Y no es cuestión de seguir inventándonos toda clase de instituciones, que además nos cuestan mucho dinero, para terminar en lo mismo, omisiones reiteradas de quienes encabezan las instituciones, por eso hasta este momento de poco o de nada han servido nuevos entes, como en el caso de la ley de víctimas y la alerta de género.

La primera debería ya estar por lo menos amortiguando un poco el dolor y la desesperación de aquellas familias que han sufrido algún tipo de injusticia en algunos de sus miembros, apoyándolas económicamente dentro de lo que corresponde a la reparación de daños. Lamentablemente no hay nada, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sigue entrampada y no le han dado los instrumentos estructurales y legales a fin de que pueda hacer su trabajo.

Y de alguna manera todo tiene que ver precisamente con la insuficiencia de recursos por las que pasa el sistema político y de gobierno estatal, ante la imposibilidad económica, continúan dándole vueltas al tema y buscando excusas para evitar un alud de reclamos que están a la puerta.

Mientras eso acontece, el número de víctimas se multiplica y a estas alturas no habría presupuesto que alcanzara para poder responder a justificados reclamos de los afectados por los efectos de la delincuencia y de la incapacidad o complicidad del estado para poder contener la invencible ola de violencia.

Muy aceleradamente, este régimen comenzó a sumar sus propias estadísticas, porque en su comienzo, intentó echarle la culpa al pasado, sólo que llegó un momento en el que era inocultable la respuesta para resolver el álgido asunto de la inseguridad.

Hoy, la sola existencia de las fosas clandestinas, que para ellos siguen siendo legales, de Tetelcingo, evidencia el grado de descomposición de un sistema gubernamental, que cuando se ve rebasado por las circunstancias, recurre a cualquier estrategia para minimizar los acontecimientos.

Y mire que a decir verdad no se le dio tanta preponderancia, porque ello daba para mucho más, algo muy cerca en dimensiones al caso Ayotzinapa, que sigue ocupando grandes espacios en los medios informativos nacionales y hasta internacionales.

No obstante la gravedad del suceso, les ha ido bien, pero sí muestra que como sociedad vivimos en la intemperie, nos puede ocurrir cualquier cosa y nadie se hace cargo de eso. Tampoco hay a quien recurrir, porque es claro que las redes de complicidad entre policías y ladrones se han acrecentado.

En concreto, la ley de víctimas es en este momento letra muerta, está ahí como un instrumento a favor de los que enfrentan desgracias a consecuencia de la inseguridad, pero no está completa, sin embargo ya nos está costando, porque tiene recursos económicos asignados.

ALERTA DE GÉNERO, ¿OTRO ENGAÑO?

Pero si la ley antes mencionada sigue en el congelador, por detalles mínimos, tampoco se aprecia logro sustancial alguno en lo que se refiere a la alerta de género, anunciada con bombo y platillo hace cerca de cuatro meses en un acto al que se invitó incluso a figuras competentes en la materia del gobierno federal.

A inicios de la semana que viene habrá otro evento sobre el tema, también se anticipa que asistirán funcionarios federales y desde luego algunos movimientos sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que fueron realmente las que obligaron a la autoridad a ponerla en práctica en ocho municipios. Claro, es un decir, porque tampoco muestra beneficio alguno.

José Martínez Cruz y Juliana García, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), fueron los artífices de ese logro, pero hoy advierten que a meses de anunciar su vigencia, las cosas se han recrudecido. Recordaron que hará cosa de dos semanas, se registraron cuatro feminicidios en un solo día.

Claro, si usted le pregunta a algún funcionario gubernamental sobre el tema, le dirá que a partir de aquella fecha hay cuatro o cinco casos y que el asunto va bastante bien. Pero si se indaga un poquito, verá que es todo lo contrario y eso sostiene precisamente Martínez Cruz.

El señala que los índices de asesinatos en contra de mujeres viene presentando un ascenso en comparación con las estadísticas que se tenían antes de la puesta en marcha de la alerta. Pero además menciona que hay una serie de reglas y normas incumplidas en torno a ello, porque dice que “un mecanismo de esta naturaleza viene acompañado de muchos instrumentos que llevan a saber con precisión, cuales son los avances o insuficiencias en el trabajo de prevención y aquí no los vemos por ningún lado”.

Estima que desde las instituciones se ha evitado ofrecer esas armas, a fin de que no se tenga la posibilidad de medir sus alcances. Es pues un juego, acciones de simulación para aparentar que existe preocupación oficial para contener los crímenes contra la mujer.

Pero son, como lo decíamos, distractores diseñados desde el propio régimen, que abultan aún más la maraña burocrática e incrementan el costo, ya gigantesco, que tenemos que estar pagando a fin de que se nos proporcione seguridad.

Un régimen de democracia y de derechos no necesita de “sancos para caminar”, tiene como su guía una constitución, ya sea la general de la república o la local, ahí encontrará lo que tiene y debe hacer en cualquier circunstancia de desobediencia o violación de las leyes que nos rigen.

Aquí cerca tenemos a nuestros vecinos güeritos, en los Estados Unidos no se requiere tanto rollo para llevar ante los tribunales a quienes se pasan de lanza. Un asesinato, una violación o un secuestro son delitos que se persiguen de oficio. Es decir no requieren de denuncia de por medio, basta con que las instancias competentes en materia se enteren, para que inicien las pesquisas hasta dar con los culpables para aplicarles la ley, para eso viven del presupuesto, pero ¿lo hacen?, desde luego que no.