Por lo menos eso es lo que reiteró el secretario de Administración, Alberto Barona Lavín, quien además agregó que “para nada está archivada, consideramos que por ahí en febrero la Cámara volverá a retomar el caso, porque hablamos de un tema inaplazable”.
Y advirtió que “además, si no se hiciera, quienes realmente se verán afectados en un futuro cercano, serían los propios trabajadores, por eso no se debe dar marcha atrás”. Y destacó que es posible que se apliquen pequeñas modificaciones, sin que se toque lo esencial.
Claro, el funcionario dijo que se seguirá dialogando con quienes parecen tener información errónea sobre la iniciativa, a fin de que se concienticen de que no hay mucho que hacer al respecto y las autoridades tienen la responsabilidad de buscar una salida antes de llegar al agotamiento.
Y recordó que para la administración pública del estado, cada trabajador que se jubila es un costo en ascenso de la nómina, porque generalmente es sustituido por uno en activo, es decir una plaza más, “porque a quien se fue, se le sigue pagando y para nosotros no sale, por el contrario, se queda ahí de por vida”.
Barona Lavín reconoce que se trata de un rubro muy sensible, sobre todo porque todo aquello que llega a tocar algunas prestaciones laborales provoca una reacción como la que se ha visto en torno al suceso, pero insistimos, abundó, la ley no es retroactiva y a los actuales no los alcanzaría su efecto.
En concreto, el gobierno estatal no ha bajado la guardia, seguirá buscando la forma de modificar el criterio y punto de vista de los sindicalizados para sacar adelante la reforma. Incluso dejó ver que los mismos diputados locales están conscientes de eso y en el entendido de que iniciando el 2016 la iniciativa se pondrá otra vez en la mesa.
Si eso es real, pues la legislatura local prefirió no meterse en conflictos y enfrentamientos con el sector laboral antes de irse de vacaciones, hicieron sentir a los quejosos que ganaron una batalla, pero por lo visto, no la guerra y volverán ya con la abierta disposición de aprobar los cambios, a pesar de las resistencias.
Entonces, en ese sentido, el ambiente promete ponerse muy caliente al corto plazo, aunque con toda seguridad, mientras la fecha llegue, se buscará “convencer” a los rijosos a fin de que muestren más voluntad y este “trabajo” se hará con los cabecillas sindicales, los que mostraron más radicalismo, ya conocemos la práctica gubernamental en casos más o menos parecidos.
AUSTERIDAD, NO TOCA FONDO
Pero también Alberto Barona advirtió que así como se ve venir financieramente el 2016, lo más recomendable es seguir buscando cómo aplicar más programas de austeridad, porque “el presupuesto a ejercer será menor al del presente año”.
“Aquí no es la iniciativa privada, de tal manera que todos estamos expuestos a la falta de presupuesto, incluyendo a los sindicalizados y seguramente habrá ciertos conceptos que pudieran sufrir alguna regulación”, ello en referencia a los sindicalizados.
Y si bien consideró que para nada se pensaría en despidos de aquellos que ya son parte del sindicato, “igual y se tendrá que hacer una revisión de las prestaciones que generalmente sufren alzan cada año, para establecer cuáles sí y cuáles no”.
Pero de manera general, el resto de los empleados gubernamentales se encuentran expuestos al riesgo de la liquidación, porque además, considera que todavía puede haber duplicidad de funciones. “Como en el caso de administración, porque hay unas áreas muy definidas que se encargan de esos temas y parece que en algunas dependencias subsisten direcciones con la misma función, tendrían que desaparecer”.
Bueno, dijo que a cada uno de los secretarios del gabinete se le volvió a pedir una estricta revisión de sus estructuras para que, en la medida de lo posible, sigan proponiendo ajustes y reducción de gasto corriente a partir del inicio de año entrante.
A diferencia de los municipios, la administración estatal sí está en condiciones de cubrir las prestaciones de ley a los burócratas, incluso, que a diferencia de otros años, en este se pagará en la misma fecha la parte proporcional que corresponde al aguinaldo y la quincena, por lo menos en eso fue claro el secretario.
Pero todo lo anterior, muestra que durante el 2015 el gobierno enfrentó situaciones bastante críticas para poder dar cumplimiento a sus compromisos y que el 2016 tampoco viene mucho mejor, más aún, habrá menos dinero en términos reales, por los efectos de la inflación.
Y a pesar de que públicamente no se reconoce más que una deuda pública arriba de los cinco mil millones de pesos, hay datos que hablan de una serie de pasivos adicionales que representan cientos de millones de pesos más y que ante la imposibilidad de hacerles frente en el año por concluir, tendrán que irse al entrante y de ahí la inquietud al interior del régimen.
Bueno, hay quienes, desde el propio gobierno calculan que esas deudas ante proveedores, prestadores de servicios y otros conceptos, pudieran sumar más de mil millones a los pasivos oficialmente aceptados y entonces nos iríamos hacia los seis mil 500 millones, conservadoramente.
De ahí que desde la Secretaría de Administración se venga insistiendo ante los funcionarios de primer nivel, de la necesidad de continuar rasurando gastos que no sean indispensables para el buen desarrollo y funcionamiento gubernamental. Muy estrecho se le presenta el camino, en esta segunda mitad, al sexenio en turno y es algo que por lo menos como experiencia personal, nunca nos había tocado observar.
