Ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reunió con representantes de organizaciones de abogados, que criticaron parte de la nueva convocatoria, para explicarles la razón por la cual se permite su participación en el nuevo proceso, sin excepción, de todos los abogados que deseen competir por una de las 13 plazas disponibles.
En entrevista con La Unión de Morelos, Falcón Vega expresó que a diferencia de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia que se rigen por la Ley General del Sistema de Seguridad Pública (que obliga a policías, peritos, ministerios públicos, mandos medios y superiores presentar y aprobar el examen de control de confianza, so pena de ser cesados), en el Poder Judicial no existe ninguna disposición constitucional o secundaria que obligue a sus funcionarios o aspirantes a juez someterse a esta evaluación.
Bajo esta premisa, explicó que si bien la presentación y aprobación del examen de control de confianza tanto en las dos anteriores convocatorias (declaradas insuficientes) como en la reciente, ha sido un requisito indispensable para estar en la competencia por una de las 13 plazas de juez oral, también es cierto que no existe ninguna norma que trunque el deseo de participar por segunda ocasión a los 14 aspirantes que resultaron descalificados o “no aptos” en la pasada evaluación de control de confianza.
- ¿Legalmente no hay trabas o disposición legal para impedirles de su participación de nuevo? Se le preguntó.
- No, de hecho estaríamos violentando la Constitución si lo impedimos. O sea ellos sabrán si es que lo intentan, ellos sabrán como salieron (en su evaluación de control de confianza anterior), respondió Falcón Vega, quien insistió en que el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos no detalló los resultados de los exámenes para evitar violentar el derecho legal a la intimidad y dignidad de las personas.
Detalló que en esta ocasión los parámetros de calificación tendrán algunas modificaciones, con la finalidad de analizar situaciones que pueden ser salvables o que en su caso no representan una falta grave.
Precisó que el valor porcentual de cada una de las pruebas que se aplicarán a los nuevos aspirantes durante el concurso de oposición, serán: la integración de su expediente (cumplimiento de requisitos legales y presentación de documentación en tiempo y forma) tendrá un valor de 10%; la entrevista que de manera individual aplicará el Consejo de la Judicatura a los aspirantes tendrá un valor de 20%; el examen escrito que aplicará el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) tendrá un valor de 20%; y finalmente el examen de control de confianza tendrá un valor del 50%, por lo que una vez más será la prueba de los candidatos a juez oral.
Adelantó que los aspirantes que no pasen el examen toxicológico (que incluye la valoración de control de confianza) de plano no tendrán oportunidad de pasar a la siguiente fase; sin embargo podrán continuar en la competencia los que evidentemente aprueben la evaluación al cien por ciento y los que sean calificados como “aptos con seguimiento”.
Es decir, explicó el representante del Poder Judicial, algunas personas quizá no aprueben al cien por ciento los exámenes de control de confianza porque se detectó un ligero problema de salud como alto nivel de triglicéridos, pero se le considera “apto con seguimiento”, que indica que habrá de hacerse algunas correcciones.
“Es una evaluación que se hace pero no aislada, es una evaluación que va a permitir conocer de manera integral a la persona y al profesional”, dijo.
