Aquí, de acuerdo a información proporcionada por funcionarios de la propia dependencia, la Contraloría General de Gobierno, que sigue sin mostrar deseos de prevenir delitos y abusos de autoridad, aplicó auditorías en diversos programas de Desarrollo Agropecuario, luego de haber recibido varias quejas sobre presuntos desvíos.
El contralor, que sirve para dos cosas, nunca lo daría a conocer, pero luego de resultados que habrían probado las anomalías, se inició un procedimiento en contra de Fernando Romero, quien fungía como asesor del Secretario Roberto Ruiz Silva y, dada la gravedad de las faltas, lo inhabilitó para ocupar cargo o responsabilidad pública alguna en el contexto estatal.
Quienes conocen de cerca el tema, porque trabajan cerca del titular de la dependencia, sostienen que el ex asesor es inocente, lo único que hacía es firmar la validación de proyectos y entrega de apoyos que se consideraron mal aplicados, pero por órdenes superiores, no para beneficio personal.
Una de las causas de su inhabilitación fue porque signó y autorizó fondos para proyectos en la Universidad Politécnica de Morelos (Upemor) que nunca se ejecutaron. La pregunta es ¿dónde quedó el dinero? Cabe agregar que conforme a las versiones, Ruiz Silva da clases en esa institución de educación superior, de tal manera que tenía todas las facilidades para comprobar que se daba uso correcto al recurso.
Otro inconveniente es que hay diversas irregularidades en la construcción de la presa en Ajuchitlán, proyecto valorado en 2.5 millones de pesos, pero que terminó con una inversión por arriba de los nueve millones, que porque ahí el “servidor público” llevaba un 10 por ciento de comisión, ¿será? Y se agrega que la Federación había advertido que la obra era inviable.
Incluso, se sostiene que es su hijo el encargado de revisar y aprobar las peticiones de proyectos que concursan por apoyos de la Secretaría, convirtiendo aquello en un asunto de familia, cuando antaño, era un despacho externo el que desarrollaba esta etapa, precisamente para garantizar mayor transparencia y equidad en la asignación de ayuda.
El famoso rastro Tipo Inspección Federal (TIF), que se construye en la región poniente del estado es otra papa caliente, que ya habría generado molestia del gobernador, porque a estas alturas debía estar funcionando y se encuentra a menos del 50 por ciento de su conclusión. En este asunto, se han invertido algo así como 30 millones de pesos, dinero que fue desviado de un apoyo a productores cañeros.
Hay que recordar que Ruiz Silva venía ya con problemas tras su paso por la delegación de la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado y se refiere que con el apoyo del hoy consejero jurídico Ignacio Burgoa Llano, logró superar esos antecedentes, pero hoy estaría reproduciendo algunas prácticas similares.
Con todas estas inconsistencias se comienza a especular en relación a cambios en esa dependencia, incluso se dice que ahora sí habría una especie de pacto para que el senador Fidel Demédicis Hidalgo coloque a una gente de él para que se haga cargo de la Sedagro.
Hay que recordar que el temixquense radicalizó su postura en contra del gobierno estatal luego de que le negaran el control de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de Desarrollo Agropecuario, pero para algunos analistas, la relación tiende a una recomposición ante la proximidad del periodo electoral y que más de un secretario de despacho será sacrificado a finales de año para cumplir acuerdos pendientes.
Pero regresando al caso de Ruiz Silva, en Palacio se afirma que sus superiores ya están muy bien enterado de lo que acontece y prepara decisiones en la materia, si la Contraloría intervino es porque contó con el visto bueno del Jefe del Poder Ejecutivo, cuando surgen este tipo de inconvenientes, los funcionarios no actúan por iniciativa propia, menos tratándose de un secretario de despacho, desde luego que lo platican y consultan con su jefe superior quien les da instrucciones, eso se estima, pasó aquí.
Por lo tanto, es seguro que el resultado de las revisiones ya se pusieron en su despacho y sólo es cuestión de cuadrar las cosas para decidir qué hacer. Preocupa que la Contraloría guardara mucho sigilo sobre el tema, porque la inhabilitación de Fernando Romero no es cosa menor.
Ahora bien, por las referencias que en torno a ello se conocen, el señor realmente no es responsable de lo que pasó, cumplió instrucciones superiores y firmó documentos que al final no se acataron o sirvieron para desviar fondos, pero de ninguna manera en su beneficio, todo eso debería indagarlo la dependencia en cuestión para no cometer injusticias.
Sin embargo, tampoco es sencillo, todo se basa en pruebas y si el ex asesor firmó las aprobaciones no hay de otras, se tiene que proceder, sería interesante conocer cuáles fueron los argumentos que debió presentar en su defensa, pero desde luego que no será sencillo llegar a eso, porque de no haber sido por empleados y funcionarios de ambas dependencias que están enteradas de lo ocurrido, esto seguiría sin salir a la luz, el propósito es claro, se quería guardar en la mayor discreción el asunto.
Ese es el “modus operandi” de Contraloría, poco o nada se conoce de su desempeño, José Enrique Félix Iñesta, el titular, difícilmente accede a dar fe de su desempeño, abiertamente se niega a dar entrevista o a responder interrogantes respecto a acciones que son obligación y responsabilidad suyas dar a conocer públicamente, pareciera que esconde algo, igual y por ahí van las cosas.