El servicio público del transporte padece de un rezago histórico, la última gran acción en la materia correspondió al gobernador Lauro Ortega Martínez, por ahí por el año de 1985, es decir, hace más de 30 años y desde entonces, las administraciones que le siguieron sólo se montaron en su estrategia, pero permitiendo al paso del tiempo, la descomposición.

El gobierno actual, igual que los que le han presidido, han visto el tema como negocio, muy en especial, en lo que tiene que ver con la liberación de nuevas concesiones para el servicio sin itinerario fijo, o sea, taxis, mediante la venta de placas y permisos.

Incluso, para favorecer a grupos sociales afines al partido en el poder estatal se formaron nuevas uniones, como en el caso del taxi rosa y del servicio turístico. En éste último caso, presuntamente para ofrecer seguridad y confort, aunque no se tengan en este momento antecedentes de todo eso.

Los titulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) inicialmente a cargo de Manuel Santiago Quijano y hoy con Jorge Messeguer Guillén no pasaron nunca de discursos agresivos y advertencias de proceder en contra de quienes incumplen las normas en materia de la ley para poder seguir ofreciendo el servicio. El “pirataje” y las unidades colectivas “chatarra” incluso dejaron de ser molestados, evidenciando que se dieron arreglos y componendas entre las partes, es decir, “servidores públicos” y concesionarios.

El ex secretario de Gobierno está más preocupado por acrecentar el clientelismo en torno a una agrupación de corte político electoral disque para aspirar a la candidatura del gobierno estatal en las elecciones del 2018, que por hacer algo en el transporte.  ¡Fíjese nada más!, como que no le quedó claro que los electores no quieren saber ya nada que se identifique con este gobierno y por eso le propinaron una apabullante derrota cuando aspiró a la alcaldía capitalina.

Pero como al viejo estilo priista, lo tenían que rescatar a fin de que volviera a vivir de la nómina gubernamental a pesar de su negro papel como funcionario y ahora está al frente de la SMyT, con toda seguridad para hacer negocio, porque de otra manera las cosas ahí no estarían tan mal.

Aquí mismo le hemos mostrado pruebas de actos de deshonestidad permitidos en todas las delegaciones de la entidad y no pasa nada, como aquello de que se vienen clonando facturas de carros para darlos de alta en el padrón, en lo que -a juicio de quienes le han proporcionado los documentos a La Unión de Morelos- representa un jugoso negocio.

Se exhibieron elementos suficientes en hechos como la legalización de autos de lujo en zonas como Temixco y Xochitepec, de parte de los delegados regionales y aunque en unos casos se demostraba la evasión de impuestos, nunca se procedió contra los culpables; a lo más que se llegó es a rotarlos para sacarlos del “foco rojo”. Eso es omisión y complicidad de Messeguer Guillén.

Bueno, por lo menos en épocas anteriores se mostraba algún esfuerzo por cambiar y mejorar las cosas, entre esos, la propuesta de una nueva ley en la que queda limitado el uso de unidades de transporte a modelos no mayores a 10 años. Usted lo puede verificar, hay microbuses que dan lástima, caminan de milagro y no ocurre nada, la ley es letra muerta, pero tampoco es por bondad de los funcionarios, todo tiene un costo y los concesionarios tienen que pagarlo si quieren seguir explotando sus automotores.

Como se mencionaba, desde el principio del régimen se habló de poner en marcha en Cuernavaca y municipios conurbados, la modalidad vigente en la Ciudad de México, conocida como “morebús”, que igual y revolucionaba las cosas, pero muchos dirigentes del gremio, entre ellos Dagoberto Rivera Jaimes, advirtieron que este es otro más de los negocios que intenta concretar la administración de gobierno y que detrás del proyecto hay personajes en oficinas de palacio.

En concreto, no hay alguna acción significativa de este régimen en materia del servicio del transporte público de pasajeros que indique la preocupación oficial por mejorarlo y sí actos que muestran la existencia de un jugoso negocio para unos cuantos, el primero, el titular de dicha dependencia, Messeguer Guillén.

Y como decíamos, los taxis son un  negocio aparte, pretextando cualquier argumento, dieron vida a agrupaciones nuevas, cuya intención era vender concesiones o entregar permisos como pago de facturas a “cómplices electorales”. Ahí está el tristemente célebre personaje, Gabriel Gómez Cruz, quien por cierto quiso ser candidato perredista al municipio de Emiliano Zapata.

El sujeto fue instrumento del entonces Secretario de gobierno Messeguer para lucrar con concesiones, engañó a un grupo de interesados a quienes les sacó primero una decena de autos nuevos con la promesa de entregarles más de 100 permisos.

Al final, los dejó colgados y eso fue motivo de escándalo temporal, pero a pesar de todo lo que se dijo, fue protegido y hasta jubilado con ingresos de privilegio y sin haber laborado los años necesarios en el gobierno. Fue un descarado fraude perpetrado desde el ejercicio del poder.