaria al presupuesto de la educación.

Pero no se crea que todo esto es simplemente por amistad, conforme a la información, todos salen ganando, tanto los constructores como el funcionario, porque hay porcentajes para cada quien. Quien pierde es la educación, porque se trata de edificaciones de tercera.

La inversión pública, a partir de ciertas cantidades, debe ser sometida a licitación y concurso a fin de recibir ofertas y propuestas de parte de los interesados en la obtención de contratos de obra.

Lo que se afirma aquí, es que las acciones se distribuyen y diseñan de tal manera que no rebase estas cantidades, a fin de que se pueda asignar de manera directa.

No es mayor dificultad hacerlo, personajes con larga trayectoria en la administración pública saben como realizar este tipo de negocios, sin correr el riego de ser llamados a cuentas.

De ser cierto, esto es muy lamentable, porque somos testigos de un sector educativo carente de presupuesto suficiente para resolver las necesidades primarias, por eso se continúa con el cobro de cuotas en la inscripción de los alumnos, a fin de que las escuelas cuenten con algo de dinero para resolver urgencias.

En cualquier espacio de la administración pública cualquier desvío de fondos es corrupción, que debiera castigarse, pero en materia educativa es un pecado mortal, por todo lo que ahí ocurre.

Las instancias competentes deberán aclarar estas cosas, porque de ser verdad, lo menos que se tiene que hacer es exigir una explicación al titular del IEBEM y de encontrar materia, proceder en su contra.

Sabemos también que esto es prácticamente imposible, porque si hay algo de realidad en lo aquí expuesto, es de considerar que otros niveles superiores de funcionarios deben estar siendo beneficiados con las triquiñuelas. Casos como el anterior se manejan en pandilla y no pasa nada, aunque públicamente se denuncie.

Todavía recordamos a aquel subsecretario de obras públicas Miguel Ángel Padilla, quien en complicidad con otras figuras de la administración estatal, desvió parte del presupuesto de la dependencia casi de manera descarada.

Los hechos se dieron a conocer entonces por el propio titular de la Secretaría, Francisco Rodríguez Montero, se simuló una investigación que desde luego jamás llegó a nada, y a los pocos meses le dieron cuello, protegiendo así a los malhechores.

El famoso Subsecretario sigue por ahí tan campante. Claro, ya no lograron colocarlo en otro cargo por el quemón, pero la ley no se ejerció.

Por eso aseguramos que tampoco en lo que se refiere al IEBEM y de ser ciertas las acusaciones contra el Director General, habría voluntad para llamarlo a cuentas, la delincuencia de cuello blanco no actúa sola, tiene muchos cómplices, y aquí no sería la excepción.

Hay otro dato: posteriormente al movimiento magisterial del 2008, quienes llegaron a hacerse cargo del IEBEM unos meses, se encontraron con una larga lista de "aviadurías" que conjuntamente representaban un desvío mensual del presupuesto por arriba de los nueve millones de pesos. ¿A dónde iba todo ese dinero? Se dieron diversas hipótesis, pero los que descubrieron el ilícito nunca procedieron, tal vez hubo acuerdos para guardar silencio.