Uno de los asesores legales de los concesionarios, dijo a La Unión de Morelos, que le tocó participar en la modernización del sistema integral en la Ciudad de México y explicó porqué no es posible siquiera pensar en que legalmente es posible avanzar en la materia, ya que localmente no se han desarrollado trabajos que le dan sustento al proceso.

Es decir, diría, ya la capital del país, ciudades como Acapulco, Guanajuato y Tijuana han hecho lo propio y entre las primeras acciones a realizar, a fin de ir dándole forma a lo anterior, es la compra, por parte de las autoridades respectivas, de toda la chatarra de unidades que ya son obsoletas y que de acuerdo a la ley no pueden seguir circulando en la vía pública.

Segundo, agregó, se tiene que contar con algunos estudios, el socio económico, porque con base en ello se conoce cuál es el ingreso de cada uno de los operadores del volante y del concesionario, ya que lo primero que se hace, es garantizarle a todo el sector que conservarán esas mismas ganancias, una vez que sean agregados como socios en el nuevo esquema.

Es decir, sostuvo, lo peor que les puede pasar a los permisionarios y choferes, es que seguirán ganando lo mismo, pero seguro les irá mejor. En lo que corresponde a los empleados, son a partir de ese momento, beneficiarios de todas las prestaciones de ley en la materia. No vemos aún que algo parecido esté ocurriendo en torno a la discusión del Morebús.

Y viene también el estudio de impacto ambiental, porque, indicó, se tienen que conocer las repercusiones de la entrada en circulación de un modelo de transporte colectivo muy diferente. Incluso estimó que necesariamente se obtendrían resultados mucho más benevolentes en lo que toca a la contaminación, sin embargo es requisito de ley tener el estudio.

Y desde luego, diría, el relacionado con la ingeniería del transporte, porque hay que diseñar rutas, acondicionar trayectos, medir alcances de las unidades en la vía pública y tampoco aquí hay nada claro. Más aún, agregó, es necesaria una consulta pública para tal efecto, pero en Morelos no existe la norma, entonces hay que ajustarse a la federal. O sea, se deben realizar asambleas públicas y sobre todo entre los mismos prestadores actuales del servicio, de las cuales se levantan actas para ofrecer como prueba ante las instancias de competencia. Pero no hay nada, entonces no se puede hablar de algo que aún no tiene cimientos para poder despegar.

Luego confió que cuando empezaron a salir los primeros amparos favorables a los quejosos, el director de la SMyT le llamó para pedirle una reunión, pero señaló que no tenía sentido, porque aceptó que no tenían ninguno de los estudios y tampoco las actas de las asambleas, por lo tanto no había nada de que dialogar y que sólo le aconsejó al funcionario que contestaran las demandas, lo hicieron, pero sin fundamento legal, entonces los tribunales los rebotaron.

Pero además, en esos lugares donde ha sido posible aterrizar los proyectos de modernización, se echa mano de recursos de la Banca de Desarrollo, vía Banobras, a tasas de interés muy bajas. Se obtienen los financiamientos contratados por los gobiernos estatales y tampoco se ejecutan las acciones de manera tajante, es un proceso gradual, porque la inversión es cuantiosa, de tal manera que se va cumpliendo por pasos, dándole el tiempo perentorio a los accionistas o socios de familiarizarse.

El abogado que hizo el favor de proporcionar la información a esta casa editorial tiene una carrera muy interesante, porque desde muy pequeño empezó a trabajar en el gobierno federal, es un ex auditor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buena parte de su vida laboral, porque ya es jubilado, la pasó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), le tocó iniciar cuando las instalaciones estaban en El Vergel.

Pero hizo la carrera de abogado, ahora cuenta incluso con postgrado, le ha tocado meterse en asuntos legales de toda naturaleza, de tal manera que conoce desde el interior algunas cosas algo delicadas que vienen pasando en lo referente a conflictos legales o de administración pública.

¿OMISIÓN DEL PAGO DE ISR EN EL IEBEM?

Y aquí viene el siguiente tema, que parece ser suficientemente delicado, que tiene que ver con la entrega del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que las autoridades deben reportar precisamente al SAT por concepto del cobro de impuestos al trabajo.

Un ex director de área de gobierno estatal también dijo a La Unión de Morelos, que su esposa es maestra jubilada, quien fue al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para solicitar un comprobante de percepciones y declaraciones, porque señala que tras jubilarse, los ex trabajadores pueden pedir la devolución de ciertas cantidades. Calculó que en el caso de su cónyuge, deben ser unos 50 mil pesos.

Pero sostuvo que no se lo quisieron dar, simplemente le advirtieron que no había forma, porque esa era la instrucción superior, cuando se trata de un trámite común y corriente. Pero luego destacó que la información que se logró recabar, es que a los empleados de todo el sistema educativo se les viene haciendo la deducción del ISR, pero no es transferido al SAT y ello podría al corto plazo traer un conflicto entre la Federación y el Estado.

Al respecto, el ex auditor confirmó que en efecto, la información que se  tiene de parte de la actual delegación del Sistema de Administración Tributaria, es que tales recursos hace buen rato no llegan a esas instancias. Bueno, que algunos funcionarios de dicha dependencia federal andan molestos por la falta de cumplimiento en la transferencia de los recursos, y preocupados, porque su obligación es exigir que se haga, pero eso podría llevar a una confrontación entre niveles de gobierno, sin embargo consideró que tarde o temprano el tema tendrá que llevarse a la mesa, no puede quedar así.