A la hora de hacer leyes.

Blanca Andrea Vega Vargas, presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelo,s llamó a ministros, magistrados y legisladores a analizar y dialogar directamente con el gremio médico las reformas legales antes de su aprobación y alertó que la reciente resolución  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley General de Salud de Morelos será un primer paso fundamental en este rubro.  

El pasado 7 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 12 Bis de la Ley de Salud para el Estado de Morelos, publicado el 28 de agosto de 2019, que establecía de forma genérica la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, limitándolo únicamente cuando se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia médica. Dicho artículo estaba redactado en los mismos términos que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud declarado inconstitucional por el Tribunal mediante la acción de inconstitucionalidad 54/2018, resuelta el 21 de septiembre de 2021.

Entrevista al respecto, la presidenta del Colegio de Médicos en Morelos sostuvo que es fundamental que dicha resolución se analice detalladamente, con la participación del gremio, pues la anterior reforma (que ahora se echó abajo) se realizó sin consenso.  

Dijo que lo ideal es que no solo en esta ocasión, sino de manera permanente, todos los actores y autoridades implicadas en la elaboración de iniciativas de ley o de reforma realicen un ejercicio de consulta amplia y a fondo en el sector médico.  

En lo que toca al tema citado, dijo que desde su formación académica todos los médicos están preparados para salvar vidas, cuidar pacientes, procurar su bienestar y alcanzar los mejores resultados para ellos.  

Consideró que en la práctica, en la inmensa mayoría de los casos los profesionales de la medicina no dejan en el abandono a los enfermos por “objeción de conciencia”. 

Vega Vargas opinó en entrevista, que “este asunto más que de conciencia, tendría que ver más con capacidad”. 

Argumentó que se debería impulsar y respetar que cuando una enfermera o médico no tiene la preparación o pericia suficiente para atender a alguna persona, o realizar cualquier procedimiento, tenga la posibilidad de excusarse y dejar el caso a otro profesional médico que sí tenga la habilidad, experiencia y demás características y cualidades.  

En cuanto al caso específico del aborto, la presidenta recordó que las y los médicos hacen un juramento, para salvar vidas y por ello se llegan a ver en contradicción, pero sostuvo que el principal criterio a seguir debe ser el científico.  

“Yo creo que nuestras compañeras y compañeros dejan a un lado sus cuestiones religiosas o sus creencias en el momento de urgencia, porque para todos lo primordial es salvar la vida… el tema es polémico, pero se debe analizar a la luz de la ciencia”, expresó. 

Consideró que la revisión sobre la citada Ley promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una oportunidad para incluir en el marco normativo diversos aspectos que no han sido tomados en cuenta con suficiente fuerza a interés. 

Entre ellos destacó la importancia de que el médico brinde todas las condiciones para que la paciente tome una decisión informada sobre los riesgos y consecuencias de procedimientos diversos incluidos la suspensión del embarazo. Las complicaciones en esos y otros casos -sostuvo la presidenta- pueden incluso poner en riesgo al médico desde el punto de vista legal y eso no se ha legislado con suficiencia.  

Abundó al explicar que si la ley obliga a un médico en servicios hospitalarios a practicar legrados (abortos), más que un tema de objeción de conciencia se debe garantizar por parte del sistema de salud y de las instituciones que habrá profesionales que están capacitados ampliamente para realizar esos procedimientos, pues las consecuencias podrían ser peores y se violarían otros derechos, como el de la vida de la propia madre y del bebé.   

 “Estas situaciones legales han sido aprobadas de forma incorrecta. Se tienen que sentar abogados con médicos, ministros, magistrados y diputados y ponernos de acuerdo, conocer todos los aspectos y las condiciones que existen en la realidad en la práctica de la medicina” advirtió.  

La presidenta, quien se ha especializado como médico legista forense, expuso que en la ley se deben considerar muchos rubros, como la carta de consentimiento de los pacientes, el prohibir o sancionar a quienes practican procedimientos estéticos sin estar capacitados, las responsabilidades por daños físicos, especificar la responsabilidad institucional, cuando en el ejercicio de la medicina el médico no cuenta con los elementos necesarios en instituciones públicas para realizar su trabajo y que las consecuencias legales no sean sólo para el profesionista.