Reclama TSJ 4.7% de monto de gasto estatal programable.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, afirmó que refutará la fórmula y el monto del gasto estatal programable que el Poder Legislativo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque el cálculo afectaría significativamente el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Informó que la SCJN dio vista al Poder Judicial sobre la respuesta presentada por el Congreso de Morelos -en cumplimiento de la controversia constitucional 15/2021-para que manifieste si está o no de acuerdo y el tribunal constitucional pueda pronunciarse sobre si el Poder Legislativo acató o no su sentencia.

A mediados del mes de marzo, a petición del Poder Judicial, la Corte requirió al Congreso la presentación de un informe desglosado sobre el monto y los conceptos que integran el presupuesto estatal programable, con el propósito de definir los recursos que tocan a la administración de justicia ya que, con base en su autonomía financiera, anualmente debe asignársele por lo menos el 4.7% de dicho presupuesto.

El Congreso informó al tribunal constitucional que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estimó el gasto estatal programable del gobierno de Morelos en 10 mil 852 millones de pesos,  y  el monto equivalente al  4.7% para  al Poder Judicial en 510 millones 53 mil pesos. En contraste, Jasso Díaz ha insistido en que el presupuesto es mayor y que a la administración de justicia le corresponde casi mil millones de pesos.

Ante este escenario, el magistrado presidente  del TSJ señaló que expresará a la SCJN su desacuerdo con la respuesta del Congreso de Morelos, porque el cálculo legislativo “es en detrimento del Poder Judicial, ese va a ser parte de esta contestación, señalar que seguimos inconformes en la fórmula que ellos están aplicando para que se determine cuál es el gasto programable”.  

Agregó que una vez que el Poder Judicial presente su respuesta, tendrá que esperar el pronunciamiento que haga el tribunal constitucional respecto si es correcto el cálculo del presupuesto estatal programable y el monto que deberá asignarse al Poder Judicial.