Por lo visto estamos metidos en un problema del que difícilmente saldremos al corto plazo, lejos de hacer un esfuerzo por encontrar una salida al conflicto surgido en Guerrero y que viene dañando severamente la imagen del país en el extranjero, pareciera que hay quienes le están echando más leña al fuego.

El muchacho venía encabezando también la resistencia en contra de la construcción del gasoducto y de la termoeléctrica en aquella región oriente de la entidad, ello da motivos para que se considere que había interés del sector oficial por hacerle daño y esa fue la postura de los familiares y del dirigente del FPR, Florentino López, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer para pedir justicia sobre el caso.

Dijeron que ya desde hacía unos tres meses, era objeto de persecución y asedio policiaco en Ayala, porque lo relacionaban con los movimientos del caso estudiantil de Iguala, aunque dijeron que los responsables son parte de un grupo de delincuencia organizada que opera desde hace mucho en aquella parte de Morelos.

Pero insistieron y desde luego lo declararon crimen político y asesinato de Estado. Lo que nos faltaba, en medio de todo este cuadro interminable de sucesos violentos.

Y bueno, señalaron que el tema será parte de la Convención Nacional Popular, que busca generar un nuevo constituyente, bajo su entendido de que la actual carta magna ya no se ajusta a las condiciones políticas, económicas y sociales del momento.

Incluso, los restos de Salgado Delgado fueron velados aquí en Cuernavaca, a fin de que cualquier ciudadano pudiera acompañarlo. El caso es que entramos nuevamente en un ambiente de lucha, por parte de esos sectores que hace buen rato son los artífices de las movilizaciones que no ceden a nivel nacional por el caso Ayotzinapa.

Cualquier asesinato es condenable, sin embargo hay algunos que provocan mayor conflicto porque se trata de figuras con cierta notoriedad y eso es lo que ocurre en el tema que nos ocupa. Para la Fiscalía General de Justicia, se trató de un ajuste de cuentas que tiene que ver con la lucha que el difunto encabezaba, a fin de lograr la entrega de tierras a un grupo de ciudadanos de Oaxaca. Pero los inconformes insisten en que ya se veía venir algo así, ya que el hostigamiento policiaco era evidente desde hace buen rato.

Claro, nosotros podríamos agregar que en todo este escenario que ha mantenido vigencia por tres o cuatro meses, tras el asunto de los estudiantes en Iguala, también se aprecian intereses políticos y se menciona que hay ciertos líderes con enlace directo con Andrés Manuel López Obrador. Se intenta sacarle ventajas electorales, aprovechando la proximidad del proceso 2015.

POR TERRENOS DADOS A ANTORCHA EN E. ZAPATA DEBE GOBIERNO PAGAR 236 MDP

En otro orden informativo, tribunales federales condenaron al gobierno estatal a cubrir una indemnización de 236 millones de pesos, por la ilegal expropiación aplicada a un terreno ubicado en las proximidades de la Central de Abasto de Emiliano Zapata, con una superficie superior a 61 mil metros cuadrados.

El asesor jurídico de Nicolasa Jiménez, albacea del bien inmueble (dado que la propiedad perteneció a su esposo Camilo Orozco ya fallecido), Pedro Morán Rodríguez dijo que “desde hace unos cinco años venimos peleando el caso, pero finalmente el juzgado sexto de distrito, bajo el expediente 492/-4, otorgó una sentencia condenatoria al gobierno estatal, misma que fue ratificada por el tribunal colegiado”.

Y agregó que “la condena está desde junio del año pasado, sin embargo nos han traído de vuelta en vuelta y a pesar de que en reunión con la Consejería Jurídica y la Subsecretaría de Ingresos, que preside Jorge Michel Luna, se nos dijo que se aceptaba el adeudo, pero que no había dinero”.

Morán Rodríguez comentó: “El terreno está ocupado por 300 familias de Antorcha Campesina, a quienes se les entregó en calidad de compra-venta, pero con reserva de dominio. Es decir que el Estado mantiene la posesión, intentaron iniciar demanda como terceros perjudicados, pero se les pidió que no lo hicieran a través del extinto Invimor”.

Pero lo que dice el abogado, es que a pesar de que es una propiedad en litigio, ya les pavimentaron la mayoría de las calles, se les introdujo energía eléctrica y algunos otros servicios, lo cual compromete aún más a la administración.

Pero advirtió: “como que le vienen dando largas al asunto, ahora nos salen con que ha aparecido una nueva albacea, lo cual nos indica que buscarán recurrir a cualquier marrullería con tal de posponer resolver el conflicto, que ya está para ejecución desde hace más de medio año”.

Se propuso incluso buscar un acuerdo y firmar un convenio, pero tampoco se ha vio voluntad oficial, ello nos lleva a estimar que habrá que presionar en las instancias gubernamentales federales para poder desatorar el conflicto y consideró: “lo que hicieron fue un robo, no se le puede llamar de otra manera, sabían que la tierra tenía dueño y aún así la administración anterior de Marco Adame Castillo procedió a expropiarlo”.

Y abundó en el sentido de que “independientemente de inversiones en obras, sabemos que le dieron una lana a los dirigentes, algo similar a lo que pasó en el caso Alpuyeca, a fin de que no hicieran ruido y se mantuvieran al margen de demandas y todo eso ya se dio en este gobierno”, pero conforme a lo dispuesto por la justicia federal, deben pagar la indemnización, advirtió el asesor legal.