Por los trabajos de remodelación de plaza de armas, también fueron suspendidos de sus actividades, tuvieron que esperar 70 días a fin de recuperar sus espacios. Viene una segunda etapa, eso fue lo que dijeron algunos, en lo referente a la plaza, sólo que ahí serán alrededor de 30 los que reanuden su actividad comercial.
El argumento de ellos es que se trata de un sustento de vida, es el único ingreso que tienen, ante la inexistencia de fuentes formales de empleo. El caso es que cada vez son más aquellos que van ganando la vía pública, las banquetas, calles y plazas que son espacios ciudadanos porque han sido creados con dinero público.
Desde el punto de vista humanitario, pareciera ingrato impedirles esa actividad; sin embargo, la invasión de todas esas áreas sigue siendo ilegal. Es el reflejo de un sistema económico que no ha logrado generar las suficientes fuentes de empleo para todos.
Entre los primeros reflejos de una economía en decadencia, está el del ambulantaje: cuanto más se desborda, indica que la situación anda grave y que algunos ciudadanos no tienen más opción que salir a vender toda clase de productos en lugares informales a fin de obtener ingresos para la familia.
Sólo en el primer cuadro de Cuernavaca el número de semifijos y ambulantes anda cercano a los 400, pero su proliferación es enorme, cualquier área de recreación o descanso se convierte en un mercado que no tiene control, sobre todo sanitario, para el caso del expendio de alimentos.
Es válido el argumento de los comerciantes, sin embargo, muchos de ellos son explotados por personajes que han encontrado en el ofrecimiento de protección una manera fácil de lograr interesantes ganancias sin meter el cuerpo ni arriesgar nada.
Muy difícilmente se puede percibir el andamiaje que opera detrás de cualquier línea de venta de productos, si no se intenta profundizar. Son pequeños monopolios, generalmente son uno o dos los que capitalizan todo. Ahí en el Centro Histórico se podrán ubicar unos 10 vendedores de globos, por ejemplo, pero que corresponden al mismo patrón.
Lo mismo ocurre con quienes se dedican a la venta de tamales, ellos son una familia que dispone de unos ocho lugares en diversos puntos, para evitar la competencia y hasta los gelatineros operan bajo el mismo esquema, el negocio familiar.
El problema es pues que las autoridades vienen perdiendo control y orden, la insuficiencia de lugares en forma como mercados, las obliga a ser tolerantes, permitiendo excesos y derechos, porque al paso de los años, el argumento es que han generado antigüedad.
En México, ese es un fenómeno generalizado, hay pocas ciudades en las que se ha logrado establecer reglas claras y condiciones a fin de permitir el ambulantaje, pero particularmente la capital de nuestro estado, Cuautla o Jojutla muestran el desbordamiento de la informalidad comercial que llega a circunstancias incorrectas.
Y son más bien algunas organizaciones de corte sindical las que resultan beneficiadas, porque a cambio de ofrecerles protección, les aplican el cobro de una cuota diaria que, sumada por los cientos de ambulantes, sí da sumas considerables.
En contraparte, es muy poco lo que contribuyen a las arcas públicas por la vía de los impuestos y ese ha sido otro tema que las instancias gubernamentales o hacendarias tampoco han logrado resolver y, cuando se ha intentado, pues la respuesta es una resistencia colectiva.
En su oportunidad, hará cuestión de cinco o seis años, mucho se habló del levantamiento de un padrón de ambulantes y semifijos a fin de someterlos al régimen tributario, pero como que se trató de un programa coyuntural que al paso del tiempo se perdió.
Todo esto además es origen de un conflicto con el comercio establecido, que sí paga impuestos y casi siempre muy elevados, que arriesga capital, crea fuentes de empleo y se ve disminuido en sus ingresos por lo que denominan competencia desleal.
Los ambulantes suelen ser además, utilizados políticamente, las propias instancias gubernamentales establecen mecanismos de control masivo a fin de condicionar su permanencia por apoyo electoral cuando sea necesario y no obstante la alternancia, esas prácticas no se han desterrado, cada régimen lo hace a su manera.
Bueno, hace algunos días, un grupo de vendedoras indígenas se quejó de que las habían condicionado a afiliarse al NGS como única forma de poder regresar a comercializar, y eso da clara muestra de lo que aquí estamos refiriendo.
Por cierto, por el momento, no hay información respecto al destino que tendrán ellas, que son más de 30 mujeres, es decir, no aparecen en el programa de reinstalación, a no ser que decidan aceptar someterse a las condiciones que les han puesto, que se nos antojan inadmisibles, porque violan el derecho a la libre asociación.
El tema es muy complejo y en algunos casos se esconden fuertes intereses detrás, sin embargo, no parece haber manera de llevarlos a la formalidad, porque las instituciones de gobierno no han creado la infraestructura suficiente como para albergar a todos esos cientos o miles de ambulantes que se adueñan de los espacios que nos pertenecen como sociedad.
Tampoco es sencillo, se le construye un mercado a algunos y es casi seguro que a la vuelta de meses, aparecerán decenas más en las calles y banquetas, demandando lo mismo y entramos en un problema de nunca acabar, esa es una realidad.
Por lo pronto, ya el regreso de los que se ubican en el Jardín Juárez, dan otro aspecto, todos debieron adquirir una especie de carretita que habría tenido un costo de 25 mil pesos y que ha sido financiado y sugerido por el ayuntamiento capitalino. Están uniformados y como que eso contribuye a la buena imagen y aspecto de la zona, sólo hay que ver cuánto tiempo mantienen la identidad, los proyectos suelen ser pasajeros, como los gobiernos.
