Los secretarios generales de esas agrupaciones esde tiempo atrás han alertado en torno a una propuesta de reforma en la materia, a fin de restarle presencia a la parte laboral y fortalecer la del patrón, porque entre las modificaciones, se estaría dejando sin voz, ni voto, a los representantes de los jubilados y a los maestros en el consejo administrativo y en contra parte, agregando tres representantes del Ejecutivo: Uno de la Consejería Jurídica, otro de la Secretaría del Trabajo y uno más de la Secretaría de Gobierno.

Más aún, los montos históricamente autorizados en diversas líneas de crédito también se modificarían, pero a la baja, pues se aconseja fijar un tope máximo de 50 mil pesos que ya no serían suficientes ni para adquirir vivienda o automóvil.

En ese terreno se ofrecerían otras opciones, que no son del agrado de los sindicalizados, como aquello de canalizar a los interesados en préstamos hipotecarios o de autos a otras opciones. En el primer caso, a Infonavit; y en el segundo, a alguna institución bancaria.

Entre sus puntos, se agrega que se estaría contratando un despacho contable externo a fin de que lleve el control en lo relacionado a la cartera vencida, aún cuando cuentan con un área al respecto que viene operando bién. Jesús Román Salgado, líder del sindicato del Congreso local, quien habló a nombre de todos, recordó que la representación de jubilados y de maestros está vigente desde hace más de 20 años.

Igualmente aclaró que la institución fue creada por el gobernador Lauro Ortega Martínez a fin de ayudar a los burócratas, inicialmente, de la administración estatal, aunque al paso de los años fue ampliando sus derechohabientes, primero con los otros dos poderes, luego con ayuntamientos.

Incluso, recuerda, que con sus recursos son los trabajadores quienes aportan los fondos económicos del instituto y por lo tanto sería desafortunado permitir que esos logros obtenidos, con la sensibilidad y nobleza de administraciones gubernamentales pasadas, se perdieran.

Pero lo que algunos líderes prevén, es que de llegar a imponer los cambios, el nuevo consejo empezaría a trabajar a fin de liberar al gobierno de Graco Ramírez de reintegrar a la institución cerca de 100 millones de pesos que le fueron prestados en tres ministraciones y que no han sido resarcidos.

Entre los argumentos que, a decir de los dirigentes sindicales, se esgrime es que no hay dinero suficiente para cumplir con la demanda de créditos en sus diversos rubros, pero al respecto, el ex secretario general del sindicato de burócratas Daniel Iturbe Ortiz aclaró que siempre ha habido fondos, curiosamente es en este gobierno cuando las cosas empezaron a complicarse.

Y atribuye parte del supuesto quebrando, al desaseo con el que se viene manejando la administración del instituto, sobre todo, por dinero concedido al régimen, incluyendo los 600 mil pesos a cada funcionario del gabinete para la adquisición de vehículos personales.
Por donde se le quiera ver, pareciera que efectivamente, en muchas de sus acciones el de Graco Ramírez es un gobierno de mala fe. Esta intentona de apoderarse de las decisiones en el Instituto de Crédito no pareciera muy noble.

Los agremiados tendrán que defender con todo un beneficio que surgió del buen corazón de un gobernador, como Lauro Ortega, que buscó en todo momento ayudar a su gente y ahí está. Además de lo anterior, lo correspondiente a los tres meses de aguinaldo, que instituyó durante su mandato y de lo cual malamente se benefician los mismos funcionarios públicos hoy día, porque a ellos no les corresponde.

Se necesita pues ser muy perverso como para actuar de esta manera, más aún tratándose de quienes son los que le dan vida y razón de ser al gobierno, sus propios empleados. Si no hay voluntad para ayudar a los de casa, por lo menos no habría que quitarles lo que ya tienen y es lo que estamos viendo.

Por cierto, fue también LOM quien les construyó un espacio propio para el sindicato, antes de su gobierno andaban de un lado para otro, como errantes, les dio un espacio digno, porque no sólo pensó en un estado al que colocó en los primeros lugares nacionales en cuanto a desarrollo, paz y armonía, hacia adentro también dejó huella y ahora resulta que Graco busca sacar ventaja cuando ya está la mesa puesta.

Claro, aquel hombre era un político formado en las mejores causas, fue parte de las estructuras de gobierno del entonces presidente de la república Lázaro Cárdenas del Río; y el tabasqueño es un mercenario de la política, un vividor del presupuesto público y un aventurero caza fortunas, en mal momento llegó al estado y sobre todo a gobernador de Morelos.