Es decir, de acuerdo con la información, era un negocio entre este personaje y Gerardo Casamata que finalmente redundaba en mayor beneficio para el primero, porque alentaba la matrícula a favor de esa institución.
El asunto es que a decir de funcionarios actuales de la Auditoría, la Universidad Mexicana es propiedad de este mismo, a través de una prestanombres.
Esto se complica y sale a la luz a partir de que uno de los alumnos inició una denuncia formal en contra de Luis Manuel González Velázquez a nombre de ocho o nueve compañeros suyos que le exigen pago de las colegiaturas respectivas y éste contesta que no tiene ni ha firmado convenio alguno.
Cuestionado telefónicamente, González Velázquez sostiene que se trata de una "universidad patito" y, conforme a algunos antecedentes, manejada a trasmano por el ex funcionario estatal y reitera que no pagará nada de lo que se le está pidiendo.
No es descabellada la versión. Desde la posición que desempeñó el panista en la presente administración gubernamental, era propicio para hacer todo tipo de componendas y negocios, amparado en facilidades que concede el poder.
Casamata Gómez, comienza a quedar demostrado, también era un "pájaro de cuenta" y le entró a todo lo que le dejaba dinero. En este caso medraba con recursos que no eran suyos, sino de la ASF, para ayudar a sus amigos. Habría que ver qué recibía a cambio.
Si es cierto que esa universidad es "chafa", el sector educativo tendrá que tomar cartas en el asunto. No se puede seguir engañando a jóvenes con instituciones sin registro legal. Eso es además un fraude colectivo.
Incluso, dicho por el mismo Óscar González Muñoz, uno de los promotores de la denuncia, fue alumno de Luis Manuel, pero hoy acusa a su ex maestro de falsedad de declaraciones al negar la existencia de dicho convenio.
Por lo visto las cosas se van a calentar mucho. El auditor afirma que los muchachos realmente están siendo azuzados y que en primera instancia está demostrando que esa supuesta universidad no tiene registro legal, es decir, no existe como tal.
No obstante, lo anterior sólo da fe de algunas de tantas irregularidades en las que cayeron ex servidores públicos, en el caso de probarse que el ex funcionario de gobierno del estado está detrás de todo ello y pretendía seguir cobrando parte de la matrícula a la ASF.
Hace mucho que esta persona se fue formalmente del gobierno. Sabemos que rápidamente buscó refugio en la bancada local del Partido Acción Nacional en el Congreso y que hoy es asesor del coordinador de esa fracción, Luis Miguel Ramírez Romero.
Cierto o no, el caso es que en su oportunidad se llegó a afirmar que su fortuna creció de manera extraordinaria en los tres años que se desempeñó en el gobierno estatal a grado tal que se hizo accionista de Deportes Martí y que contaba con una tienda, no en Morelos, sino en Guanajuato.
Hay un dato cierto: poco antes de ser cesado en el cargo por el gobernador Marco Adame Castillo tras fuertes presiones de todos lados, hasta del interior del gabinete y el Partido Acción Nacional (PAN), envió a un taller de verificación una flotilla de 15 unidades vehiculares para realizar este trámite.
El propietario del establecimiento confió al reportero que "de esos 15 automotores, 11 eran prácticamente modelos del año, los otros cuatro eran de uso, camionetas de trabajo que, se dijo, las utilizaba en su negocio". Lo que no supo mi amigo era de qué negocio se trataba.
Así que lo que estamos viendo en lo relacionado a la ASF son minucias. Hay antecedentes verdaderamente fuertes y de cuantías económicas incalculables que merecían haber sido investigadas.
