Ayer, algunos representantes de colonias de la zona y líderes comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos (ALM), entre ellos Emilio Rosas Rico, calificaron como improcedente el proyecto en el lugar donde ya se trabaja en la introducción de los servicios públicos.
El argumento pareciera válido porque refieren que aquello será un caos vial mayor del que ya se genera en horas pico de circulación vehicular, en torno al mercado, y piden reconsiderar la intención de continuar con la obra. Advierten que opondrán resistencia en lo sucesivo.
Los quejosos recuerdan que el ALM requiere de una remodelación urgente y que no se les ha hecho caso, que tienen todo tipo de deficiencias en la nave comercial, porque no hay mantenimiento desde hace decenios y que no es posible que enfrente se les instale un moderno edificio para los legisladores. Hablan de la inexistencia de estudios de impacto ambiental y sobre todo no considerar el aspecto vial. Incluso proponen que se le dé otro destino a esa inversión, como un hospital.
Lo cierto es que es realmente un problema lograr aterrizar acciones de gobierno, así se trate de infraestructura en apoyo social, porque generalmente se enfrenta una férrea oposición que acaba posponiendo los proyectos o buscando negociaciones con todos los que se dicen agraviados a fin de alcanzar el propósito.
Claro, tampoco algunas autoridades prevén estos inconvenientes, lo vemos con el paso exprés, donde continúan las resistencias, sobre todo porque la Secretaría de Comunicación es y Transportes (SCT) no ha cumplido a quienes debieron ser desplazados del trayecto con el finiquito de sus viviendas.
Pero ahí está igualmente la ampliación a cuatro carriles del tramo de la autopista La Pera-Oacalco, que por negativa de los tepoztecos, se mantiene en suspensión y aquí, luego de una batalla legal en los tribunales, que acabó con la concesión de un amparo.
Como quiera que sea, el caso es que particularmente en Morelos, es demasiado complicado impulsar desarrollos sin que se deba enfrentar toda clase de conflictos que retrasan el trabajo y encarecen las acciones. También en lo que se refiere a la construcción de los 61 kilómetros de la autopista Siglo XXI, de Jantetelco en el oriente a Tequesquitengo, en el sur de la entidad, se tienen dificultades a la altura de Tlaltizapán.
Incluso se antojaba extraño que en torno al proyecto del nuevo recinto legislativo no hubiera inconvenientes, sobre todo porque se ubica en pleno corazón de la capital del estado, pero ya apareció un movimiento que tendrá que ser correctamente atendido si se desea seguir adelante.
Como decíamos, los recursos para tal efecto se autorizaron en aquel crédito solicitado por el Poder Ejecutivo a mediados de la legislatura pasada, es decir, hace ya más de tres años. Por las razones que sean, no se había podido definir el lugar para su edificación y eso venía rezagando la inversión.
El compromiso es entregar la obra antes de que concluya la presente legislatura, pero al ritmo en que se encuentra, habrá que ver si se puede lograr. Cuando se obtuvieron los fondos, todavía los diputados anteriores consideraban la posibilidad de llegar a estrenar ahí sus nuevas curules, así fuera por un corto tiempo.
Hoy día, es poco probable que los actuales lo logren, esos suelen ser trabajos que tardan años para madurar y requerirá de un buen tiempo para quedar listo, aunque primero se tienen que superar los inconvenientes como el de ese grupo de comerciantes y ciudadanos que se oponen.
Bueno, es seguro que aquellos representantes populares que aspiren a otro cargo de elección para la justa del 2018, ya no usaran esas instalaciones, porque en un año más, estarán pidiendo licencia a su representación para poder reclamar a sus respectivos partidos políticos una nueva oportunidad.
Es pues bastante estresante ejercer el poder público en estos tiempos, las acciones de gobierno no siempre son bien recibidas, así sean necesarias, hay que buscar consensos en una sociedad con pensamientos y militancias partidistas diversas.
Al final, a nadie se deja contento y es por eso que no pocas veces, las instancias oficiales optan por desistir y llevarse el dinero a lugares donde no se tenga que enfrentar el pueblo para poder generar la infraestructura de desarrollo que se necesita para ser más competitivos, ya sea como estado o nación.
Aunque claro, la desconfianza colectiva no es gratuita, en reiteradas ocasiones han sufrido el abuso de sus autoridades en los distintos niveles. Todavía suelen aparecer reclamos de comuneros y ejidatarios que exigen al gobierno liquidaciones por vialidades que se abrieron hace muchos años, caso específico la autopista Cuernavaca-México o la del sol, hacia Acapulco, Guerrero.
Con esos antecedentes es entendible que aquellos que en situaciones como esas resulten damnificados, se opongan, porque para muchas familias es patrimonio de vida y herencia de sus antecesores. Claro, visto todo desde el interés superior del estado o del país, pues se justifica, pero habría que estar en los zapatos de los que deben ceder parte de sus tierras en bien de los demás.
Es indiscutible que la autopista Siglo XXI es un proyecto genial, Morelos resultará altamente beneficiado cuando logre ponerse en operación, las distancias con otros puntos de México se reducirán considerablemente, pero los campesinos que son dañados no lo ven así, lo menos que pueden reclamar es que se les pague por sus parcelas y bien, sólo que no siempre es así.
Acá en la ciudad, los efectos son distintos, generalmente tienen que ver con la calidad de los servicios públicos o como señalan los que cuestionan el proyecto del nuevo recinto legislativo, pudiera transformarse en un problema de vialidad mayúsculo, por la zona donde se instalará.
Más aún, habría que advertir de los efectos cuando se presenten manifestaciones de protesta, que se han vuelto recurrentes y constantes. Los efectos se reflejarían muy particularmente en la parte de la avenida Plan de Ayala y seguramente, también hacia la parte del mercado ALM. Igual y está contemplada alguna área para que grupos sociales puedan manifestarse, eso sería genial.