Ven conflicto de interés e intento de coacción.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea, lamentó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) pretenda dirimir en el ámbito político un asunto que es estrictamente jurisdiccional y llamó al Congreso local a analizar objetivamente la solicitud de juicio político presentada contra tres magistrados.
Expresó su total apoyo a María Idalia Franco, a Manuel Díaz Carvajal y a Juan Emilio Elizalde Figueroa, integrantes de la Tercera Sala del TSJ, a quienes la fiscalía anticorrupción acusó de haber incumplido sus funciones e infringido la ley por haber dictado la libertad y suspensión del proceso de un sujeto -acusado de robo calificado- que abrió un vehículo oficial de la FECC y hurtó diversos objetos, entre ellos computadoras y memorias USB con información confidencial de investigaciones en curso.
Fustigó que solo porque una resolución no le favoreció, la fiscalía haya recurrido a la vía política, cuando el asunto todavía se litiga en los tribunales y tiene medios de defensa por agotar.
El magistrado presidente interpretó la maniobra de la FECC como un intento de coacción, lo cual consideró inaceptable en la función jurisdiccional y por ello expresó no solo su respaldo al trabajo de los juzgadores, sino que exigió respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial y a los criterios jurisdiccionales.
“Los magistrados tienen todo el apoyo del presidente y obviamente desde el Pleno del Tribunal Superior de Justicia cerraremos filas para que se respete la autonomía e independencia del Poder Judicial y las decisiones que se toman en este tribunal. El que no favorezca a una parte la ley no significa que se actúe de manera incorrecta o con desapego a la ley”.
Reiteró que el caso continúa por la vía legal y recordó que la persona juzgadora resuelve con lo que las partes aportan en audiencia y si no ofrecen los argumentos necesarios ni se justifican la necesidad de una cautela y no hay una oposición fundada de la parte víctima para conceder la suspensión a proceso “nosotros no podemos torcer la norma en favor de ninguna de la víctimas, así sea una propia institución”.
Pese a la controversia, manifestó su respeto a la labor de los órganos de investigación, pero también señaló que en este caso particular la fiscalía anticorrupción tiene un evidente conflicto de interés, al ser juez y parte en el asunto.
“Nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos también de las fiscalías y órganos de investigación, pero pedimos que se respete esa autonomía al momento de decidir y al momento de resolver los asuntos que son sometidos a nuestra jurisdicción.
“Un punto importante e interesante es hacer notar en este caso el evidente conflicto de interés que nosotros vemos en ese asunto, porque al mismo tiempo es víctima la fiscalía y al mismo tiempo ellos son los que están promoviendo este juicio que es político y que este asunto es jurídico”, dijo.
Reiteró el respaldo del Poder Judicial a la y los magistrados señalados e hizo un llamado al Congreso de Morelos a valorar objetivamente la solicitud de juicio político presentada por la fiscalía anticorrupción, con la insistente acotación que el caso en polémica sigue su curso legal y está inacabado.
Recalcó que el Poder Judicial será respetuoso de la determinación de las y los legisladores sobre la petición de juicio político, y sostuvo que las personas juzgadoras señaladas también están en la libertad de ejercer los medios legales que consideren oportunos.
