Resuelve TEEM juicio iniciado por tres legisladoras.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) pidió a los legisladores Francisco Sánchez Zavala y Agustín Alonso, presidente del Congreso y de la Comisión de Hacienda, respectivamente, abstenerse de violentar los derechos de las diputadas.

Al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM/JDC/86/2022-2 y sus acumulados, promovidos por las diputadas Erika Hernández Gordillo, Ariadna Barrera Vázquez y Edi Margarita Soriano Barrera, el Pleno del TEEM determinó parcialmente fundados los agravios planteados por las quejosas.

La diputada Erika Hernández Gordillo reclamó que no fue convocada oportunamente a la sesión de la Comisión de Hacienda el 26 de octubre de 2022  para aprobar los dictámenes de las leyes de Ingresos y Egresos 2023, y reformaron la Ley de Coordinación Hacienda y Código fiscal estatal.

Junto con sus homólogas Ariadna Barrera y Soriano  Barrera, también reclamó que no fueron convocadas a tiempo y adecuadamente a la sesión de Pleno de la misma fecha, ”por lo cual, dada la relevancia de los asuntos a tratar no se tuvieron las condiciones necesarias para su efectiva participación”.

En su resolución, el TEEM declaró parcialmente fundados los reclamos de las legisladoras, ya que en el caso de los dictámenes aprobados el tribunal local no tiene competencia, ya que la vía de impugnación es a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero en cuanto a la inadecuada convocatoria a la sesión de la Comisión de Hacienda y la sesión del Pleno, el TEEM consideró fundados los agravios planteados por las tres legisladoras porque se transgredió su derecho al ejercicio efectivo del cargo.

Por tal razón, el tribunal decidió “conminar al diputado Francisco Erick Sánchez Zavala en su calidad del presidente del Congreso, y al diputado Agustín Alonso Gutiérrez en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, para que en lo sucesivo se abstengan de violentar los mencionados derechos en perjuicio de las personas diputadas en el Congreso, lo cual constituye una acción cuyo propósito es compensar en alguna medida la violación del derecho político electoral sufrido en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo”.