Pero también aseguraron que “hay un robo abierto de combustible, más del 50% del energético es sustraído por los propios agentes, incluso ya uno de los mandos en Torre Morelos fue dado de baja al habérsele comprobado desvíos importantes en la materia”. Luego dijo que “ya incluso hay acuerdos con empleados de algunas gasolineras, de tal forma que de los 500 pesos que se les asigna por unidad, sólo cargan 300, de los restantes 200, 50 pesos son para el personal de la gasolinera y 150 se los regresan en efectivo al policía”.
Esto, a decir de los agentes, no es nuevo, sin embargo pareciera que hasta ahora se vienen dando cuenta los mandos superiores, que tampoco parecen muy preocupados por ello, porque no hay indicios de que se intente establecer controles para acabar con el robo. La Secretaría de Administración tendrá que buscar mecanismos para controlar el problema, porque sumadas las cantidades que se desvían entre el número de patrullas hacen sumas económicas nada despreciables.
Pero esas se antojan minucias en comparación con lo que ocurre a nivel del titular, que los fines de semana gusta mucho de convivir con algunos otros personajes de la clase política local, entre ellos el subsecretario Omar de Lassé Cañas y el diputado local Jordi Messeguer Gally. Los cotidianos encuentros que terminan a altas horas de la madrugada y en condiciones no muy decentes que digamos, se dan en la residencia que el señor comisionado tiene en el exclusivo Fraccionamiento Country Club del municipio de Temixco.
Bueno, uno de los colaboradores de Lassé dijo al reportero que “casi cada ocho días se encierran en el bunker de Capella, que por cierto es custodiado por 15 o 20 elementos y salen en la madrugada en completo estado de ebriedad, no vemos en el señor mucha preocupación por lo que en materia de inseguridad ocurre en la entidad”.
Sin embargo, lo que empieza a inquietar, incluso a algunos legisladores locales, es que se ha destinado mucho dinero para el combate a la delincuencia, sin resultados visibles. El diputado Carlos de la Rosa Segura estimaba que se han orientado a este rubro, vía la CESP, unos dos mil 500 millones de pesos, entre otras cosas, para la construcción del C-5 y la adquisición de video cámaras que nadie sabe dónde están y si operan o no.
El propio gobernador Graco Ramírez Garrido comprometió la instalación de mil 200 cámaras que serían el sustento informativo del C-5, pero no se conoce con precisión qué está pasando al respecto. Para él, existen probados motivos para estimar que hay una millonaria desviación de fondos, lo que merece ser investigado por las instancias competentes.
Otro agente de Mando Único manifestó que “eso de que ganamos cerca de 16 mil pesos al mes es una falsedad, la verdad es que son menos de ocho mil pesos (y mostró un talón del cheque) y hay que ganarlos con extenuantes jornadas laborales, maltrato de los jefes y toda serie de incomodidades”.
Algo que llamó la atención, es que también aseguró que no es cierto eso de que se alquilaron 200 unidades patrulla, fueron 130, las restantes 70 corresponden al parque vehicular viejo y sólo fueron recuperadas y mejoradas ligeramente, sin embargo la renta se paga en función de las 200. “Alguien se está beneficiando con eso”.
Lo hemos dicho en otras ocasiones, hay en relación a la Comisión Estatal de Seguridad un mundo de dinero que parece no estar siendo manejado transparentemente, comenzando con el hecho de que el contrato del arrendamiento de unidades para la corporación “Morelos Seguro” por un político avecindado como intermediario, para el cobro del porcentaje correspondiente.
No obstante, este presumible negocio de Capella Ibarra no lo tiene satisfecho, el hombre ha venido buscando la manera de quitarse de en medio al fiscal general de justicia Rodrigo Dorantes Salgado, para “apadrinar” ahí a un incondicional que le genere más beneficios y para ser quien controle al cien por ciento la plaza en la entidad.
Para de la Rosa Segura, es quien está detrás de todos los rumores relacionados con la presunta renuncia al cargo de Dorantes, al que le redujeron en 300 millones el presupuesto, “como que lo quieren estrangular”. Pero no obstante tantas irregularidades, a nadie le cabe duda de que Jesús Alberto es uno de los hombres más seguros al interior del gabinete del gobernador Ramírez Garrido, cualquiera podría sustituido, pero él difícilmente.
Y ¿a qué se debe esa confianza absoluta?, porque tampoco ha dado los resultados prometidos en materia de prevención, la entidad sigue envuelta en serios conflictos delincuenciales, los crímenes relacionados con el delito organizado y los secuestros vuelven a tomar relevancia, contradiciendo las cifras oficiales que muestran a un estado en paz.
Desde el Congreso local le solicitaron respondiera un decálogo sobre el desempeño en sus funciones y el destino de los miles de millones de pesos que ha manejado, no contestó, omitiendo la mayoría de las interrogantes, sobre todo aquella que pide precisión en lo relacionado al número de video cámaras adquiridas e instaladas.
El C-5 opera en función de estos instrumentos tecnológicos, al no disponer de ellos, es algo así como un “elefante blanco” que es presentado como la novedad sexenal. Un dato al respecto indica que sólo se han instalado 400 cámaras, contratadas a la empresa “Kio Networks”, las que resultan insuficientes para dar cobertura a todo el estado.
