Ya desde diversas trincheras se han iniciado procedimientos legales en contra del nombramiento, entre ellos el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, por considerarse agraviados, al no haber sido tomados en cuenta como profesionales con los perfiles en materia.

Pero no es sólo el asunto de la unción del mencionado, también el nuevo organismo fue creado al vapor, incumpliendo las normas y omitiendo el cabal cumplimiento de una serie de disposiciones legales, contempladas para el tema que nos ocupa, y que ha dado margen al litigio al respecto.

La imparcialidad en el manejo de la ahora Entidad Superior es el primer incumplimiento, se viene manejando con tintes partidistas, cosa que impide un trabajo de fiscalización claro, transparente y legítimo, porque sirve a intereses muy específicos. En el pasado reciente, fue un coto de poder de la fracción priista en el recinto legislativo y con anterioridad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tenía al frente a Gerardo Casamata Gómez, por cierto indiciado y sentenciado por malos manejos.

Hoy, curiosamente, los amarillos vuelven a recuperar su control y tampoco bajo los mecanismos legales, porque los profesionales en el ramo, provenientes de diversas agrupaciones, vienen demostrando que se cometió absoluto desaseo en el nombramiento del auditor y lo menos que reclaman es que se reponga el proceso.

Y ellos ya se fueron por la vía legal, el asunto se encuentra en los tribunales federales y necesariamente deberá tener una respuesta, porque se señalan múltiples violaciones e indican muy concretamente que “el Congreso del estado, en su conjunto, la Junta Política y de Gobierno, así como la comisión calificadora, cayeron en desacato, al no haberse llevado conforme a los principios de publicidad, seguridad jurídica, legalidad, fundamentación y motivación”.

Como parte del procedimiento, se establece que “el auditor deberá ser electo por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión de pleno, de una terna propuesta y evaluada por la comisión calificadora, algo que nunca ocurrió”.

Es decir, agregan en la denuncia, debió emitirse una convocatoria abierta a las agrupaciones y colegios de contadores y abogados, a fin de que hicieran sus propuestas a la terna y además los acuerdos debieron ser publicados en el órgano oficial del gobierno el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cosa que igualmente se omitió.

Y en ese sentido Cristina Minerva Rodríguez Juárez, presidenta del Colegio de Contadores, y compañeros suyos como Mario Guerrero Suárez y José Alfredo Salgado, señalan que los agremiados de sus respectivas agrupaciones fueron violentados en sus derechos de poder participar del concurso.

Se establece que por todos los vicios cometidos en la designación de Vicente Loredo, que transgrede la Ley de Fiscalización Superior y el reglamento del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, “dicho nombramiento es inconstitucional”, por lo cual se promovió un juicio de amparo en contra de quienes hicieron posible tales aberraciones.

El auditor llamó a una rueda de prensa para hacer algunas precisiones el pasado 24 de marzo, la verdad es que acabó más enredado y exhibido. Cuando se sintió acorralado por los representantes de los medios de información, quienes le pidieron aclarara si había sido o no representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral hace unos años, y sólo atinó a decir “esa pregunta no se las voy a contestar”.

Algunos compañeros del medio informativo que cubrían la fuente del Consejo Estatal Electoral recuerdan parte de sus acciones en aquellos tiempos, hará cuestión de cinco o seis años, destacaban que “fue uno de los que intentó, seguramente por instrucciones de su partido, meter como diputado local plurinominal a Juan Ángel Flores Bustamante, posición que en dicha ocasión no logró, porque los porcentajes en la votación no cuadraban”.

No hay error, el hombre tiene compromisos muy directos, su instalación al frente de la Entidad Superior de Fiscalización lleva un propósito claro, va a proteger a los de casa y a perseguir a los de enfrente, de eso tampoco hay duda, pero también apreciamos a un personaje que por lo menos en estos momentos no se encuentra al nivel de las circunstancias, carece de capacidad, experiencia y maduración, fueron suficientes dos o tres interrogantes medio difíciles, para que perdiera la estabilidad emocional.

Para acabar pronto, apenas va comenzando y ya está tocado, y pensar que el nombramiento es hasta por ocho años y con posibilidad de reelección. Claro, eso difícilmente se cumplirá, cuando los escenarios políticos vuelvan a cambiar, cualquier argumento será suficiente para dejarlo fuera del cargo, así aconteció con Casamata, qué decir de Luis Manuel González.

Pero como le hemos descrito, las múltiples violaciones cometidas en el proceso de su designación no dejan lugar a dudas, por lo tanto los tribunales federales podrían ordenar su remoción tempranamente. Francamente sería lo más conveniente, la ilegitimidad con la que llega será un factor desafortunado en su gestión.

Mario Guerrero dice que la violación constitucional no tiene perdón y estima que para esta responsabilidad se requieren contadores especializados en auditoría gubernamental, no improvisados, como en el caso que nos ocupa, porque el señor carece de experiencia y capacidad técnica.