Sin embargo, han sido las dos administraciones anteriores las que socavaron la escasa estabilidad que en la materia había y comenzaron a heredar sólo compromisos casi impagables para quienes se hacían cargo de las administraciones, sin embargo, comenzamos a observar que esos errores se vuelven a repetir.
Mucho tuvo que ver la aparición de sindicatos en las alcaldías a partir del comienzo de la alternancia, por ahí del año 2000; fue un instrumento pensado por los ediles que salían, con la finalidad de que sus recomendados no fueran removidos por su sucesor.
Pero se llegó al exceso, tanto que en algunos municipios hay tres o hasta cuatro sindicatos, número que corresponde a las alternancias políticas que han vivido, porque cada presidente municipal hacía lo propio, llevando a la saturación y sobrepoblación de personal.
No es exagerado cuando decimos que muchas administraciones municipales cargan nóminas con más del 100 por ciento de empleados de los que requieren, sólo en gasto corriente se llevan el 80 por ciento del presupuesto, dejando algunas migajas para la inversión de obra pública, por eso este trienio no dejó gran cosa a la población.
La cosa es que de última hora se intenta dar una sacudida mediante el despido de personal, pero sin la idea de cumplir con el pago de liquidaciones conforme a derecho, de tal manera que las demandas laborales se continúan acumulando y en el mediano plazo, hablamos de laudos que representan finiquitos millonarios.
El caso Tlaltizapán es muy claro, María Cruz Bastida, quien heredara el cargo de presidenta municipal cuando Matías Quiroz Medina solicitó licencia para venir a ocupar la Secretaría de Gobierno en el gabinete del gobernador Graco Ramírez, echó a la calle a cerca de 30 empleados a los que les niega todo derecho a ser indemnizados, hasta ayer, seguían reclamando atención.
Pero este tipo de acciones se multiplica por todos lados, porque no hay una cultura de respeto a los derechos laborales y en el ejercicio del poder, la mayoría de ediles cae en desobediencia aún ante procesos concluidos que reclaman de un cumplimiento a la disposición de tribunales en la materia.
Cuando la presente generación de alcaldes intentó del Congreso local su aprobación para la contratación de créditos para poder superar las dificultades presupuestales, se comprometieron a corregir el camino mediante acciones diversas, como eficientar el cobro de ingresos, reducir gastos innecesarios, manejarse en austeridad, pero poco o nada hicieron al respecto, por el contrario, hay indicios de exceso en muchas comunas.
Reynoso Nava en Amacuzac, uno de ellos
Y en torno a esos visibles excesos un claro ejemplo es el edil de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, quien se llevó los tres años en riña con su antecesor y diputado local, Alfonso Miranda Gallegos; casi llegan a las agresiones físicas y en ese andar se le olvidó colocar siquiera la primera piedra de la Presidencia municipal que el legislador se encargó de demoler unas semanas antes de que dejara esa responsabilidad para venirse al Congreso.
Tampoco hubo obra pública, pero cualquier lugareño le dice que el señor compró una bonita propiedad en la comunidad de Miahuatlán, donde construyó un rancho en ese mismo municipio, valuado actualmente en unos 15 millones de pesos, eso se comenta mucho en esta zona.
Bueno, las versiones son distintas, porque también se insiste en que finalmente se vio obligado a pactar con sus enemigos políticos que amenazaban con llevarlo a juicio para destituirlo del cargo y poco antes del proceso electoral de junio, tuvo que entrarle con cinco millones de pesos.
Es decir, las deudas impagables, la insuficiencia monetaria para poder mejorar la infraestructura de servicios vía obra pública en sus respetivos territorios, no ha sido impedimento para que los alcaldes hicieran de las suyas, la absoluta mayoría de ellos se van protegidos financieramente por muchos años.
La cosa es que entregan en fin de año, cuando hay que pagar aguinaldo a los trabajadores y en algunos casos son tres meses y por lo que hemos podido percibir de la Secretaría de Hacienda, no existe posibilidad alguna, de que, como en otros años, se les adelanten participaciones, simplemente porque se van y no pueden hacer compromiso alguno.
El temor es que buena parte de los alcaldes recién llegados, tengan que cargar con las deudas ajenas y ni de dónde echar mano, porque las arcas estarán vacías, quizá repletas de facturas a pagar, consecuencia de compromisos y contratos incumplidos.
A los nuevos ayuntamientos les viene una coyuntura todavía más difícil, las participaciones estatales y federales tienden a la baja, por eso es que, tanto la Federación como el gobierno del estado debieron diseñar estrategias preventivas para enfrentar el futuro cercano. La presidencia de la república redujo drásticamente el gasto corriente y de inversión, en nuestra entidad no sólo se adelgazó la nómina burocrática, también se cancelaron gastos de representación a funcionarios, uso de telefonía, unidades vehiculares y la cosa parece llevar a que seguirán los programas de austeridad.
Esto nunca lo vimos reproducido en los municipios, simplemente porque a los presidentes municipales no les preocupa, ya se van y no le iban a hacer el favor a su sucesor, por el contrario, si a su alcance estuvo, colocaron todavía más obstáculos a fin de hacerlos quedar mal desde el principio. Pero en el final de la cadena, es el gobernador quien padecerá siempre las consecuencias de esta degradante manera de ejercer el poder público y la política en nuestro país o estado, ellos acaso enfrentarán el repudio popular.
