Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la sesión del lunes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entró en una nueva crisis por la forzada y cuestionada integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dejó una vez más en entredicho al ente responsable de impartir justicia y, al menos la mitad de los magistrados, amenaza con denunciar por la vía legal y política a la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró delicado que Cuevas López, junto con un grupo de magistrados, haya realizado una arbitraria e ilegal designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo, como representantes de los magistrados y jueces ante la junta.

Sostuvo que es muy grave que sin cumplir con el quórum legal (con al menos 10 magistrados presentes) y con sólo ocho magistrados de número apoyados por la magistrada supernumeraria Leticia Taboada, se hayan consumado las designaciones.

Además, dijo, es reprobable que Alejandro Becerra Arroyo, quien hasta el lunes se desempeñaba como coordinador de asesores y “apoderado” legal del Poder Judicial en diversos litigios, haya sido seleccionado como representante de los jueces.

Y es que si bien fue designado juez de primera instancia, no ejercía la función jurisdiccional por estar de licencia y realizando funciones distintas como colaborador cercano de la magistrada presidenta.

Lamentó el ejemplo de ilegalidad que da el TSJ a la sociedad, porque no existen argumentos jurídicos para justificar el atropello al estado de derecho y el mensaje es muy preocupante, ya que quienes violentaron la Constitución y su ley orgánica son los responsables de impartir justicia.

Ante la gravedad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hizo un llamado a los magistrados inconformes con la integración de la Junta de Vigilancia, a hacer uso de su legitimidad jurídica y moral para las iniciar las acciones legales necesarias para denunciar y combatir el acto ilegal.

“Exigimos a los magistrados disidentes a emprender acciones legales desde recurrir al amparo hasta el Congreso del Estado, porque la designación que hicieron Cuevas en complicidad con un grupo de magistrados está fuera de la ley”, dijo y señaló que los jueces inconformes con la designación de sus representantes ante la junta de administración pueden también recurrir a la vía del amparo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ y quien ha sido crítico de la gestión de Cuevas López, lamentó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura) haya nacido viciada y en medio de graves irregularidades como la falta de quórum para designar a Flores León y Becerra Arroyo, y que éste último, hasta antes de su designación, estuviera fuera del ejercicio de la administración de justicia y en funciones de coordinador de asesores de Cuevas López.

Dijo que la grave violación de la ley debe tener consecuencia, por lo que -en su opinión personal- es necesario plantear la posibilidad no sólo de recurrir al juicio de amparo para combatir la irregular integración de la junta, sino de generar denuncias ante la fiscalía estatal ante la probable comisión de un delito, hasta de recurrir al Congreso del Estado, donde está en trámite un juicio político promovido por un litigante contra la magistrada presidenta.

Expresó que por el momento no hay una definición de la ruta legal que se seguirá por este acontecimiento, pero aseguró que no debe quedar impune la violación al estado de derecho.