En lo relacionado a los desechos sólidos, la presidenta de la mesa directiva Lucía Meza Guzmán venía fallando en el intento de alcanzar el número necesario de legisladores a fin de que la asamblea validara el tema, incluso en la sesión del pasado 14 de julio, se observó un vacío de asistentes con la clara finalidad de evitarlo.
Ayer, tras una sesión solemne, se esperaba dar continuidad a los trabajos porque se había decretado sesión permanente, no obstante la resistencia en la calle era visible, por eso se estimaba que de hacerlo, sería ya avanzada la noche, cuando los ánimos hubieran disminuido o los inconformes retirado.
Por los motivos que sea, el caso es que el Congreso local continúa siendo objeto de serios cuestionamientos en su desempeño como parte de los tres poderes estatales, a esta generación de “representantes populares” se le atribuyen muchas acciones que no corresponden al sentir popular.
Claro, tampoco es diferente en mucho a lo que ha pasado en recientes legislaturas; a ello debe el Congreso un enorme desgaste de imagen pública, pero nos parece que es un castigo que tiene sus motivos y razones, son acciones no escritas y acaso testimoniales, pero este poder no ha cumplido con su función histórica y de mandato constitucional en el sentido de generar equilibrio.
Muy frecuentemente y en temas de la mayor importancia, los diputados suelen caer en la tentación de negociar acuerdos y validar propuestas que son en su mayoría contrarias a los intereses colectivos. Ya lo decíamos, difícilmente se pueden encontrar pruebas documentales de ello, son pactos no escritos, pero por lo menos a nivel de opinión pública, existen muchos asuntos que se arreglan con dinero.
Un caso casi siempre negociado es el relacionado con la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos cada fin e inicio de año, ahí se entra en un forcejeo entre el Congreso y el Ejecutivo, por la distribución del presupuesto y un paquete al gusto de palacio, requiere del acompañamiento de recursos a fin de alcanzar el número de votos suficientes.
Bueno, en lo que se trata de la propuesta de concesionar el servicio del alumbrado público y la basura en los municipios merecería una consulta popular, a fin de que la población lo valide, pero como existe el riesgo de que ambos temas sean rechazados, mejor hay que aprobarlo a puerta cerrada y de espaldas al ciudadano.
Igual y es lo más conveniente para poder mejorar la calidad en la prestación de ambos servicios, como sostienen los que están detrás del negocio, pero se entiende que en una democracia es la voz del pueblo la que tiene que imponerse y si se equivoca, pagará las consecuencias, pero por lo menos sabe que a eso le apuesta.
En lo que toca a la basura, se insiste en que es el camino para poder eliminar tanto foco rojo y tiraderos a cielo abierto, además de que los municipios estarían pagando algo así como una octava parte de lo que hoy erogan por el destino final de cada tonelada de basura.
Es decir, difícilmente los representantes del pueblo asumen su responsabilidad de defensa de los intereses populares, ante posibles excesos de los otros poderes, van predispuestos a agarrar todo lo que caiga y los cálculos más conservadores llevan a estimar que los emolumentos y prerrogativas que son simbólicos.
Aquí y en esta etapa final de la actual legislatura lo vemos claramente, diputados que llegan con el encargo específico de promover y cabildear propuestas enviadas desde palacio.
Pero esta descripción pareciera ser puntual en cualquier régimen de gobierno, no atiende a colores de partido porque el comportamiento es el mismo, pudimos aplicarla durante la hegemonía del PRI hasta el 2000, durante los 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) y ahora con un partido distinto a los anteriores.
