Es decir, el eterno vicio de la partidización de espacios, lo que nos ha dado como resultados una cuestionada actuación, porque aquellos que logran llegar con el “apadrinamiento” de algún politiquillo o partido, están comprometidos con ellos y la responsabilidad de actuar imparcialmente queda en segundo plano.
Pero además hablamos de personajes que ya cuentan con una posición privilegiada, van en busca de otra e intentan colocar a sus “alfiles” en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para complementar el gasto. Seguramente, lo que ingresan legalmente y por fuera no les es suficiente.
En este caso nos referimos a legisladores como Lucía Meza Guzmán del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y algunos de Acción Nacional (PAN). Lo que se nos indica es que incluso han hecho algo así como una alianza para influir en las designaciones, pensando en causas personales.
Y decíamos que francamente esas actitudes son cuestionables porque son diputados locales en activo, a pesar de que ya andan en campaña político-electoral, en busca de una posición al Congreso de la Unión, en algo que no por ser “legal”, deja de ser inmoral y le diremos por qué.
Cualquier otro político o ciudadano que aspire a algún cargo de elección popular y que ocupe alguna responsabilidad en los tres niveles de gobierno, debe separarse del cargo para poder contender por una candidatura, en cambio los legisladores locales no, a ellos sí les permite la ley seguir cobrando del erario público, en este caso en la cámara local de diputados, y hacer proselitismo hacia otra representación.
¿No le parece esto injusto e inequitativo? Desde luego que lo es, pero ¿sabe por qué la disposición legal es así?, pues porque son ellos mismos, los “representantes populares” quienes aprueban o desaprueban las normas a seguir y entonces se despachan de acuerdo a lo que les conviene. Sin embargo, reiteramos, eso es inmoral, y si tuvieran algo de ética, ya habrían solicitado licencia, no lo han hecho, entonces su calidad moral está en entredicho.
Pero regresando al tema, vemos que no se conforman con mantener una posición de privilegio al ser legisladores en activo y andar buscando otro cargo, quieren colocar a sus cuadros en el Poder Judicial, otra acción inmoral y de ausencia de valores, ya que sólo en el discurso hablan de una impartición de justicia por encima de políticos y de partidos, en la práctica luchan afanosamente por sacar raja de todo.
Bueno, al interior del recinto Legislativo local se menciona que la diputada quiere a su secretario particular como magistrado. Ya ve que también está detrás de la presión que se genera a favor del abogado penalista Cipriano Sotelo Salgado, a pesar de que en su caso habría conflicto de intereses, él suele ser defensor de presuntos delincuentes y no de ésos de barrio bajo, sino de delincuencia organizada.
Cierto, en el Legislativo la instancia que define el nombramiento de magistrados, pero el procedimiento debe ajustarse a normas y generalmente éstas hacen énfasis en la imparcialidad, el profesionalismo y los perfiles, con el propósito de que una vez en el ejercicio de sus funciones, actúen sin más compromisos que con la sociedad. Claro, hablamos de lo ideal, sin embargo las evidencias han venido mostrando lo contrario desde que tenemos memoria.
Pasamos por un momento histórico crucial, por momentos pareciera que las instituciones son rebasadas por la impunidad, delincuencia, incapacidad, para ofrecer a los mexicanos, en este caso a los morelenses, dependencias capaces de mantener el estado de derecho y el orden constitucional.
En buena medida podemos afirmar que eso se debe a la ausencia de valores y de compromiso con esta nación, de parte de quienes, en una posición de privilegio, se instalan en la toma de decisiones. Los que llegan no son los mejores, están ahí para responder a instrucciones de quienes los beneficiaron y al paso de los años la cadena es ya interminable y abarca diversas instancias de las estructuras de gobierno y de los poderes públicos.
Y lo que intentan, se reproduce en otros espacios como el ahora Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), cosa que impide el desarrollo de la auténtica democracia y la real participación ciudadana, porque es lo mismo, los partidos políticos tienen secuestradas esas instancias, a fin de inducir decisiones y resultados electorales cuando se requiera para llevarse victorias que no ganaron con el sufragio universal.
Y pareciera un poco aplicable aquí aquello del “perro de las dos tortas”, pero se queda corto, ellos se manejan en medio de tres, son diputados locales, buscan una legislatura federal y de paso presionan para influir en el nombramiento de magistrados. Simplemente, no se les debe permitir tanto abuso.
Insistimos, si por lo menos buscaran cuadros competitivos y capaces, igual y no sería tan criticable, pero suelen inducir a personas serviles, aquellos que van a cumplir cabalmente sus instrucciones y actuarán sin iniciativa propia. Todo ello alimenta la corrupción, la infuncionalidad institucional, el desorden y la anarquía, lo que es el reflejo, de lo que hace buen rato, padecemos los gobernados.
Ambos “representantes populares” lo que deberían hacer es pedir licencia como diputados para poder ir ante el electorado con la cara en alto, ya una organización de abogados les solicitó ser congruentes, advirtiendo que su compromiso como tales es dedicarse de tiempo completo a la legislación, es claro porque andan en campaña, no lo vienen haciendo, pero ante ello nadie respondió y se siguieron de largo. Hay excepciones, Rosalina Mazari Espín también busca ser diputada federal, pero ella sí pidió permiso, ahí se ve la diferencia en calidad moral.
