Pugna por la liberación de 3.5 millones de pesos para pagar pensiones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Poder Ejecutivo estatal libere 3.5 millones de pesos de los casi siete millones que etiquetó el Congreso local para el pago de un bloque de decretos pensionarios de trabajadores judiciales en retiro.

En la recta final del gobierno de Graco Ramírez, la magistrada presidenta del TSJ, Verónica Cuevas López, ingresó a la SCJN un oficio por el cual solicitó al máximo tribunal del país “requerir al Poder Ejecutivo de la entidad que libere los recursos a que se refiere el oficio SH/01355-4/2018”, ya que en las sentencias de diversas controversias constitucionales relacionadas con el pago a trabajadores judiciales jubilados, no se vinculó al gobierno estatal para hacer las transferencias al Poder Judicial.

Los recursos que refiere Cuevas López son los que el Congreso local aprobó para pagar un bloque de 22 decretos pensionarios, sin embargo, la Secretaría de Hacienda estatal, dirigida hasta hace unos días por Jorge Michel Luna, sólo liberó la mitad de los recursos autorizados y, aun cuando los trabajadores beneficiarios reciben ya de manera regular sus pensiones, no existe de nuevo más recurso para hacer frente a los pagos subsecuentes, lo que obliga al TSJ a tomar recursos “no etiquetados” para no suspender las pensiones.

Incluso, en el proyecto de presupuesto propuesto para el 2019, el TSJ solicitó una partida de más de 119 millones de pesos para pagar la nómina de 309 jubilados, más 166 millones de pesos adicionales para pagar los decretos jubilatorios, tras la resolución de decenas de controversias constitucionales.