El caso es muy extraño, porque luego de que se conocieron los hechos, el director general de la institución, Héctor Fernando Pérez Jiménez, vía su asesoría jurídica, elabora una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo nunca fue presentada hasta el momento y el suceso ocurrió en abril del año anterior.

En el cuerpo de la denuncia se establece que con fecha 12 de septiembre de 1988, los gobiernos, federal y estatal -vía la Secretaría de Educación- firmaron un convenio de coordinación para la operación y apoyo al colegio, y a partir de aquella fecha, se le generó el derecho de recibir ministraciones financieras para el cumplimiento de sus objetivos.

Se agrega que los montos aportados son absorbidos en un 80% por la Federación y el estado en un 20%, para cubrir los gastos de operación e inversión. Incluso, señala que para tal efecto, se abrió la cuenta número 0160928879 en BBV Bancomer a nombre del Colegio de Bachilleres.

Y a fin de fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos, se abre en el 2009 la cuenta 012540001675226818, en la misma institución bancaria. Desde la firma del convenio hasta marzo del 2015, las aportaciones fueron recibidas regularmente y sin problemas.

Sin embargo, la ministración de abril nunca llegó a las arcas del colegio, porque de acuerdo a la denuncia, quien fungía como tesorero del gobierno estatal en aquel entonces -Cal y Mayor- pidió que el dinero se enviara a una cuenta distinta, directamente a gobierno estatal. La suma fue de 13 millones 683 mil 76.80 y el número de cuenta a la que se depositó fue la 012180028379451403 y con la leyenda “recursos depositados en el estado a través de: gobierno del estado de Morelos”. Incluso se menciona que el documento fue capturado por José Alfredo García Camacho y señala como beneficiario el Colegio de Bachilleres.

Quienes se encargaban de cubrir los requisitos para la recepción de los fondos eran Erandi Isabel López Herrería, en calidad de directora administrativa del Cobaem, así como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, jefe de departamento de presupuesto.

Curiosamente, pocos días después éste último fue sustituido en el cargo, aunque se advierte que estaría laborando en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). Los trámites de los funcionarios del colegio se desarrollan con María de Lourdes Orta, subdirectora de recursos financieros de la Subsecretaría de Educación Superior. Es decir, a ella le enviaban los formatos para los depósitos de cada mes.

El 20 de abril del año pasado, una vez que se consideraba que ya tenía que estar el dinero a disposición de la institución educativa, se estableció la comunicación con María de Lourdes, quien les indicó que ya estaba en la nueva cuenta que el gobierno del estado había abierto vía el tesorero Rafael Cal y Mayor, con fecha 14  del mismo mes, la 2837945140.

Pero en el cuerpo de la denuncia se destaca que nunca se le notificó al Cobaem de los cambios. Lo increíble: ante los sucesos, se llevó a cabo una reunión con el nuevo tesorero Armando Sanders de Mendoza, quien le informó que desconocía el caso, pero también que la famosa cuenta 2837945140 no pertenecía al gobierno del estado de Morelos. Bueno, les señaló que existían oficios y documentos como el TG/750-A/2015, que no podían ser documento oficial, porque quien lo suscribió, Cal y Mayor, en la fecha en que lo hizo, 17 de marzo del 2015, ya no era tesorero de gobierno, porque él lo había sustituido el 2 de febrero anterior.

Para acabar pronto, esos cerca de 14 millones de pesos nunca fueron entregados al Colegio de Bachilleres. Los afectados cuentan con una serie de elementos documentales y pruebas de cómo se manipularon las cuentas a fin de que el dinero fuera depositado, presumiblemente, en una cuenta personal del ex tesorero.

No es una suma menor y aunque lo fuera, hay un delito a sancionar, pero simplemente no se quiso dar parte a las autoridades competentes. ¿Por qué?, los datos que llevan al responsable del fraude son claros, hay fechas y testimonios, porque los mismos funcionarios de la dependencia federal tienen los oficios mediante los cuales se giraron las cantidades a favor de la institución educativa estatal.

La pregunta es ¿cómo puede alguien robarse un recurso derivado de un convenio interinstitucional sin que pase nada? Ese simple hecho despierta sospechas, más en un momento en el que se conoce de una serie de acciones de corrupción, perpetrados por las figuras principales del ejercicio del poder en la entidad.

Pero lo imperdonable es que se robe a un sector tan sensible como es el educativo. Claro, cualquier acción de deshonestidad es condenable, sin importar de qué se trate, no obstante consideramos que desviar dinero que debe ser para la formación de las nuevas generaciones, es todavía más perverso y delicado.

Incluso en la demanda se ofrecen como testimoniales las declaraciones de Erandi Isabel López y Francisco Miguel Yáñez, de quienes se dan sus domicilios. El director refiere que se compromete a presentarlos el día y la hora que tenga a bien fijar la autoridad. Pero abunda en el sentido de que aportará pruebas documentales, presuncional de doble aspecto legal y humano, un informe de autoridad, sobre todo el registro de cuentas bancarias y la fecha en que se abrió la cuenta producto del desvío.

Pero el cuerpo de la denuncia quedó ahí, nunca se hicieron las promociones y presentaciones respectivas y por lo tanto se permitió la impunidad, particularmente en lo que toca a Cal y Mayor. El texto quedó listo el 27 de abril del año anterior, pero duerme el sueño de los justos. Bajo tales circunstancias, el mismo director general del colegio, Pérez Jiménez, tendría que ser requerido, a fin de que explique los motivos de su desistimiento.