Por protestas que aparecieron por todos lados, con contingentes ciudadanos que con bloqueos de calles, avenidas y carreteras, la ciudad de Cuernavaca sufrió otro más de esos días difíciles para todos aquellos que no tenemos vela en ese entierro, por los congestionamientos viales.

Y ya una vez al interior de la capital, la cosa estaba tranquila; claro, si no se tenía la necesidad de salir de ella. Sólo en torno al Congreso local, un nutrido número de manifestantes mantenían un plantón con gritos y proclamas en contra de la desafortunada acción –así lo decían ellos–, de los “representantes populares”.

Claro, los afectados eran los empleados del recinto, porque los diputados andaban fuera de ahí, casi a salto de mata, acordando dónde se concentrarían para dar el golpe definitivo, aunque se insistió mucho en que un panista se había quedado atrapado con su personal. De todas maneras, ése no sería impedimento, seguramente por teléfono estaría en contacto con sus “compañeros” para dar curso a la sesión.

Y aparecieron todo tipo de especulaciones respecto al punto de su concentración. Algunos decían que se encontraban en Suites Paraíso, otros que en Cocoyoc, unos más que en Tepoztlán, y al final se dijo que habían decidido irse al centro de convenciones de Xochitepec, porque era más fácil impedir el acceso a quien intentara ir a amargarles el día.

Resguardados con un fuerte operativo de seguridad, que se encargó de bloquear los únicos dos accesos al inmueble, los salientes legisladores podían al fin sentarse para consumar sus intereses sin los molestos gritos del pueblo, finalmente a partir del martes ya muchos de ellos regresarán a tocar tierra, porque dejarán de ser “representantes” del pueblo y qué importa el descontento de los plebeyos, en unas cuantas semanas se les olvidará y ellos, sin problemas, podrán disfrutar de los beneficios alcanzados –y por lo visto son muchos– en esos tres años.

Bueno, aquello fue tan exclusivo que ni los representantes de los medios informativos lograron romper las barreras, no se les dejó pasar, porque el operativo policiaco incluía vigilancia en todas las puertas hacia los salones, pues aquello era sólo para los involucrados. Lo malo es que ya tampoco les permitían salir de la zona, los periodistas se habían quedado atrapados y sin lograr dar testimonio de los hechos.

Se estaban despidiendo por la puerta trasera, porque para nada quisieron enfrentar al pueblo. Aunque, como suelen decir los políticos, ¿y cuál pueblo? Al final, nada ni nadie los hizo reflexionar, las quejas múltiples no precedieron, el reclamo respecto a que la concesión de luminarias municipales a 20 años era descabellado y el precio a pagar por parte de la población, inaceptable, tampoco hicieron eco. Porque, a juicio de los inconformes, el negocio entre unos cuantos era lo que dominaba las pasiones.

Acusan a director administrativo de la SMyT

Por otra parte, un grupo de ciudadanos que se autoconsideró afectado, denunció al director general de administración de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Arturo A. Albor, de violentar sus derechos constitucionales y garantías individuales y de familia, en lo que toca a los procedimientos inadmisibles mediante los cuales se desarrolla el registro de unidades vehiculares.

Tras solicitar el anonimato para evitar represión, expusieron en un documento que “el señor, sin que la Ley le otorgue facultades, envía personal a inspeccionar los hogares de algunos propietarios de vehículos, supuestamente para verificar datos de identidad y de domicilio de los particulares”.

Recuerdan que “en el artículo 16  de la Constitución General de la República se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En la denuncia se agrega que “ni el reglamento interior de la SMyT o en su manual de políticas y procedimientos, existe disposición alguna que faculte al director administrativo a aplicar esos procedimientos que violan los derechos de los demás”.

Advirtieron que iniciarán una denuncia formal con base en la Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos  que prevé sanciones a quienes cometan excesos, omisiones o actos contrarios al buen desempeño del cargo.

Más aún, recordaron que “la Ley de Información Pública, Estadística y de Protección de Datos Personales, sanciona a los servidores públicos en casos de ejercicio indebido de funciones, con una suspensión de hasta seis meses, además de una multa por mal uso de información proporcionada por particulares”.

Pero ya fuera del documento consideraron que el actuar de Arturo A. Albor deriva en actos de espionaje y hostigamiento, por eso estimaron prudente solicitar al titular de la dependencia, Manuel Santiago Quijano, su inmediata remoción, a fin de que enfrente las denuncias como ciudadano.

Luego recordaron que es uno de los que vienen protegiendo a delegados municipales a quienes se les ha denunciado públicamente por registrar unidades con facturas falsas y costos irreales. Uno de los denunciantes manifestó que “algún padrino debe tener este señor, porque sabemos que Santiago Quijano le dio órdenes de despedir a delegados involucrados en actos de corrupción y no lo quiere hacer, seguramente viene siendo beneficiado de las operaciones ilegales que se realizan”.

Adelantaron que en torno al funcionario en cuestión, “hay muchas pruebas más del negocio que trae dentro, este es sólo el principio y con menor gravedad; existen hechos que vamos a dar a conocer muy pronto y que lo comprometen más”.