El fenómeno del "pirataje" es un asunto largamente cuestionado a las instituciones públicas, sobre todo a la Secretaría de Gobierno a través de la dirección general del ramo, porque por momentos se antoja que se trata de un juego de intereses que impide la estricta aplicación de la Ley en la materia contra quienes prestan ese servicio sin contar con la concesión para ello.

Pero tampoco es sólo la Uclat: hasta hace algunas semanas debíamos soportar plantones, protestas, bloqueos de calles, de parte de otro promotor de grupos ilegalmente metidos en este rubro que es uno de los más problemáticos, René Jiménez Aquino.

Quién no recuerda a otros personajes metidos en la política utilizando sus influencias para abundar en la confusión y el pirataje como en el caso de la hoy regidora perredista Manuela Sánchez López.

Es decir, una serie de grupos e individuos amparados en el anonimato y en ocasiones a la luz del día, haciendo de las suyas, aprovechándose de la confusión que hay en una actividad tan intensa que posibilita ocultar muchas acciones, sin descartar que en algunos casos, hasta cuenten con la discrecionalidad de quienes tienen el deber y obligación de perseguir esos vicios.

Se aprecia sin embargo un mayor control de las instituciones públicas, el Subsecretario de Gobierno, Javier Bolaños Aguilar le ha tomado la medida al monstruo y logró apaciguar los ánimos de muchos que intentaron medir fuerzas a su llegada hace unos meses al cargo.

Pero no obstante lo anterior, se habla de dos y hasta tres mil unidades "piratas" circulando en la vía pública prestando el servicio del transporte sin ningún documento que lo avale.

Esto es delicado, porque son instrumentos fuera del orden que pueden ser utilizados por los delincuentes para cometer sus fechorías, de ahí la necesidad de que se emprenda una verdadera cruzada para localizar unidades chuecas y sacarlas de circulación.

No es tarea menor, lo sabemos, entre taxis, microbuses, combis, autobuses y demás modalidades estamos hablando de miles y miles de automotores. Encontrar a los irregulares requiere de una buena investigación, que al parecer no hay.

En ello los empresarios y concesionarios deberían contribuir, porque finalmente son los beneficiarios en caso de una limpia general, los "piratas" representan una competencia desleal.

Se supone que el cuerpo de inspectores, que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) regresó al control de la DGT, porque se dedicó al pillaje, contribuyendo al desorden, pero aún no se les ve el trabajo.

Son ya muchos años, décadas, podríamos decir, de promesas y compromisos oficiales en el sentido de reordenar y reestructurar el servicio público del transporte y seguimos exactamente en las mismas.

Lo que ahora sostienen algunos líderes gremiales como Enrique Ramos Cepeda es que la sustitución de unidades viejas por nuevas es un proyecto desarrollado por ellos y no disposición oficial, ciertamente hay algunas rutas sensiblemente mejoradas, pero otras francamente están violando normas muy claras como aquella que limita a 10 años de vida la circulación y siguen trabajando.

En cada incremento de pasaje se condiciona el porcentaje a la adquisición de automotores nuevos o repotenciados, pero es sólo una manera de calmar el descontento de los usuarios, al paso del tiempo es muy poco lo que se hace.

Por lo pronto, los regulares andan ya presionado para que se les apoye con créditos para comprar unidades o de lo contrario, que se les vuelva a autorizar otra alza.

Incluso, la capacitación del personal operativo se ha quedado a medias, durante algún tiempo efectivamente se trabajó en ese sentido, se realizaron exámenes y se presionó para que hubiera un cambio de actitudes positivas en lo relacionado a la atención y calidad del servicio, pero como que no se le dio continuidad.

Uno de los puntos acordado era el de la obligada portación del gafete por quienes estuvieran al volante, mismo que era otorgada luego de haber asistido a los cursos de capacitación, pero como que regresamos a la anarquía.