Sólo especulaciones se han venido escuchando en torno a los motivos del quebranto, hay quienes afirman que las aportaciones de los derechohabientes no se vienen entregando, que la administración pública estatal las retiene y se las gasta, o que la falta de liquidez obedece a que, tanto el Ayuntamiento de Cuernavaca, como el Sistema de Agua Potable (SAPAC), dejaron de transferir los descuentos de sus empleados y que esta baja equivalente a cerca de 200 millones de pesos, es el origen del problema.
Sin embargo, una fuente confiable al respecto, dijo a La Unión de Morelos que el conflicto se debe fundamentalmente a la falta de experiencia y de conocimiento en la materia de la titular, Martínez García, quien parece, no tiene profesión alguna.
Incluso ofreció algunos datos bastante precisos, como aquello de que, en lo referente al gobierno estatal, los trabajadores contribuyen con un 4.5 por ciento de las aportaciones y la administración con el seis, es decir, entre ambas partes suman un 10.5 por ciento, que da más o menos un total próximo a los 170 millones de pesos, lo demás viene de la comuna y el SAPAC.
Por petición expresa resguardamos la identidad de la fuente de información, pero parece muy lógica la explicación sobre el tema y hace hincapié en que la falta de dinero en el instituto tiene su origen, primero, en que Verónica poco sabe de finanzas y de manejo administrativo, no es del estado, de tal manera que ni antecedentes tiene del historial de la institución y dos, que parece haber invertido buena parte de los fondos en algún rubro sin calcular primero las necesidades crediticias durante el año, cuando la función fundamental del organismo es precisamente esa, apoyar a la clase trabajadora.
Administraciones pasados lograron incluso superar las contingencias por la falta de aportaciones de algunos afiliados, caso concreto la comuna capitalina, pero quienes estaban al frente contaban con instrumentos y facilidades que la actual directora no tiene; por ser lugareños, conocían de toda la vida a aquellos funcionarios que tenían la responsabilidad de resolver sus deudas ante el instituto, lograban por lo menos ir amortiguando los pasivos, pero eso no sucede hoy, reiteramos, porque Martínez García es una figura insignificante e inexistente en la estructura gubernamental, llámese Ayuntamiento o gobierno estatal.
La pregunta sería: ¿y a quien se le ocurrió poner al frente de esa institución a alguien que no tiene nada que ver con los números?, el que lo haya hecho es en el fondo el culpable de los conflictos que parecen insuperables al corto plazo y que podrían derivar en movimientos de protesta de los derechohabientes, porque no es justo que a pesar de que se les siguen descontando las aportaciones, no hay préstamos para quienes lo requieran.
¿Y la dirigencia del sindicato de burócratas?, pues tampoco aparece por ningún lado en el asunto, el secretario general, Daniel Hernán López, no da la cara y es eso lo que más enoja a los burócratas, porque se sienten desamparados, más bien son los jubilados y pensionados que encabeza Ana Lilia Ocampo Castrejón los que vienen reclamando a nombre de los afectados, a pesar de que ellos ya están más allá del bien y del mal.
Y como no existe una posición definida de la dirigencia sindical, pues los rumores son válidos, los empleados gubernamentales aseguran que Hernán López está atado de manos, porque le vienen dando una buena lana por su silencio, igual y no es así, pero como decíamos, mientras no saque la casta, cualquier argumento es creíble.
POLICÍA, ¿EL BRAZO REPRESOR?
Las permanentes quejas y denuncias en contra de acciones ilegales por parte de elementos del Mando Único, parecen llevar a la conclusión de que, particularmente en este gobierno, la Policía se ha convertido en el instrumento de represión y persecución en contra de aquellos que afectan los intereses del grupo político en el poder estatal.
Lo anterior viene al caso porque ayer, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ofrecieron una conferencia de prensa en la que enumeraron el calvario que han padecido a manos de la fuerza pública a partir de su resistencia a la realización de proyectos que van en contra del bienestar de pueblos y comunidades de las tres entidades, tras la construcción de la termoeléctrica y el gasoducto en la zona oriente.
Acompañados por integrantes de la Dirección de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se recordaron agresiones en contra de algunos luchadores sociales, como en el caso de Jaime Domínguez Pérez, que sufriera agresiones a finales del 2012 y mediados del 2013, causándole incluso sordera, tras haber sido torturado y secuestrado durante siete horas en una de esas ocasiones.
Analizando cuidadosamente las quejas, se llega a la conclusión de que los elementos del Mando Único debieron actuar por instrucciones muy precisas de sus mandos superiores, porque no obstante la aportación de pruebas que confirman las violaciones, nunca se procedió legalmente contra los infractores de la ley y eso evidencia que sólo cumplían con órdenes.
No sólo es en este caso, hay muchas otras denuncias que fortalecen esa hipótesis y que llevan a concluir que, vía la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se combate a todos aquellos que representan un riesgo para quienes ejercen el poder en la entidad, llegando incluso a la extinción si las circunstancias para ellos lo ameritan, caso concreto, el de Gustavo Salgado Delgado.
Por eso el cuadro tan complicado que presenta Morelos en materia de violencia y delincuencia, por un lado, las bandas delincuenciales haciendo de las suyas y por el otro, los mismos cuerpos policiacos dedicados a perseguir a los enemigos políticos, generando un complejo cuadro imposible de resolver, porque son las mismas instituciones encargadas de garantizar el orden y la paz, las que alimentan la violencia.
