El reclamo de la Fiscalía Anticorrupción es infundado porque se refiere a la función jurisdiccional de los juzgadores, protegida por la Suprema Corte.

Pide Gamboa Olea al Congreso usar el mismo criterio y desechar solicitud de juicio político.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Luis Jorge Gamboa Olea, adelantó que será desechada la queja presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra una magistrada y dos magistrados por presuntas “irregularidades en el desempeño de su función”.
Indicó que la resolución que emitirá la visitaduría será fundamentada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se estableció que los juzgadores no pueden ser procesados por ejercer su función jurisdiccional.

“Se presentó una denuncia en contra de los magistrados en la visitaduría de este tribunal y ya es esta el acuerdo, incluso, está por publicarse en estos días en donde se desecha de plano por ser una cuestión jurisdiccional, aplicando la jurisprudencia de la SCJN en donde no podrá ser perseguidos los juzgadores por cuestiones que tienen que ver con jurisdicción y por lo tanto se va a desechar de plano esa solicitud.

Nosotros esperamos que ese ejercicio se replique en el Congreso del Estado, que tomen en consideración esta aplicación obligatoria de la jurisprudencia de la Suprema Corte”, dijo y llamó a los legisladores “a que tomen en consideración los criterios de la Corte, que la misma ley de amparo obliga a asumir y que obliga a ponderar en el momento de resolver alguna situación. No debemos de olvidar que el Poder Legislativo es una autoridad que tiene que fundar y motivar sus resoluciones”.

Insistió en que si la FECC está inconforme con la resolución que emitió la Tercera Sala y que le fue adversa, hay otras instancias legales en las que puede ejercer su impugnación.
Según la FECC, hace más de un año un hombre identificado como Juan Armando “N”, en el centro de Cuernavaca abrió la cajuela de un vehículo oficial de la fiscalía anticorrupción y sustrajo desde objetos personales de los tripulantes hasta uniformes, memorias USB y computadoras que contenían información confidencial.

Tras el robo, se inició una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el responsable fue identificado y detenido tras un cateo a su domicilio, donde fueron encontrados solo algunos de los objetos robados, pero los equipos con información confidencial no fueron localizados.

El sujeto fue imputado por el delito de robo calificado y enfrentó su proceso penal en prisión preventiva, sin embargo, el 15 de julio de 2022,   los magistrados de la Tercera Sala del TSJ, Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde y María Idalia Franco Zavaleta, resolvieron un recurso de apelación, en el que dictaron la inmediata libertad del imputado, declararon la suspensión condicional del proceso y autorizaron el otorgamiento de ocho mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias USB hurtadas.

La fiscalía anticorrupción se inconformó con la resolución, por considerar que no fue ponderado que en estos dispositivos electrónicos no recobrados había información reservada y privilegiada, y que no se aplicaron las medidas necesarias para su ubicación y recuperación.

Por esta razón, promovió una solicitud de juicio político ante el Congreso y quejas administrativas contra los juzgadores de la Tercera Sala del TSJ.