Trabajadores jubilados mantienen plantón por la falta de pago de sus pensiones; magistrados expresan su inconformidad por la reelección de la titular del TSJ.

Por segunda ocasión, Carmen Cuevas López rindió su informe de labores en medio de protestas y críticas de trabajadores jubilados a los que no se les pagó su pensión y magistrados inconformes con la reelección.

Vestidos de negro, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas, junto con trabajadores jubilados, colocaron en la estatua de Temis (diosa griega de la justicia) una ofrenda floral fúnebre en la que se leía la leyenda: “Descanse en paz la justicia”.

A la protesta se unieron miembros de la asociación civil “Gustavo Salgado Delgado”, quienes lamentaron que a trabajadores del Poder Judicial en retiro se les escamoteen sus pensiones.

Ivonne Islas Dueñas, quien junto con un grupo de jubilados mantienen desde hace un mes un plantón afuera del Palacio de Justicia, consideró inédito el problema que hoy tiene bajo presión económica a los trabajadores en retiro y de cuyos ingresos depende el bienestar de sus familias.

Dijo que el préstamo de 30 mil pesos que les otorgó la magistrada presidenta a varios afectados por la falta de pago, les será descontado de sus pensiones una vez que el Congreso local autorice el presupuesto adicional al TSJ.

Dijo que son 43 jubilados sin pago de pensiones, y otros 90 jubilados -cuyos pagos no fueron suspendidos- están bajo la amenaza de que en cualquier momento podrían ser suspendidos sus pagos por falta de presupuesto.

“Nos hemos plantado aquí en el tribunal para manifestar que necesitamos nuestro dinero, que necesitamos nuestra pensión, que de eso subsistimos. Algunos quizá no tengamos una situación tan incómoda, pero hay familias que están padeciendo realmente por la falta de pago de la pensión”, dijo.

Afirmó que  no retirarán el plantón hasta que se resuelva integralmente el problema, que incluye denunciar al Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el incumplimiento de sentencias en controversia constitucional, al no acatar la orden del máximo tribunal de etiquetar presupuesto para el pago de los decretos de pensiones de trabajadores judiciales retirados.

Hizo un llamado al Congreso para que autorice a la brevedad los recursos y se deje de agobiar a decenas de familias.

En este tema, el magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, afirmó que se espera que en los próximos días el Congreso autorice recursos adicionales por 6.5 millones para el pago de pensiones de 23 trabajadores jubilados, y dijo esperar que a la postre se solucionen los casos restantes.

Por su parte, los magistrados Andrés Hipólito Prieto y Carlos Iván Arenas Ángeles, previo al informe de Cuevas López, mantuvieron firme su postura crítica e inconforme con la reelección.

Arenas Ángeles afirmó que la magistrada presidenta cometió muchos yerros durante su administración, tales como la subordinación de la administración de justicia a otros Poderes del Estado, el debilitamiento de la carrera judicial y la opacidad en el manejo de las finanzas de la institución.

Lamentó que en lugar de permitir el ascenso de trabajadores, haya preferido dar nombramientos en diferentes puestos a personas “recomendadas” por magistrados o personas ajenas al tribunal; que haya realizado rotación de jueces sin aprovechar su especialización, al pasar a los jueces penales a civiles y viceversa; y que no haya dado cuentas de cómo se manejan las finanzas del TSJ.

Aseveró que es difícil que Cuevas López pudiera mostrar un cambio de actitud, y consideró que sólo un cambio de gobierno hará posible que se audite el Poder Judicial y se le exijan cuentas a la presidenta.

Durante su informe, Cuevas López destacó el avance de la construcción de la Ciudad Judicial y la aplicación de políticas de equidad e igualdad de género, cuyos proyectos heredó de la administración anterior.

También destacó los nombramientos definitivos a 175 empleados del Tribunal Superior de Justicia que tenían entre 12 y 15 años de laborar con nombramientos temporales; la implementación -a través de la Escuela Judicial- de cursos, talleres, seminarios y diplomados, con la finalidad de mejorar la administración de justicia; y la fusión de juzgados y reducción de recintos jurisdiccionales en arrendamiento, con lo que logró atender la demanda social a través de la apertura del Departamento Regional de Orientación Familiar de la zona oriente.

“En este periodo demostramos conciliación y acción, los fantasmas de la especulación acabaron en el tintero de las anécdotas, los hechos son la mejor argumentación, la justicia se administra con determinación y sólidas decisiones, destruimos los miedos con la fortaleza de un Pleno unido y democrático”, dijo al agradecer a sus colaboradores cercanos y su familia por su apoyo.

Al informe acudieron el gobernador Graco Ramírez y representantes de diversas dependencias estatales y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin embargo, fue notaria la ausencia de algunas organizaciones de abogados, de algunos representantes de otros tribunales y del representante de la Comisión de Derechos Humanos, que usualmente acudían al informe de labores.