Patricia Izquierdo Medina es vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones.

La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, por la presunta comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones.

En cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito,  la Sala sesionó vía remota para emitir una nueva resolución y decretar la vinculación a proceso de la ex funcionaria estatal, así como la prisión preventiva oficiosa.

El 6 de mayo de 2019, una juez de control resolvió vincular a proceso a la ex secretaria de Obras durante el gobierno de Graco Ramírez, junto con dos ex funcionario más de la dependencia estatal, por supuestamente haber adjudicado de forma directa y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y la construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos a Ago Operaciones S.A. de C.V., una empresa “fantasma”.

El 22 de octubre de ese mismo año,  con los votos mayoritarios de los magistrados Rubén Jasso Díaz –actual titular del TSJ- y Carmen Aquino Celis, la Segunda Sala  revocó la vinculación a proceso a Izquierdo Medina, mientras que el magistrado, Carlos Iván Arenas Ángeles, voto en contra y emitió un voto particular, por considerar que el veredicto  resultaba incongruente y que si había indicios de una conducta ilegal.  

El gobierno de Morelos impugnó el fallo  y obtuvo el amparo  del tribunal colegiado, quien revocó el resolutivo de la Sala por la presunción de la comisión de un delito y ordenó  emitir “una nueva sentencia en la que confirme el auto de vinculación decretado en contra de Patricia Medina Izquierdo por el delito de ejercicio abusivo de funciones”.

La audiencia telemática, en la que no participó la imputada, duró poco más de una hora y con base en el artículo 19 de la Constitución federal, la Sala decretó la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cinco días para que la ex funcionaria se presente de manera voluntaria a su internamiento en el penal de Atlacholoaya hasta que culmine su proceso penal.

De no presentarse, Izquierdo Medina podría ser declarada como sustraída de la justicia y se ordenaría su búsqueda y aprehensión. De acuerdo con juristas consultados, la ex funcionaria podría promover un recurso de amparo contra la medida cautelar, pero tiene pocas posibilidades, ya que el artículo 19 constitucional contempla, entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los casos de “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.

La ex exsecretaria de Obras durante el sexenio graquista y algunos de sus  ex colaboradores enfrentan varios procesos penales por presuntos actos de corrupción, ya que presuntamente habrían adjudicado diversas obras de manera directa y sin respetar la legislación en materia de licitaciones y contratación, y habrían pagado obras no realizadas o inclusas a empresas fantasmas o que no cumplían con los requisitos para ser contratistas.