SCJN aún no se pronuncia sobre admisión de controversia constitucional promovida por el Congreso de Morelos.

El Juzgado Sexto de Distrito desechó el juicio de amparo promovido por el fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, contra el inicio del procedimiento de declaración de procedencia en el Congreso de la Unión, en cumplimiento de la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la controversia constitucional promovida por el Congreso local.

Hace unos días, el tribunal colegiado declaró fundado el recurso de queja 108/2021 promovido por el gobernador, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cámara de Diputados federal contra la admisión de la demanda de amparo originalmente radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito (cuya jueza se declaró impedida para continuar conociendo el caso) y ordenó el desechamiento.

"Ahora bien, atendiendo las consideraciones expuestas en la ejecutoria de mérito se deja insubsistente el auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por el que el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho y en su carácter de Fiscal General del Estado de Morelos, respecto de los actos emitidos por la Cámara de Diputados y la Sección Instructora, durante el procedimiento de declaración de improcedencia. 

"En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Uriel Carmona Gándara, por propio derecho y en su carácter de Fiscal General del Estado de Morelos, por cuanto hace a los actos reclamados, que se hicieron consistir en los actos emitidos por la Cámara de Diputados la sección Instructora, durante el procedimiento de declaración de procedencia en contra de la parte aquí quejosa", estableció la resolución, que deja sin efecto la suspensión que se había otorgado al fiscal. 

A pesar que Carmona Gándara, por medio del tribunal colegiado, promovió  la  solicitud de atracción 481/2021 para que la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN)  conociera su caso, la ministra presidente de la Segunda Sala del tribunal constitucional, Yasmín Esquivel Mossa, emitió el acuerdo por el cual desechó la solicitud planteada por el fiscal.

No obstante, el agente del Ministerio Público federal solicitó copias certificadas de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre este tema en particular.
Hasta ayer, la SCJN no se había pronunciado sobre la admisión o no de la controversia constitucional 151/2021, promovida por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala,  para refutar la decisión de Cámara de Diputados federal de considerar que Carmona Gándara no cuenta con fuero constitucional y puede ser sujeto a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República.

Paralelamente, siguen su curso diversos juicios de amparo promovidos por el fiscal estatal en contra de una posible orden de presentación o aprehensión por parte de jueces federales y estatales, en los cuales se le ha concedido la suspensión como medida cautelar.

Durante la conferencia semanal que ofrece Uriel Carmona para dar a conocer los resultados en materia de detenciones, aseguró que hasta ahora no ha sido requerido por ninguna autoridad e insistió que está dispuesto a comparecer cuando sea requerido, ya que –reiteró- no ha cometido ninguna conducta ilegal y ha actuado conforme a derecho.

El 15 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Cámara de Diputados federal la solicitud de juicio de procedencia contra el fiscal de Morelos, con la pretensión de imputarlos penalmente por supuestamente no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en febrero de 2018 y por haber realizado diversos nombramientos en la FGE sin que las personas designadas contasen con las evaluaciones exigidas en  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El fiscal promovió el juicio de amparo 5/2021, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito (que después conoció el Juez Sexto de Distrito), y en febrero obtuvo la suspensión definitiva, “únicamente para el efecto de que las autoridades responsables continuaran con el procedimiento de declaración de procedencia instaurado al quejoso, hasta antes de que se emita en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la resolución definitiva respecto a la declaratoria o no de procedencia, cuya emisión deberán reservar”.

El 3 de mayo, la Sección Instructora, presidida entonces por el diputado morenista y hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, Pablo Gómez Álvarez, por mayoría de votos, determinó que el fiscal estatal no contaba con fuero constitucional y, el 14 de septiembre, finalmente, ya con la nueva legislatura, la Cámara de Diputados por mayoría de votos respaldó el dictamen de la Sección Instructora, con lo cual se abrió la posibilidad de que la FGR impute penalmente al fiscal de Morelos.