Hay plazo para que el Legislativo entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso local para que a la brevedad entregue documentación referente a la aprobación del presupuesto 2020 del Poder Judicial, para integrar la controversia constitucional promovida contra la omisión de etiquetar el 4.7 por ciento del presupuesto estatal para la administración de justicia.

Pese a que la Corte requirió al Poder Legislativo información relativa al proceso legislativo para la aprobación de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2020, dicha documentación no fue entregada.

Por tal razón, la SCJN emplazó al Congreso y dio tres días hábiles entregar los documentos certificados para integrar la controversia constitucional  42/2020, de lo contrario, resolverá el recurso de control constitucional conforme a la información disponible al cierre de instrucción.

En el mes de abril, a casi un mes de que concluyera la gestión de la otrora magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, promovió la controversia constitucional para solicitar a la SCJN la invalidez “de la alteración y/o modificación del anteproyecto de presupuesto que éste (sic) Poder actor envió al Poder Ejecutivo para que a su vez éste último enviara al Poder Legislativo para los efectos de su aprobación, así como sus consecuencias jurídicas” en el presupuesto de este año.

Acusó que la “alteración” del anteproyecto afectó especialmente al Tribunal Superior de Justicia, “pues inconstitucionalmente (el Poder Ejecutivo) redujo la cuantía establecida en el mismo y remitió un documento diverso al Congreso del Estado de Morelos para su aprobación”.

De acuerdo con el TSJ, en el anteproyecto, autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, se pidió un presupuesto superior a los 800 millones de pesos, sin embargo, en la aprobación de la Ley de Egreso se asignó al Poder Judicial 549 millones de pesos, de los cuales 25 millones fueron etiquetados para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 70 millones para el pago de pensiones y 454 millones para el TSJ.

También el Poder Judicial demandó la invalidez “por sí y por vicios propios del proceso legislativo” en la aprobación del presupuesto ante la “inobservancia de lo dispuesto en los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que garantizan recursos económicos al Poder Judicial del Estado a razón del 4.7% del gasto programable del presupuesto general del Estado y con ello vulneran la independencia y autonomía del Poder Actor transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.