El ex magistrado, entrevistado por varios medios de comunicación, rechazó las acusaciones sobre supuesto desfalco a las finanzas del Poder Judicial durante sus últimos 30 meses como presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura.

Refutó los argumentos utilizados por el Consejo de la Judicatura para deducir las supuestas irregularidades en el manejo del presupuesto de la institución, pues señaló que el dictamen no emanó siquiera de la Contraloría Interna sino de un despacho contable.

Cuestionó los resultados de la auditoría, realizada por el Despacho Contable López Lara, y consideró que son sólo especulaciones. “Sólo sé a través de los medios de comunicación que dio una rueda de prensa, los consejeros y algún contador privado. Hicieron algunas manifestaciones en el sentido de que al parecer había un desvío de recursos o faltante de 13 millones de pesos”.

“Me he enterado extraoficialmente que el faltante que atribuyen, es porque los proveedores que tenemos registrados en las áreas administrativas no son grandes empresas, que porque sólo tienen changarritos, así es como lo describen en su dictamen contable que extraoficialmente tengo conocimiento. Otra de las razones es que dicen, bueno, es que probablemente ni siquiera se hizo esos trabajos, o sea son puras especulaciones de un contador privado”.

El pasado 16 de noviembre el Consejo de la Judicatura presentó públicamente los resultados oficiales de la auditoría, realizada por el Despacho Contable López Lara, a las finanzas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el periodo de enero de 2008 a junio de 2010.

De acuerdo con los resultados hechos públicos de manera parcial, se detectaron irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, al menos ocho empresas presuntamente fantasmas o micro comercios cuya capacidad es insuficiente para atender cualquier pedido de la institución, sobre costos de hasta 600% e incumplimiento de la normatividad administrativa de operación y ejercicio del erario y la respectiva comprobación de gasto.

El presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, dijo desde entonces que se iniciarían procedimientos administrativos y penales contra las personas que resulten responsables del presunto uso irregular de más de 13 millones de pesos durante los últimos 30 meses de gestión de Ricardo Rosas Pérez como representante del Poder Judicial. Pero hasta el momento ni los procedimientos ni la denuncia penal anunciada han sido iniciados por el Consejo de la Judicatura.

Bajo este contexto, Ricardo Rosas Pérez afirmó que se reserva las acciones jurídicas y en su momento iniciará la demanda para exigir la reparación del daño moral que el Consejo de la Judicatura y su presidente han ocasionado a su persona y prestigio.

Reportero: ¿Va a contra demandar a quienes están haciendo estas difamaciones?

Rosas Pérez: “Desde luego que yo me reservo mis acciones jurídicas, la reparación del daño moral que en su momento exigiré porque han manchado mi nombre, mi reputación, mi actividad profesional, mi familia y yo tengo más de 30 años de ejercer la actividad jurisdiccional, de ejercer el derecho, de defender la autonomía del Poder Judicial, de defender la independencia de jueces y magistrados para el beneficio de todos los morelense. Desde luego en su momento ejerceré las acciones jurídicas de reparación de daño moral porque me han afectado de manera importante en mi vida personal…”.

Consideró que el proceso de revisión contable a los últimos meses de gestión “está amañado, está tendencioso, (y) es difamatorio” y sostuvo que posiblemente detrás de este asunto estén sus detractores “oficiales y extraoficiales” dentro y fuera del Poder Judicial.

Comparecencia voluntaria

Por otra parte, el ex magistrado afirmó que acudió a comparecer voluntariamente a la Procuraduría General del Justicia en relación a los hechos que le imputan en la carpeta de investigación ASP/25/2010, iniciada por abogados de diversas organizaciones por supuestos actos ilegales e irregularidades durante la gestión como representante del Poder Judicial.

“Existe una denuncia de hechos que presentaron algunos abogados, en donde referían otras cosas, pero en ningún momento hay desvíos de recursos. Debo informarle a la sociedad morelense que comparecí voluntariamente ante el Ministerio Público a rendir mi declaración ministerial sobre los hechos, ofrecía muchas pruebas, se están desahogando, porque debo desvirtuar esas, esos hechos difamatorios, y esas acusaciones infundadas”.

Insistió en que no incurrió en ninguna acción ilegal, a pesar de que sus demandantes lo acusan de haberse reelegido indebidamente como presidente del TSJ.

“Sus argumentaciones son en el sentido de que la intención del legislador, en aquella época, en el 2008, es de haber regulado la presidencia por una sola designación y los denunciantes dicen que se limitaba a una sola ocasión, sin embargo está fuera de contexto jurídico esa acusación. Yo creo que inclusive acuden a inventar una palabra que no existe en la Real Academia Española, como dicen los denunciantes es ‘re-reelección’, esa palabra no existe en el diccionario”.

“No lo limitaba la ley ni la Constitución en esa época, de tal manera que la elección podía ser cuantas veces fuera emitida por la autoridad competente, que era el pleno del Tribunal. Otro de los hechos fue que permití que los señores consejeros Virginia Popoca, Joaquín Magdaleno y Jesús Valencia continuaran en el cargo a pesar de que ya había reformas, y que yo debí como presidente haber suspendido, destituido, cesado a los compañeros consejeros”.

Sin embargo, continuó: “no lo hice simplemente por dos razones: una porque el presidente del Consejo no tiene atribuciones para hacer esa determinación. Y dos, porque existían dos suspensiones, una en la controversia constitucional 66/2009, y otra concedida en el juicio de garantías 1160/2009 que establecía que la suspensión impedía a cualquier persona y cualquier autoridad, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo o sea del propio Judicial, incluyendo al presidente, para el caso de que tuviera atribuciones, que no las tiene, hacer un acto para destituir o remover a los compañeros consejeros. Esa suspensión, cualquiera que la violase o desatendiese incurriría en un delito a la violación de la Ley de Amparo”.