La ex diputada Beatriz Vicera Alatriste compareció ante un juez de control para mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Entrevistado vía telefónica, Jesús García Aguilar, abogado de la ex legisladora, detalló que la audiencia duró alrededor de 10 minutos, porque se trató en una diligencia en cumplimiento de la suspensión definitiva concedida a la ex legisladora dentro del juicio de amparo 940/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito.
Explicó que una de las condicionantes para mantener la suspensión federal fue, además del depósito de una garantía económica, que Vicera Alatriste se presentara ante el juez de la causa, luego de que por motivos de salud no pudo acudir a la audiencia de formulación de imputación, lo que propició que la fiscalía anticorrupción solicitara que fuera aprehendida.
Señaló que atendió la diligencia la juez de control de guardia y será hasta la culminación del periodo vacacional del Tribunal Superior de Justicia, cuando la juez titular de la causa penal, Teresa Soto Martínez, retorne a sus labores y fije nueva fecha para audiencia.
El pasado 28 de junio, la juez de control declaró prófuga a Vicera Alatriste, luego de que no se presentó a la audiencia de formulación de imputación, en la que se acusaría del presunto delito de peculado.
De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, su representante legal exhibió un justificante médico expedido por un hospital privado de la Ciudad de México, el cual no fue aceptado por la juzgadora, por considerar que el documentó no cumplió con los requisitos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En una nueva audiencia celebrada el pasado 2 de julio, el defensor de la ex diputada presentó a declarar a un médico, que no fue el mismo que le expidió la receta de incapacidad para acudir a la audiencia, y al comprobarse que su testimonio no tenía validez, se ratificó la sustracción de la ex legisladora.
El 6 de julio, fiscalía anticorrupción informó que emitió una alerta migratoria y tramitó una ficha roja para la localización y aprehensión de Vicera Alatriste, ante la posibilidad de que pudiera salir del México o se encuentre en otro país.
Posteriormente, la ex legisladora ofreció una rueda de prensa para aclarar que no pretendía evadir el proceso penal y que padecía complicaciones en su salud que le habían impedido acudir a los juzgados.
Debido a la orden de aprehensión girada en su contra, tramitó un juicio de amparo y obtuvo la suspensión definitiva.