No hay una cifra confiable de las víctimas del ajuste de cuentas entre grupos o en la batalla abierta contra las instituciones correspondientes, hay quienes la sitúan en unas 140 mil; sin embargo, son muchos los casos que jamás se conocen porque no son reportados.
Y no obstante que en buena parte del territorio nacional, sobre todo en entidades del norte del país, el Bajío como Michoacán y el sur como Guerrero, las cosas eran bastante complicadas; en Morelos las ejecuciones y decesos relacionados con la delincuencia de alto nivel eran incipientes, todo comenzó con el asesinato de Arturo Beltrán Leyva por el año 2008, fue el comienzo de una etapa desafortunada que todavía no termina y sigue causando bajas de las que tampoco hay números certeros.
Un recuento de los recientes 12 meses nos lleva a una cantidad escalofriante, más de 550 asesinatos que dan fe de que las cosas no mejoran y que el estado se coloca como uno de los espacios con mayor incidencia delictiva en el contexto nacional.
Pero el crimen ha venido acompañado de una creciente ola de secuestros de los que tampoco hay estadísticas serias, sólo podemos considerar que se trata de cientos de personas que han padecido este tipo de violaciones a sus derechos y que las consecuencias de ambos delitos son muy graves, la economía en todos sus niveles está contraída.
Claro, porque paralelamente crece la extorsión y el cobro de piso a todo tipo de negocios y empresas, que asediadas permanentemente por las gavillas de maleantes, están llegando incluso a la quiebra, lo que repercute en un mayor índice de desempleo y falta de oportunidades de ingresos para muchas familias.
Las autoridades han intentado responder mediante estrategias diversas, la más frecuente, un trabajo coordinado entre corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno, no obstante, tampoco eso ha logrado menguar la tendencia, a pesar de que se trata de un estado pequeño con una red de comunicación terrestre aceptable y sin grandes contrastes geográficos.
Hay en proceso medidas adicionales en las que se tiene apostado el futuro en esa materia, una intensa red de videocámaras que se entiende, serán instaladas en lugares estratégicos para intentar captar imágenes de sucesos de alto impacto, con lo que se podrá rastrear e incluso identificar a posibles delincuentes, pero esto es en teoría, nadie puede hoy adelantar que será un éxito.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en los más recientes días han venido apareciendo narcomensajes con señalamientos muy graves, que buscan hacer ver que algunas figuras de la actual administración estarían en complicidad con ciertos cárteles, lo que pareciera una nueva oleada en lo sucesivo.
Desde hace unos cinco años no hay queja más recurrente de la sociedad que el reclamo por el regreso a la paz y la tranquilidad, es un clamor popular hacia las instituciones en sus tres niveles, nada agradaría más a los morelenses que alcanzar el anhelo de vivir en armonía. El problema es que no parece haber medida y estrategia suficientes para poder siquiera recuperar el control perdido desde hace tiempo.
A nivel federal sí se aprecia cierto avance en la lucha anticrimen, ya lo más delicado se encuentra focalizado en dos o tres entidades, Michoacán, Guerrero y Morelos, el resto de los estados parecen haber logrado eficientar el control, hasta hace unos meses, lo más complicado se veía hacia estados del norte de la República como Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León o Tamaulipas, actualmente los números rojos no son tan dramáticos en esos espacios.
Y ¿por qué en Morelos?, ciertamente es algo extraño, somos una entidad pequeña con poco más de un millón de habitantes, es decir, el mercado de consumo de drogas tampoco es tan grande, en todo caso, sería en el Distrito Federal con más de 22 millones de ciudadanos y el Estado de México también densamente poblado, los que enfrentaran condiciones dramáticas.
Ahora bien, ¿es posible vencer al delito?, se supone que las instituciones gubernamentales están constitucionalmente obligadas a velar por los intereses y la seguridad de sus gobernados, para tal efecto, deben equiparse y prepararse, cosa que no parece estar sucediendo.
Sin embargo, no pareciera ser ese el origen de la incapacidad oficial para cumplir con su obligación legal, más bien, es la complicidad la que lleva al florecimiento de grupos de control alterno en el poder, en este caso, la delincuencia. Las cosas están mal porque así se ha querido, no se tiene la voluntad de actuar debido a que hay, desde algunas posiciones de Gobierno, quienes sacan ventaja económica del negocio del crimen organizado.
La capacidad financiera de los cárteles es de tal magnitud, que puede comprar consciencias y no sólo de simples policías de calle, también de políticos encumbrados, cuyas ambiciones de poder y de dinero no tienen límite, llegando a utilizar la confianza social para hacer negocios sucios.
Vemos cómo la impunidad es un elemento cotidiano, los delincuentes difícilmente son llamados a cuentas para pagar por sus faltas, porque tienen la facilidad de corromper a los que representan a las instancias competentes en la materia.
Cientos de violaciones, asesinatos y secuestros no son investigados, a pesar de que los afectados hacen hasta lo imposible porque se les haga justicia. Un ejemplo claro es el de Ana Karen Huicochea, asesinada por su novio perfectamente identificado, pero que no ha sido detenido por falta de interés de quienes deben hacerlo, como este caso hay decenas más y ¿a quién le interesa?, por eso las cosas están tan pervertidas.