Alguien tenía que pagar las culpas de las omisiones legales cometidas en materia de laudos y devolución de pago de impuestos, sin embargo, en lo que queda del mandato, quien quede al frente de la comuna deberá pagar los adeudos, de otra manera, el ya edil electo en esta alcaldía, Fernando Aguilar Palma, llegará destituido y habría que ver si es o no procedente que tome protesta el primero de enero del año entrante.
Es decir, la sanción a partir de la destitución es en función de la institución, o sea, del presidente municipal, no de la persona, por lo tanto, mientras no se dé cabal cumplimiento a las violaciones a la Ley en la materia, la determinación de ese órgano superior sigue vigente, y quien se asuma como edil continúa impedido para poder desempeñar sus funciones.
Martínez Varela no tuvo voluntad para cumplir reiterados llamados de los tribunales competentes para pagar los adeudos vencidos, no creemos que después de que se ha decretado su destitución, haga algo para evitar que su sucesor, Aguilar Palma, llegue a la hora de la asunción del mandato sin problemas, más aún que se trata de otra alternancia política más, el primero es perredista, el otro es verde ecologista.
Quedará entonces en manos del interino hacerle frente al complicado asunto, no le vemos otro camino, sin embargo, el problema es casi generalizado en el resto de los ayuntamientos, son unos cuantos ediles los que se salvan de conflictos similares.
Ese es el asunto y lo mejor que debiera pasar es que se tome enserio aquello de que “si ves las barbas de tu vecino rasurar…”, porque de otra manera continuarán rodando cabezas. A decir de la titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, hay unos 13 alcaldes más en las mismas condiciones, con laudos vencidos que se han negado a pagar.
La decisión de la SCJN tiene, sin duda, temblando a más de un presidente municipal en estos momentos, ojalá que los haga entrar en cordura, porque sólo mediante estas acciones tajantes se puede ir recuperando el cumplimiento de la Ley en cuestión de conflictos laborales.
Se acostumbraron a vivir en medio de un mundo de complicidades y arreglos entre poderes, de tal manera que no advirtieron que existen niveles y podía venir una decisión superior inapelable, le tocó al edil de Emiliano Zapata servir de ejemplo y advertencia para el resto de sus correligionarios.
Ya le recordábamos el caso de la hoy diputada local electa, Hortencia Figueroa Peralta. A ella se le notificó antes del fin de año que estaba destituida, pero muy inmersa en el ambiente político local, supo cómo omitir el cumplimiento de su deber sin tener que dejar la comuna de Jojutla.
Simplemente puso oídos sordos a los requerimientos, mientras buscaba respaldo y cómplices en el resto de los poderes. El Congreso local se sacó de la manga que no le correspondía tomar la decisión de hacer cumplir la orden de destitución, el tribunal laboral alegaba que a los legisladores les competía, y en eso se la llevaron, hasta que ella pidió licencia para ir por un distrito local en aquella zona sur y no pasó absolutamente nada.
Pero detrás de cada acción de incumplimiento hay muchos afectados, generalmente ex trabajadores que fueron despedidos injustamente, a quienes además de dejar sin trabajo, se les negó el pago de liquidación respectiva y a esto se le llama violar las garantías y los derechos humanos por parte de una autoridad, imagínese en qué Estado de derecho nos manejamos.
Pero para que todo esto sea posible, se tiene que contar con aliados y ahí la legislatura local aparece en primer término, se han prestado a cualquier tipo y número de arbitrariedades, muy escasamente algún diputado levantaba la voz para hacer reflexiones o llamar a la cordura a los alcaldes, y lo menos que se puede pensar es que alguna ganancia obtenían con el encubrimiento, no consideramos que fuera gratuitamente, no vemos razones para ello.
Así que los presidentes municipales de Jantetelco, Cuautla, Zacatepec, Amacuzac, y Axochiapan, por citar algunos, tienen que apresurarse a cubrir los laudos vencidos, o correrían la misma suerte. Ya lo mencionábamos ayer, los afectados por esas omisiones saben ahora que si en el ámbito local no les hacen caso, pueden recurrir a la Suprema Corte y con suma facilidad, tras lo de Emiliano Zapata, estarían llevándose entre los pies a sus respectivos ediles.
Gómez Orihuela calculó en más de mil 200 millones de pesos el monto que en conjunto adeudan los presidentes municipales por concepto de laudos, es una suma importante, pero son cientos a quienes injustamente se les ha violentado su derecho de ser retribuidos por años de trabajo en los ayuntamientos. Es una ingratitud que merece ser sancionada, porque además, no crea que ese dinero que no se pagaba se destinaba a obras de beneficio social, lo más seguro es que acababa en el bolsillo de los ediles y sus más cercanos.
Como suele suceder siempre, qué lástima que en lo local, la aplicación de la justicia deje mucho que desear y que se tenga que recurrir a la esfera federal, con los esfuerzos que eso representa para los agredidos, para poder obligar al cumplimiento de sus derechos. Ahí queda como antecedente y seguramente será la única manera de que, en lo sucesivo, no se cometan tantos abusos en materia laboral.
Martínez Varela además estaría siendo privado de su libertad, también por decisión de la Corte y debe ser bastante doloroso estar ejerciendo el poder y de pronto, tras las rejas, totalmente desamparado y hasta donde presentimos, el estado no hará mucho por él, hay algunas diferencias con el régimen en turno.
