En este caso, con la intervención del líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, es posible que se logre la obtención del recurso económico necesario para tal efecto, pero una vez más, se muestra la incapacidad de las estructuras gubernamentales locales.

Pero la posición de éste va en el sentido de que no hay marcha atrás, el bono de tres mil 800 pesos a los jubilados es un derecho ganado hace mucho y no será Graco quien lo cancele, por el contrario, la exigencia del mismo es en el sentido de que en lo sucesivo se cumpla puntualmente, sin tener que salir a regatearlo.

Ayer los inconformes se dieron cita, pero ya de manera masiva, en el Centro Histórico de Cuernavaca, donde bloquearon el acceso vehicular en distintas calles céntricas y advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta que les cumplan.

De que les van a pagar, no tenemos la menor duda; lo que hasta ahora hemos visto es apenas una pequeña muestra del poder de presión que tiene el magisterio. Y mire que se trata de aquellos que ya dieron su vida laboral en las aulas, los activos son muchos más y con el nivel de debilitamiento que muestra la administración, no habría mayor resistencia, por eso decimos que sólo es cuestión de tiempo para que doblen las manos y bajen la guardia.

Los maestros tienen el suficiente poder como para echar de aquí a Graco y su pandilla, eso seguramente está claro al interior de Palacio, y por eso se comienzan a dar las primeras reacciones. Y si bien Díaz de la Torre estaría apoyando en la gestión de recursos, ha dejado claro que el bono no está sujeto a voluntad ni negociación, se paga y punto.

Algunos de los jubilados recordaban ayer que buena parte de ese sector apoyó a Ramírez Garrido en su arribo a la gubernatura, porque el discurso incluía la promesa de un apoyo sin precedentes en caso de llegar a ser gobernador, pero en cuanto tomó protesta, se transformó y ahora es a quienes más golpea.

Y es que si algo sabe el tabasqueño, es mentir; con suma facilidad envuelve a cualquiera, quien no sabe de sus antecedentes y lo escucha hablar, en verdad le cree, porque pareciera tener el don del convencimiento, sin embargo, la práctica es diametralmente opuesta.

El de los maestros jubilados es uno de muchos problemas más que el gobierno no puede resolver y se trata esencialmente, de dinero. Ayer  mismo, campesinos de la zona sur, que tienen tomadas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, amenazaron con extender su protesta a otras dependencias. Acusan al gobierno de no apoyarlos en programas añejos, que cuentan con fondos hasta federales.

Hay un grave aspecto en este régimen, todo lo que sea dinero lo desaparecen como por arte de magia. Ya le recordábamos que ahora la titular de Obras, Patricia Izquierdo Medina, dice que no sabe qué pasó con los 500 millones de pesos que venían en el crédito de los dos mil 806 millones, predestinados a la construcción de la nueva sede legislativa y que entonces, la obra se hará con recursos estatales.

¿Qué pasó con tanto dinero?, porque 500 millones no es poca cosa y la respuesta es concreta, los desviaron, ¿para quién?, ya tendrá que imaginarlo usted, pero se habla de la adquisición de una serie de bienes inmuebles de parte de Graco, Elena Cepeda y el hijastro Rodrigo Gayosso. Sólo la propiedad que perteneció a Purita, que fuera la concesionaria de la Coca Cola, costó una fortuna.

El colmo sería que el mismo gobierno federal estuviera siendo sorprendido, o sea, pagando los costos de los actos de corrupción de la administración estatal, facilitándole los recursos para cubrir compromisos que seguramente ya tenían presupuesto autorizado y entregado.

Claro que dinero hay, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ejerce un presupuesto anual superior a los seis mil millones de pesos. Es cierto que el pago de nómina es bastante pesado, pero quienes conocen cómo se vienen manejando las cosas ahí, afirman que en mucho, es una agencia de colocaciones donde miles de recomendados cobran sin hacer nada, mientras en otros rubros se regatea a aquellos que sí merecen ser ayudados.

Cada vez son más los “focos rojos” en materia de conflictos sociales, pareciera que no hay trabajo de operación política interna, como antaño; casi cualquier inconformidad que se genera al interior del estado acaba con una marcha, bloqueo o plantón en Palacio de Gobierno.

Los pobres comerciantes y empresarios del primer cuadro en Cuernavaca son los paganos. De un mes a la fecha, casi a diario hay protestas que les generan pérdidas millonarias, porque los accesos están cerrados, sin que exista voluntad o capacidad para salvaguardar los derechos de los demás.

Y no es cosa de ir a golpearlos con los cuerpos policiacos, si las autoridades cumplieran con su responsabilidad de salvaguardar el interés de los gobernados, en todos los sentidos, esas expresiones populares dejarían de existir; el asunto es que los morelenses han dejado de ser atendidos por su gobierno y son obligados a salir a las calles para exigir lo que les corresponde.

Pero a estas alturas, el quejoso ya no puede siquiera acercarse a las entradas de Palacio. Pretextando la remodelación de la Plaza de Armas, se han cerrado los accesos al edificio de gobierno y para acceder, como ciudadano deberá primero justificar su visita y pasar algunos filtros de vigilancia que están ahí precisamente con ese fin, seleccionar a los visitantes.

Claro, si usted dice que va a pagar sus impuestos a las cajas, a dejar dinero a la tesorería, casi lo escoltan a las ventanillas, para que no se vaya a desviar; sin embargo, si le detectan cara de opositor al régimen, no lo van a dejar pasar, esa es una instrucción superior. Aunque de todos modos, ahí nunca encontrará al gobernador, es más fácil que lo localice en Polanco, en la Ciudad de México, que en Morelos, ya no se diga en Palacio.